Debido proceso y expulsión administrativa: Análisis de la Ley Nº21.325 frente a estándares interamericanos

Resumen

El presente artículo examina la compatibilidad del régimen de expulsión administrativa establecido por la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, con los estándares de debido proceso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A partir de un enfoque dogmático-jurídico, hermenéutico y de control de convencionalidad, se desarrolla un análisis jurisprudencial cualitativo de sentencias dictadas por la Corte Suprema de Chile entre 2022 y 2025. Se sostiene como hipótesis que el diseño procedimental de la normativa, al privilegiar la celeridad del control fronterizo, restringe el estándar de “oída y defensa” consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, generando una dependencia estructural de la intervención judicial como mecanismo correctivo ex post. Los resultados evidencian brechas de convencionalidad en la fase administrativa, particularmente en la ausencia de defensa técnica previa, la insuficiente fundamentación individualizada de las decisiones y la aplicación no sistemática de principios como el non-refoulement y la protección de la unidad familiar. Asimismo, se constata que la jurisprudencia nacional ha desempeñado una función correctora relevante, aunque fragmentaria, lo que revela una falta de internalización de los estándares interamericanos por parte de la Administración. En consecuencia, se concluye que la adecuación del régimen interno requiere la implementación de un protocolo de garantías mínimas en sede administrativa, que incorpore mecanismos de audiencia previa, asistencia letrada y efecto suspensivo de los recursos, asegurando una tutela judicial efectiva antes de la firmeza del acto de expulsión.