ISSN 2735-6337 versión en línea
DOI: http://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2025.n47.08
Num. 47, 2025. Página 1 de 15

ARTÍCULO DE SENTENCIA | CASE COMMENT OPEN ACCESS

Cinco problemas con la especialidad normativa en la sentencia Rol 1298-2024 de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt

Five problems with lex specialis in decision Rol 1298-2024 of the Puerto Montt Court of Appeals

Michael Sánchez Cárdenas*

*Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

https://orcid.org/0009-0004-5440-5051

RESUMEN

Este comentario examina la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la causa Rol 1298-2024, que rechaza un recurso de protección deducido contra una empresa eléctrica por la existencia, desde hace décadas, de un poste y de líneas de distribución eléctrica instalados en un inmueble sin inscripción de servidumbre ni indemnización. A partir de una reconstrucción sistemática de las decisiones del tribunal, este comentario muestra cómo la Corte especifica el artículo 20 de la Constitución combinando, por un lado, una lectura estricta del plazo fatal de treinta días y, por otro, una concepción fuertemente subsidiaria del recurso frente a los procedimientos sectoriales previstos en la Ley General de Servicios Eléctricos y en el Código de Procedimiento Civil. Sobre esa base, se identifican cinco problemas teóricos en el modo en que el fallo emplea el argumento de especialidad normativa (lex specialis): el déficit de justificación de la relación género-especie entre los conceptos en juego; la confusión funcional entre especialidad, supletoriedad y subsidiariedad; la conversión de la especialidad en una meta-regla de exclusión automática de la tutela constitucional; el carácter concluyente (no derrotable) que se atribuye a esa prioridad; y la insuficiente atención a las jerarquías normativas cuando un procedimiento legal “especial” se usa para restringir el acceso a una acción constitucional de urgencia.

PALABRAS CLAVE
Acción de protección, lex specialis, especialidad jurídica, subsidiariedad, supletoriedad, derecho de propiedad.

ABSTRACT

This commentary examines the judgment delivered by the Court of Appeals of Puerto Montt in case Rol 1298-2024, which rejects a recurso de protección filed against an electric company on account of the existence, for decades, of a pole and electric distribution lines installed on a property without registration of an easement or compensation. On the basis of a systematic reconstruction of the court’s decisions, this commentary shows how the Court specifies article 20 of the Constitution by combining, on the one hand, a strict reading of the fatal time limit of thirty days and, on the other, a strongly subsidiary conception of the remedy in relation to the sectoral procedures provided for in the General Law of Electric Services and in the Code of Civil Procedure. On that basis, five theoretical problems are identified in the way in which the decision employs the argument of normative speciality (lex specialis): the deficit of justification of the genus-species relation between the concepts at stake; the functional confusion between speciality, suppletoriness and subsidiarity; the conversion of speciality into a meta-rule of automatic exclusion of constitutional protection; the conclusive (nondefeasible) character that is attributed to that priority; and the insufficient attention to normative hierarchies when a “special” legal procedure is used to restrict access to an urgent constitutional action.

KEYWORDS
Constitutional protection remedy, lex specialis, legal speciality, subsidiarity, suppletory application, property.

Logotipo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción

© 2025, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Este artículo se distribuye bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Esto permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que se dé el crédito apropiado a los autores y a la fuente original. Para más información, visite: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

I. Introducción

Un conflicto aparentemente prosaico (un poste eléctrico instalado hace medio siglo en un patio de Puerto Montt) termina iluminando una cuestión metodológica central: qué hacemos, exactamente, cuando invocamos “especialidad” para ordenar acciones y procedimientos dentro de un sistema jurídico que, a la vez, reconoce una tutela constitucional de urgencia. La sentencia comentada es útil porque exhibe, en estado concentrado, una forma de razonar que aparece con frecuencia en el contencioso constitucional chileno, la combinación de una lectura estricta del plazo del recurso de protección con una idea fuerte de subsidiariedad apoyada en la presencia de vías sectoriales “especializadas”. El resultado no es solo un desenlace procesal, sino una reconfiguración del mapa. Ello conlleva a preguntar qué cuenta como vía idónea, cuándo la existencia de un procedimiento legal desplaza al remedio constitucional y en qué condiciones esa prioridad debe considerarse absoluta o derrotable.

Para desarrollar el comentario procedo en tres movimientos. Primero, presento el caso y sintetizo la decisión en un nivel compatible con su función descriptiva, sin convertir esa síntesis en una discusión anticipada de las tesis. Segundo, reconstruyo la decisión como un conjunto ordenado de operaciones, delimitación del problema, selección e interpretación de normas, adscripción a líneas jurisprudenciales, identificación de propiedades relevantes y formulación de una regla-resultado. En el sentido del modelo inferencial, “El propósito del modelo es hacer visibles las decisiones que los jueces ‘deben tomar’ cuando la norma que se aplica a un caso está indeterminada”.1 Tercero, examino el uso del argumento de especialidad normativa en cinco problemas teóricos, mostrando por qué el paso desde “hay un juicio sumario especial” a “la acción constitucional es improcedente” requiere más justificación de la que el fallo ofrece.

Antes de entrar al detalle conviene fijar el punto de apoyo conceptual que recorrerá el análisis. “Especialidad”, “supletoriedad” y “subsidiariedad” son nociones cercanas, pero no equivalentes. La especialidad, en sentido estricto, describe una relación lógico-conceptual de género-especie entre elementos de normas2 o, en otro registro, una meta-regla de prioridad entre normas previamente calificadas como general y especial. En este sentido, Ataoglu sostiene que “la norma B es especial en relación a la norma A, si y solo si, un elemento de la norma A está en relación de género-a-especie con un elemento de la norma B”.3 La supletoriedad, en cambio, es un vínculo funcional de relleno, opera cuando un régimen “principal” calla sobre un punto y el ordenamiento habilita la aplicación de un régimen “general” para colmar ese silencio. Desde esta perspectiva “la norma A está en relación de supletoriedad de la norma B, si y solo si, la norma B carece de un elemento que la norma A le aporta”.4 La subsidiariedad, finalmente, ordena mecanismos y vías procesales, un remedio se reserva para hipótesis en que no existe otra vía, o la existente no es idónea o no puede brindar tutela efectiva y oportuna. El problema de la sentencia comentada no es que recurra a esas nociones, sino que las hace confluir en una conclusión de improcedencia casi automática, sin distinguir los planos y sin explicitar las condiciones bajo las cuales esa prioridad debería ser derrotada.

II. El caso y la decisión: mapa mínimo

El recurso de protección fue interpuesto por el propietario de un predio urbano de Puerto Montt en contra de la Sociedad Austral de Electricidad S.A. (SAESA). El recurrente sostiene que en su inmueble existe desde antiguo un poste con una línea eléctrica aérea que lo atraviesa, sin título de servidumbre inscrito ni indemnización, lo que configuraría una “servidumbre de hecho” que restringe ilegítimamente su dominio y frustra un proyecto habitacional. Añade que, pese a gestiones ante la empresa y actuaciones ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la infraestructura no ha sido retirada, aun cuando la autoridad administrativa habría ordenado su traslado mediante un oficio.

La recurrida, por su parte, informa que la estructura corresponde a una línea de transmisión de 23 kV, amparada en concesiones eléctricas definitivas, emplazada en el lugar desde hace aproximadamente cincuenta años. Sostiene, además, que el recurrente adquirió el predio en 2016 con pleno conocimiento de la instalación y que, al menos desde 2018, ha deducido reclamos administrativos sobre la misma situación. En consecuencia, opone tres defensas conectadas: extemporaneidad del recurso; improcedencia de la vía constitucional para discutir servidumbres eléctricas y sus consecuencias patrimoniales; y existencia de un procedimiento administrativo de invalidación pendiente ante la SEC respecto del oficio que ordenó el traslado.

La Corte estructura su decisión recordando la naturaleza del recurso de protección del artículo 20 de la Constitución como acción cautelar, sumaria y excepcional, orientada a tutelar urgentemente derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, siempre que exista un derecho indubitado y una afectación actual o inminente. Desde esa premisa, el fallo identifica tres puntos decisivos: el cómputo del plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado/Acta N° 94-2015; la idoneidad del recurso para dirimir un conflicto relativo a una servidumbre eléctrica de larga data; y la incidencia de la existencia de procedimientos administrativos y judiciales específicos. Con base en el conocimiento del recurrente desde 2016 y sus gestiones desde 2018, concluye que la acción se deduce varios años después de haber tenido noticia cierta del hecho estimado lesivo, de modo que es manifiestamente extemporánea. Rechaza, además, que la invocación de un “acto continuo” permita eludir indefinidamente la preclusión.

Luego, la Corte sostiene que el litigio planteado (existencia, regularidad y eventual prescripción de una servidumbre eléctrica, validez de concesiones, procedencia de indemnizaciones) excede el marco cognitivo del recurso de protección y debe discutirse en el juicio sumario previsto en el artículo 680 N° 2 del Código de Procedimiento Civil y en el procedimiento sectorial de la Ley General de Servicios Eléctricos. Finalmente, agrega que existe un procedimiento de invalidación administrativa pendiente ante la SEC respecto del oficio que ordenó el traslado, lo que refuerza la idea de subsidiariedad de la acción constitucional. En consecuencia, en virtud de la extemporaneidad, de la falta de idoneidad de la vía y de la disponibilidad de cauces específicos, rechaza el recurso sin pronunciarse sobre el fondo patrimonial del conflicto.

El interés del fallo no radica únicamente en ese desenlace (que en buena medida descansa en el plazo), sino en la manera en que el tribunal usa la retórica de la “especialidad” para reorganizar el campo de procedimientos relevantes, desplazando el recurso de protección en favor de un cauce sectorial. Precisamente allí se abren los problemas teóricos que justifican el comentario.

III. Reconstrucción de la decisión como conjunto de operaciones

Para comprender con precisión cómo la Corte llega a su conclusión no basta con reiterar sus considerandos. Conviene, más bien, reconstruir la sentencia como una secuencia de decisiones,5 esto es, qué preguntas formula el tribunal, qué materiales normativos selecciona, qué propiedades trata como relevantes, qué familia de casos invoca y qué regla-resultado se sigue de esa arquitectura.6 Para ello utilizo el método de reconstrucción de sentencias desarrollado en la literatura chilena reciente por Claudio Agüero, Enrique Sologuren, Eduardo Sepúlveda, Juan Pablo Zambrano, entre otros. En ese marco, y para hacer operativa la reconstrucción, los autores distinguen unidades retóricas jerarquizadas: “Las unidades retóricas, en cuanto categorías organizadas jerárquicamente por su nivel de generalidad de menor a mayor, son las siguientes: el paso retórico, la movida retórica y la macromovida retórica”.7 En palabras de los autores “Se trata de una propuesta descriptiva que informa cómo, de hecho, operan los tribunales de justicia al momento de operar con normas indeterminadas en la resolución de un caso”.8 Entonces, el modelo busca establecer cómo los tribunales precisan conceptos indeterminados.9

A. Delimitación del problema

La Corte delimita el problema en tres planos que organizan su agenda. En el plano fáctico, enfrenta la existencia de infraestructura eléctrica de larga data emplazada en un predio privado y la alegación de ausencia de servidumbre inscrita o indemnización. En el plano de la reclamación, el recurrente pide que se declare vulnerado el derecho de propiedad y se ordene el retiro de la infraestructura para restablecer el imperio del derecho. En el plano defensivo, la recurrida sostiene extemporaneidad, improcedencia y existencia de procedimientos administrativos pendientes.

Desde esa delimitación emergen tres preguntas jurídicas, expresables sin las torsiones interrogativas que a veces genera la prosa judicial. Primero, si el recurso fue interpuesto dentro del plazo fatal de treinta días previsto en el Auto Acordado/Acta N° 94-2015. Segundo, si, aun prescindiendo del plazo, el recurso de protección es una vía idónea para resolver una controversia relativa a la existencia, validez o prescripción de una servidumbre eléctrica con infraestructura emplazada desde hace décadas. Tercero, si la existencia de procedimientos administrativos y judiciales específicos (y, en particular, la tramitación de alguno de ellos) excluye la procedencia de la acción constitucional por su carácter subsidiario.

B. Selección e interpretación del material normativo

En la operación de identificación del derecho aplicable, la Corte trabaja con tres bloques.

El primer bloque es constitucional y procedimental-constitucional. El artículo 20 de la Constitución y el régimen del recurso de protección complementado por el Auto Acordado/Acta N° 94-2015. De allí extrae la estructura del remedio, cautelar, urgencia, no declarativo, excepcionalidad, exigencia de derecho indubitado, determinación de un acto u omisión ilegal o arbitrario y, sobre todo, la regla del plazo fatal de treinta días como condición de apertura.

El segundo bloque es el derecho de propiedad. El artículo 19 N° 24 de la Constitución, conectado con la definición clásica de dominio del artículo 582 del Código Civil, entendido como facultad de usar, gozar y disponer. La Corte acepta, en abstracto, que la afectación ilegítima del dominio puede ser tutelable por protección, pero restringe esa posibilidad a hipótesis de afectación inmediata y no “remisible” a otras vías.

El tercer bloque es sectorial y procesal civil. El artículo 680 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, que remite controversias sobre servidumbres a juicio sumario, y el régimen especial sobre servidumbres eléctricas del artículo 71 de la Ley General de Servicios Eléctricos, particularmente su previsión de un cauce específico para ese tipo de disputas. A ello se agrega (no como norma de fondo, sino como dato institucional) la fiscalización administrativa de la SEC y la posibilidad de invalidación de sus actos.

De la forma en que la Corte articula estos bloques emerge una tríada interpretativa. Primero, que el recurso de protección no puede utilizarse para constituir, declarar o extinguir derechos reales ni para zanjar cuestiones complejas de servidumbres y prescripción. Segundo, que el plazo de treinta días se cuenta de modo objetivo desde el conocimiento del acto lesivo y que la idea de “acto continuo” no puede, sin límites, neutralizar la preclusión, porque ello dejaría el término a disposición del interesado. Tercero, que la existencia de procedimientos administrativos y judiciales específicos (y en especial su activación en el caso) refuerza la improcedencia del recurso por subsidiariedad.

C. Adscripción a líneas jurisprudenciales y familia de casos

Aunque la sentencia no cita extensamente jurisprudencia, se alinea con dos familias argumentales atribuidas a la Corte Suprema. Por un lado, la línea que considera improcedente el recurso de protección para controversias complejas sobre derechos reales y servidumbres,10 ya que requieren prueba y discusión sobre prescripción, remitiéndolas a juicios declarativos o sumarios. Por otro, la línea sobre el cómputo del plazo, que rechaza que la permanencia de un hecho permita eludir indefinidamente la preclusión, exigiendo accionar dentro del término desde el conocimiento suficiente del hecho lesivo.11

En un nivel más concreto, el caso se integra en la familia de conflictos entre propietarios y empresas eléctricas por infraestructura de distribución emplazada desde antiguo en predios privados, donde se discute título de servidumbre, derecho a indemnización y eventual prescripción. En ese universo, la regla jurisprudencial dominante (tal como la reconstruye el propio manuscrito original) ha sido estimar que el recurso de protección no es vía idónea para constituir o revisar servidumbres, por existir procedimientos específicos en el marco sectorial y en el proceso civil.

D. Propiedades relevantes del caso

El fallo trata como decisivas cuatro propiedades. La primera es la antigüedad de la infraestructura, una red instalada hace aproximadamente cincuenta años, que sitúa el conflicto en una lógica de larga data, en tensión con la urgencia propia del recurso. La segunda es la conducta temporal del recurrente, adquisición del inmueble en 2016 con conocimiento del poste y reclamos administrativos desde 2018, lo que consolida la conclusión de extemporaneidad. La tercera es la naturaleza patrimonial y técnica del conflicto, servidumbre, prescripción, indemnización, concesiones administrativas, todo lo cual requeriría prueba y debate propio de un juicio sumario o declarativo. La cuarta es la existencia de un procedimiento administrativo de invalidación pendiente ante la SEC respecto del oficio que habría ordenado el traslado, lo que funciona como indicador de que hay un cauce institucional específico en curso.

Estas propiedades, combinadas, permiten a la Corte afirmar dos cosas a la vez. Primero, que no existe una afectación inmediata y actual que justifique una tutela cautelar constitucional y segundo, que, aun si existiera, concurren vías alternativas idóneas y no agotadas, lo que excluiría la acción por su carácter subsidiario.

E. Regla-resultado

Reconstruida la estructura decisional, la regla-resultado que organiza el rechazo puede formularse así. Si la afectación alegada del derecho de propiedad se vincula con infraestructura eléctrica emplazada desde hace décadas, amparada en concesiones administrativas; si el propietario ha conocido esa situación con antelación superior a treinta días antes de deducir el recurso, incluso habiendo ejercido reclamos administrativos previos; y si el ordenamiento prevé procedimientos administrativos y judiciales específicos para discutir la existencia, ejercicio, extinción o indemnización asociada a la servidumbre eléctrica (algunos de ellos incluso en curso), entonces el recurso de protección es extemporáneo e improcedente, por no ser vía idónea ni subsidiaria para constituir, declarar o extinguir derechos reales de esta naturaleza, y debe ser rechazado sin pronunciamiento sobre el fondo patrimonial.

Además de sintetizar el fallo, esta regla hace visible un detalle crucial: la improcedencia no se apoya en un solo argumento, sino en una conjunción de plazo, idoneidad y subsidiariedad. La crítica teórica que sigue no desconoce ese carácter acumulativo; lo que discute es el modo en que la Corte convierte la “especialidad” en una razón estructurante que tiende a cerrar el espacio del recurso de protección más allá de lo necesario para resolver el caso.

IV. ¿Qué noción de especialidad jurídica presupone la Corte?

A partir de la reconstrucción, puede preguntarse qué entiende la Corte por “especialidad” cuando afirma que el cauce sectorial torna improcedente la acción constitucional. Aunque el fallo alude al “principio de especialidad que informa el ordenamiento”, ese enunciado no es un análisis, sino un puente. Conviene, entonces, distinguir tres planos de uso del término, tal como el propio manuscrito propone al apoyarse en desarrollos doctrinales.

En un primer plano, la especialidad puede concebirse como relación género-especie entre conceptos jurídicos.12 Bajo esta idea, una norma es especial respecto de otra cuando un elemento de la norma “general” está en relación de género-especie con un elemento de la norma “especial”. En la sentencia comentada, la Corte parece asumir implícitamente que “controversias sobre servidumbres eléctricas” cae como especie dentro de un género suficientemente amplio que también abarcaría los “casos tutelables por recurso de protección” cuando está comprometido el derecho de propiedad. Sin embargo, la premisa clave (que los conceptos relevantes estén efectivamente en una relación de género-especie) no se explicita ni se justifica. En esta línea, Agüero advierte que “la configuración de un vínculo de especialidad entre ambos sectores del derecho depende de varios criterios y tiene múltiples impactos”.13 Desde ese presupuesto, el razonamiento del fallo habría requerido explicitar cuáles son los “criterios” que permiten sostener la especialidad en el caso y delimitar el alcance práctico que se sigue de esa preferencia normativa, antes de derivar de ella consecuencias procesales. El recurso de protección se define por la afectación actual o inminente de derechos fundamentales; el juicio sumario sectorial organiza controversias patrimoniales técnicas. Que ambos puedan tocar el derecho de propiedad no equivale, por sí solo, a que uno sea especie del otro.

En un segundo plano, lex specialis opera como meta-regla (es decir, una regla sobre cómo usar otras reglas) de prioridad entre normas. Zorzetto reconstruye el principio lex specialis derogat generali como una meta-regla de aplicación externa que establece una jerarquía material entre normas previamente identificadas como generales y especiales, y que dispone el uso exclusivo de la norma más especial como base de la justificación interna del caso.14 Leída así, la sentencia hace exactamente ese movimiento, califica el juicio sumario sectorial como cauce “especializado” y, desde allí, excluye el recurso de protección del conjunto de normas operativas para el caso, como si su sola coexistencia generara un desplazamiento.

En un tercer plano, lex specialis funciona como razón de prioridad no concluyente, esto es, como una razón que puede ser derrotada por razones en sentido contrario de suficiente peso.15 En esa perspectiva, incluso si existiera especialidad, el juez debería preguntarse si, dadas las circunstancias, hay razones para no aplicar la prioridad usual y para permitir la tutela urgente, por ejemplo, la insuficiencia práctica de la vía sectorial, la urgencia de la afectación o la ausencia de medidas que puedan restablecer oportunamente el derecho. En la sentencia, en cambio, el argumento se utiliza como una razón concluyente, donde verificada la existencia del cauce sectorial, el recurso de protección queda prácticamente sin espacio, sin considerar dos lecturas en torno a la prioridad: (i) una vez verificada la existencia del juicio sumario, la Corte no se pregunta si, dadas las circunstancias del caso (antigüedad de la ocupación, demora en la SEC, proyecto habitacional frustrado, instrucción de la SEC de trasladar el poste), hay razones para dejar sin efecto esa prioridad en favor de una tutela judicial urgente, o (ii) verificada la extemporaneidad en la interposición del recurso, no aparece de manifiesto que existan razones que superen la prioridad establecida por el legislador.

Visto en conjunto, el fallo utiliza una idea de especialidad sectorial o procesal, asumiendo que, porque el legislador diseñó un procedimiento específico para servidumbres eléctricas, ese procedimiento desplazaría al recurso de protección. Este uso se asemeja más a la noción de “especialización” por materia o por régimen que a la especialidad estrictamente lógica de lex specialis.16 En este sentido, Carrasco distingue que la “especialidad” se orienta a la resolución de problemas de inconsistencia normativa, mientras que la “especialización” alude a la ocupación o competencia de determinados sectores del ordenamiento, vinculados a una materia o rama del derecho.17 Ese desplazamiento conceptual abre el terreno para los cinco problemas a desarrollar.

V. Cinco problemas teóricos en el uso del argumento de especialidad

A. Primer problema: objeto y relación género-especie

El primer problema es, en apariencia, técnico. Para invocar especialidad en sentido estricto, debe mostrarse que las normas o conceptos que se ordenan por especialidad comparten el mismo tipo de objeto. La relación género-especie no se predica de cualquier par de enunciados normativos, sino que requiere identificar elementos comparables.18 En el fallo, no se muestra que el concepto “casos tutelables por recurso de protección” sea un género cuyo ámbito contiene, como especie, “controversias sobre servidumbres eléctricas”. Se pasa, más bien, desde una descripción material (hay un conflicto de servidumbre) a una conclusión procesal (hay un juicio sumario especial y, por tanto, el recurso no procede), sin construir explícitamente el puente lógico entre los conceptos.

Esa omisión importa porque la estructura del recurso de protección no está diseñada para la materia “servidumbres” como tal, sino para un tipo de afectación actual o inminente, ilegal o arbitraria, respecto de un derecho fundamental, que en el caso concreto sería el derecho de propiedad. El juicio sumario sectorial, por su parte, está diseñado para resolver un tipo de controversia patrimonial con densidad técnica y probatoria. Que ambos puedan referirse al dominio no es suficiente, por sí solo, para sostener que uno desplaza al otro por especialidad conceptual. Lo que la sentencia necesita mostrar (y no muestra) es por qué cuando el conflicto se formula como “servidumbre eléctrica”, deja de ser, por ese solo hecho, un “caso tutelable” por protección incluso si se alegan afectaciones actuales del derecho de propiedad.

B. Segundo problema: confusión entre especialidad, supletoriedad y subsidiariedad

Este problema es estructural. La sentencia mezcla tres criterios distintos y los presenta como si fueran una sola razón. Ataoglu ha distinguido especialidad y supletoriedad. La especialidad es una relación lógico-conceptual o una meta-regla de prioridad entre normas calificadas como general y especial.19

La especialidad jurídica puede definirse como una relación lógico-conceptual entre normas (o, más precisamente, entre los conceptos jurídicos que las componen) que adopta la forma de una relación de género a especie. Una norma es “especial” respecto de otra cuando, al compararlas, es posible identificar previamente un género común y una o más diferencias específicas relevantes que permiten tratar a una como caso particular de la otra. Como dice Zorzetto: “la especialidad jurídica exige identificar previamente un género y una o más diferencias específicas relevantes”.20 En este sentido, la especialidad no es una propiedad intrínseca de las normas, sino una propiedad derivada que depende de cómo los intérpretes construyen y jerarquizan sus elementos conceptuales (los términos determinantes): “ninguna norma es especial ni general de acuerdo con sus características inherentes. La especialidad/generalidad es una propiedad derivada de conceptos jurídicos: depende de la identificación del género (el término más general) y de la diferencia específica respectiva que caracteriza a la especie”.21

Si la relación de especialidad adopta la forma de inclusión lógica (la especie contenida en el género), rige un principio de herencia conceptual que afirma que: todas las características del género se transmiten a la especie, lo que genera una redundancia normativa estructural, pues ambas normas pueden resultar prima facie aplicables al mismo caso. La especialidad, por tanto, es ante todo una operación semiótico-conceptual que presupone criterios de relevancia valorativa para decidir qué similitudes y diferencias cuentan jurídicamente.

El principio de lex specialis derogat legi generali es una meta-norma de aplicación que se deriva de la especialidad jurídica. La norma coordina normas previamente ordenadas por una relación de especialidad, disponiendo que, cuando concurren una norma general y otra más específica, debe utilizarse exclusivamente la norma más especial como base de la justificación interna del caso. En estos términos, el principio “se puede reconstruir como una meta-regla sobre la aplicación externa que establece una jerarquía material entre las normas previamente identificadas como lógicamente ordenadas en base a una relación de especialidad”,22 es decir, “una meta-regla que dispone el uso exclusivo de la norma relevante (más) especial”.23

Tradicionalmente la meta-norma se expresa mediante el adagio lex specialis derogat generali, entendido como un criterio para resolver antinomias normativas. Sin embargo, su alcance es más amplio, no opera solo frente a conflictos (antinomias total-parciales), sino también (y de manera muy relevante) para evitar la acumulación de normas compatibles que serían simultáneamente aplicables. Cuando la especialidad adopta la forma de inclusión lógica, el principio “sirve precisamente para evitar esta acumulación de normas en el nivel de la aplicación al afirmar que solo se aplica la norma (más específica)”.24 Además, la derogación que produce la lex specialis no es intrínseca a la relación entre normas, sino una decisión situada en el plano de la justificación jurídica.25 Por ello, una norma especial puede tanto derogar a una norma general incompatible como integrarse con otra norma general compatible.

Muchas veces la especialidad aparece cuando dos normas se ocupan de la misma materia, pero una de ellas lo hace de manera más detallada, precisa, concreta o “fina” que la otra.26 Casi siempre el punto de comparación entre las dos normas es el supuesto de hecho y/o la condición de aplicación. Así, la especialidad ordena dar prioridad a aquella norma que fije un supuesto de hecho y/o una condición de aplicación más precisa o fina. Es importante notar que la especialidad no describe un mecanismo de última ratio. No se trata de que primero se usa la norma general y solo si falla se usa la norma especial. Al revés. Cuando se cumplen las condiciones de la especialidad, el derecho ordena aplicar directamente la norma especial.

La supletoriedad es una relación funcional en donde una norma llena un vacío de otra. La supletoriedad es un mecanismo de relleno. Una norma opera supletoriamente cuando la regulacion matriz, principal o genérica guarda silencio.27 En este aspecto Ataoglu afirma: “la relación de supletoriedad entre normas es una relación que depende de la necesidad de suplementar un elemento de una norma con un elemento presente en otra”.28 La supletoriedad describe una situación distinta a la especialidad. Una norma supletoria es aquella que se aplica para rellenar un vacío de otra regulación que el ordenamiento reconoce como principal o común para un determinado ámbito. En muchos casos el legislador deja zanjado de forma explícita cuándo un régimen es supletorio de otro, por ejemplo, en expresiones del tipo: “en lo no previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente las normas del Código Civil”. Allí esta explícito el rol de “relleno” de la norma supletoria. Así, la supletoriedad no entra en conflicto con la especialidad.

La subsidiariedad es una noción que ordena vías procesales. Una acción, un remedio o un instrumento es subsidiario solo si no existe otro medio idóneo o si el existente es insuficiente. Es decir, la subsidiariedad trata de una regla similar a una última ratio. Una norma subsidiaria es una regla que restringe el uso de ciertos mecanismos para que solo se activen cuando los mecanismos ordinarios han fallado o no resultan apropiados. Una metáfora puede ilustrar el concepto. La subsidiariedad funciona de un modo semejante a una escalera. Los primeros escalones de la escalera son las vías procesales que debe preferirse. Solo si ellas no protegen bien los fines del proceso se puede avanzar en los escalones. Así, las normas subsidiarias nunca son el primer escalón de la escalera. Con la metáfora es muy claro que la subsidiariedad no depende de una relación de género-especie ni sirve para llenar un vacío normativo, sino que ordena o “escalona” los instrumentos disponibles.

Es comprensible que la supletoriedad y la subsidiariedad se confundan, porque en la práctica se expresan con fórmulas parecidas. El legislador, puede decir, por ejemplo: “en lo no previsto”; “cuando no haya otra vía”; “solo si los demás medios son insuficientes” entre otras similares. Sin embargo, a pesar de que la expresión legislativa pueda ser confusa, el tipo de relación que cada concepto establece es diferente.

En primer lugar, difieren en el objeto sobre el que recaen. La supletoriedad se refiere a la relación entre regímenes normativos de fondo (normas que dicen que se debe hacer o que efectos produce un contrato, una obligación, una responsabilidad). La pregunta es, si la ley especial no dice nada sobre este punto ¿qué normas se pueden usar para completar el contenido de la obligación o de la relación jurídica? La subsidiariedad, en cambio, se refiere a una relación entre vías o mecanismos de acción (recursos, medidas cautelares, sanciones). La pregunta que organiza la subsidiariedad es otra, ¿puedo activar este mecanismo si existe otro disponible que, en principio, tiene prioridad?

En segundo lugar, la supletoriedad y la subsidiariedad difieren en el tipo de falla o error que habilita su uso. En la supletoriedad, la condición que tiene que cumplirse es el silencio normativo. Así, es necesario justificar que existe una laguna de la norma aplicable para recurrir a aquella que sirve para suplir ese silencio. En cambio, en la subsidiariedad, la condición que debe cumplirse en la insuficiencia o la falta de idoneidad de las vías que tienen primera prioridad. Si existe una vía procesal que tiene prioridad de uso, solo se puede usar una vía subsidiaria si la primera no permite obtener una protección adecuada, oportuna o eficaz. Aquí lo decisivo no es el silencio, sino el rendimiento práctico del mecanismo que se usa en defensa de un derecho o interés.

En tercer lugar, la supletoriedad y la subsidiariedad difieren en la gestión de la compatibilidad y el conflicto entre normas o vías. En la supletoriedad, cuando la norma aplicable se pronuncia sobre un punto, su contenido tiene primacía y la norma supletoria no puede ser considerada. Entonces no hay una antinomia, sino que una división funcional de la aplicabilidad de las normas. En la subsidiariedad, en cambio, es posible que dos vías estén disponibles al mismo tiempo, pero que el ordenamiento exija que se use primero una vía y, sólo si ella fracasa, o no resulta idónea, se abre la posibilidad de usar la vía subsidiaria. La subsidiariedad funciona, entonces, como una regla de escalonamiento, no como una regla de relleno.

Estas diferencias no son meramente teóricas, porque cambian el tipo de premisa que hace falta para llegar a la conclusión de su (im)procedencia. Si el argumento es la especialidad, se debe justificar por qué hay una relación de género-especie entre elementos de las normas que se ponen en relación. Si el argumento es la supletoriedad, se debe construir una laguna en la norma aplicable y explicar por qué el régimen supletorio completa ese vacío. Si, finalmente, el argumento es la subsidiariedad, se debe justificar por qué la vía preferente no es idónea y/o eficaz y por qué la vía subsidiaria permite proteger oportunamente los derechos o intereses en juego.

El problema del fallo analizado es que utiliza la mera existencia del juicio sumario sectorial como si simultáneamente probara la especialidad, la supletoriedad y la subsidiariedad, sin separar planos ni justificar el uso de cada una de estas nociones. El resultado es una conclusión infundada, como hay un juicio sumario especial, el recurso de protección no tiene lugar, cuando lo que correspondería argumentar es si el recurso conserva un papel subsidiario en supuestos de ineficacia o insuficiencia del cauce sectorial. En este sentido, la Corte usa un vocabulario que no distingue si el juicio sumario es especial en sentido estricto (genero-especie) o simplemente otra vía que podría operar en paralelo. Tampoco se aclara si el recurso de protección desempeña algún rol cuando las otras vías resultan insuficientes.

C. Tercer problema: lex specialis usado como exclusión más fuerte de lo necesario

Incluso aceptando que existe una regulación sectorial especial, no se sigue necesariamente que exista antinomia entre esa regulación y el recurso de protección. En términos generales, “resulta necesario distinguir la existencia de una ley especial de su uso preferente”,29 ya que “una cosa es el carácter especial de la ley, otra que respecto de ello se aplique el principio de especialidad normativa”.30 Puede haber concurrencia, dos normas o vías compatibles que pueden operar en planos diferentes. En el caso comentado, no hay incompatibilidad lógica entre ordenar por vía de recurso de protección el retiro o traslado del poste como tutela urgente del derecho de propiedad, y que, al mismo tiempo, el conflicto de fondo se deba ventilar en el juicio sumario por cuestiones patrimoniales complejas (como la prescripción adquisitiva, el monto de una indemnización o la regularidad de concesiones), materias que requieren prueba. Como subraya Zorzetto, la relación entre normas generales y especiales no se agota en las antinomias total-parciales, sino que con frecuencia se trata de normas compatibles o redundantes, cuyo tratamiento preferente mediante lex specialis expresa una opción de política interpretativa y no un automatismo lógico.31

Sin embargo, la Corte actúa como si el conflicto fuese de contradicción total-parcial, esto es, como si estuviéramos ante una norma general, y una especial que cubre solo una fracción de sus casos, pero que, en esos casos en común, ordena una solución incompatible, de manera que excluye totalmente a la otra. En términos de Zorzetto, el fenómeno de las normas generales y especiales no debe examinarse “solo cuando sean conflictivas y generen antinomias total-parciales, sino principalmente cuando se trate de normas redundantes”.32 En la sentencia la existencia del juicio sumario “excluye” la procedencia del recurso de protección. Este cierre absoluto es problemático porque elimina, sin justificar, la posibilidad de aplicación concurrente de instrumentos compatibles. La teoría de la especialidad, tal como la invoca el propio manuscrito, permite precisamente advertir que la derogación por lex specialis no es intrínseca a la especialidad, sino que es una decisión situada en el nivel de la justificación. Cuando se elige tratar la especialidad como exclusión total, se debe explicar por qué la concurrencia resultaría inaceptable, y esa explicación no aparece.

D. Cuarto problema: prioridad concluyente y ausencia de derrotabilidad

El cuarto problema aparece cuando el tribunal trata lex specialis como si fuera una razón concluyente, esto es, como si el solo hecho de existir una vía sectorial bastara para cerrar la tutela constitucional urgente, sin que sea necesario examinar si, dadas las circunstancias del caso, esa prioridad debe mantenerse o, por el contrario, debe ceder. El punto es relevante si se adopta un enfoque como el propuesto por Henrique Marcos, quien reconstruye lex specialis no como una regla automática de derogación, sino como una norma de segundo orden que opera proporcionando razones de prioridad (razones que favorecen la aplicación de una norma y que, al mismo tiempo, operan en detrimento de otra), pero cuya fuerza depende de una evaluación comparativa de razones. En ese marco, lex specialis no se activa por mera invocación, sino que solo se aplica cuando, al ponderar, “the reasons supporting its application outweigh the reasons against it”.33

Ahora bien, si lo anterior es correcto, entonces el razonamiento judicial que invoca un procedimiento sectorial como base para rechazar el recurso no puede limitarse a constatar su existencia ni puede tratar su pendencia como un dato que, por sí mismo, clausura la vía constitucional. Lo que debe hacer (precisamente porque la prioridad por especialidad es una razón derrotable) es explicar por qué, en el caso concreto, las razones a favor de privilegiar el cauce sectorial superan a las razones que podrían justificar una intervención cautelar urgente. Dicho de otro modo, aun concediendo que la vía sectorial constituya un dispositivo normativo más “específico” para conocer del asunto, el tribunal todavía tiene que justificar por qué esa especificidad debe traducirse, aquí y ahora, en una consecuencia excluyente, y por qué no concurre ningún conjunto de consideraciones que, por su peso, sea capaz de vencer la prioridad prima facie que lex specialis introduce. Esto importa, además, por una razón metodológica que suele pasarse por alto cuando se razona con lex specialis: el argumento supone condiciones de aplicabilidad que no se satisfacen con un gesto retórico. Marcos enfatiza que, si no se establece cuál norma es efectivamente más específica, o si esa especificidad es incierta, no se puede concluir que lex specialis sea aplicable para otorgar prioridad a una u otra norma. En su ejemplo, sostiene que, “without establishing which norm is more specific, we cannot conclude that lex specialis applies to give priority to either”.34 Esta exigencia analítica es trasladable a la sentencia. El fallo no muestra por qué el procedimiento sectorial es el régimen efectivamente más específico para desplazar la tutela cautelar, el paso desde “existe un procedimiento” a “ese procedimiento excluye la protección” queda sin soporte justificativo suficiente.

En el caso comentado, este déficit se vuelve visible porque las propias alegaciones de las partes sugieren un elemento que debería haber sido tratado como razón potencialmente contraria a la clausura, que serían, la prolongación de gestiones administrativas y la existencia de procedimientos pendientes ante la SEC. En lugar de operar como un simple dato de contexto, esa pendencia puede ser leída (y en muchos casos razonablemente lo es) como un indicio de demora o de ineficacia práctica que, lejos de reforzar la exclusión, podría activar la pregunta decisiva, si la vía sectorial, aunque sea aplicable, está siendo capaz de proporcionar una tutela oportuna y efectiva, o si, por el contrario, su desempeño real vuelve necesario abrir un espacio cautelar constitucional para evitar que el derecho quede sin protección útil. Que esa lectura sea correcta o no en los hechos es discutible; lo relevante es que, si lex specialis funciona como una razón prima facie, el tribunal debe mostrar que esa posible derrota no procede, lo que exige examinar si la demora es atribuible a la administración, si existe riesgo de irreparabilidad, y si la estructura del procedimiento sectorial permite (o no) una respuesta suficientemente rápida para la situación alegada. La sentencia, sin embargo, recorre el camino inverso, toma el procedimiento pendiente como argumento adicional para no intervenir, con lo cual convierte lo que podría haber sido un dato indicativo de insuficiencia de la tutela en una razón de cierre. Al hacer esto, el razonamiento se vuelve incompleto, no porque sea obligatorio acoger el recurso, sino porque la decisión se presenta como si la prioridad sectorial fuese una conclusión necesaria, cuando, bajo el enfoque de Marcos, lo que existe es una razón cuya fuerza depende del balance de consideraciones concurrentes. De hecho, Marcos subraya que, incluso cuando lex specialis ha sido aplicado para priorizar una norma, todavía puede concluirse que la norma priorizada no debe regir el caso, justamente porque lex specialis es “solo un factor entre muchos otros” y porque su razón puede ser superada por razones contrarias “lex specialis was just one factor among many others… it was possible to conclude that N2 does not apply… even though lex specialis prioritised it”.35

Finalmente, este punto se vuelve aún más preciso cuando se explicita qué significa derrotar a lex specialis. Marcos aclara que la derrota no tiene por qué consistir en negar que lex specialis ofrezca una razón; se trata más bien de reconocer que esa razón puede ser vencida por otras razones más fuertes, especialmente cuando entran en juego razones de orden superior. Por eso caracteriza la derrota como refutatoria y no como socavante “Lex specialis still provides a reason […] The key point is that the reasons provided by lex specialis can be outweighed by other reasons”.36 Aplicado al caso, esto permite formular el reproche con mayor delicadeza teórica, el problema no es que el tribunal se equivoque por considerar relevante la vía sectorial, ni que deba necesariamente abrir el recurso; el problema es que, al tratar esa vía como una razón que clausura sin más la tutela urgente, omite mostrar por qué las razones usualmente asociadas a la protección cautelar (oportunidad, efectividad, riesgo de daño irreparable, insuficiencia práctica de la vía ordinaria) no alcanzan, en este caso concreto, el peso suficiente como para vencer la prioridad prima facie que lex specialis introduce.

E. Quinto problema: jerarquías normativas y límites del criterio de especialidad

El quinto problema desplaza el foco, ya no se trata solo de cómo se construye la especialidad, sino de qué ocurre cuando la “especialidad” invocada proviene de una norma legal y se utiliza para restringir el acceso a una acción constitucional. En la teoría clásica de solución de antinomias, la especialidad aparece junto a la jerarquía y la cronología.37 Pero esos criterios no operan del mismo modo. La jerarquía resuelve conflictos entre niveles distintos (Constitución y ley, ley y reglamento), mientras que la especialidad opera típicamente entre normas de igual rango, delimitando ámbitos de aplicación dentro del mismo escalón.38

Aplicado al caso, el mapa jerárquico es claro. En el nivel superior está la Constitución, que reconoce el derecho de propiedad y diseña una acción de tutela urgente, el recurso de protección. En el nivel legal se encuentran los procedimientos sectoriales y las reglas procesales civiles, entre ellos el juicio sumario especial previsto para controversias sobre servidumbres eléctricas. La especialidad legal ordena, de modo natural, vías legales entre sí y frente a los procedimientos civiles generales; pero no puede, sin más, comportarse como si tuviera “ventaja jerárquica” frente a una acción constitucional.39

El problema del fallo es que, bajo la retórica de lex specialis, parece extender la prioridad del juicio sumario legal más allá de su ámbito, proyectándola como razón suficiente para relegar el recurso de protección a una posición casi irrelevante cada vez que exista un cauce sectorial establecido. Una lectura más compatible con la jerarquía no niega la especialidad del juicio sumario legal para resolver la controversia patrimonial de fondo, lo que exige es ubicar esa especialidad donde corresponde y mantener el recurso de protección como mecanismo subsidiario40 para hipótesis en que la vía sectorial sea claramente inidónea o insuficiente para otorgar una tutela efectiva y oportuna frente a una afectación actual o inminente de un derecho fundamental.

Formulado en términos de punto de partida interpretativo, el principio jerárquico impone una inversión. No es la acción constitucional la que debe ser “reducida” por las leyes especiales, sino las leyes especiales las que deben leerse de modo compatible con la existencia de una tutela constitucional de urgencia.41 Esto no convierte el recurso de protección en vía universal ni elimina sus requisitos de excepcionalidad y subsidiariedad. Sin embargo, sí impide, en cambio, aceptar que la sola existencia de un procedimiento legal “especial” baste para vaciar de contenido una herramienta constitucional destinada precisamente a suplir déficits de tutela oportuna.

VI. Conclusión

Vista la sentencia con el lente de la “decisión como conjunto de operaciones”, se advierte que la Corte especifica el artículo 20 de la Constitución incorporando dos criterios con efecto decisivo. Primero, un requisito estricto de tempestividad y, segundo, una regla fuerte de subsidiariedad apoyada en la presencia de procedimientos “especializados”. Desde la teoría de la especialidad, sin embargo, el fallo opera con una noción amplia de especialidad, más cercana a la especialización sectorial o procesal que a la especialidad lógico-conceptual en sentido estricto. A partir de esa noción amplia, la Corte convierte la “especialidad” en una meta-regla de exclusión del recurso de protección, sin explorar seriamente el espacio de concurrencia de instrumentos compatibles, ni tratar la prioridad como razón potencialmente derrotable.

Nada de lo anterior pretende desconocer que el rechazo del recurso descansa también (y de manera relevante) en la extemporaneidad. Precisamente por eso, el comentario no sostiene que la decisión sea formalmente inválida. Lo que muestra es que el uso del argumento de especialidad resulta teóricamente más discutible de lo que la sentencia deja ver y que una reconstrucción más rigurosa de lex specialis habría obligado a justificar con mayor transparencia por qué, en este caso, la tutela constitucional urgente del derecho de propiedad debe quedar desplazada por la vía sectorial. En términos prácticos, aceptar sin matices una lectura fuerte de la especialidad procesal implica que, allí donde existan juicios “especializados”, el recurso de protección tenderá a quedar crecientemente marginado como herramienta de tutela urgente, tensionando el lugar que la jurisprudencia le ha asignado en la protección de derechos fundamentales.

Declaración de contribución de autoría CrediT

Michael Sánchez Cárdenas: Conceptualización, metodología, investigación y redacción.

Implicancias éticas

Este estudio se elaboró a partir de una revisión bibliográfica y análisis doctrinario y normativo, sin involucrar investigación con seres humanos ni utilización de datos personales sensibles.

Financiación

El autor declara que el trabajo fue realizado en el marco del proyecto FONDECYT 1221269.

Conflictos de interés

El autor declara no tener conflictos de interés en relación con la elaboración o publicación de este artículo.

Agradecimientos

El autor no declara agradecimientos.

Datos de investigación

El presente artículo se sustenta exclusivamente en fuentes bibliográficas, normativas y documentales de acceso público. No se generaron ni recopilaron datos cuantitativos o cualitativos originales, por lo que no existen conjuntos de datos asociados.

Bibliografía

Doctrina citada

Agüero San Juan, Claudio y Sepúlveda Arellano, Eduardo (2023): “La especificación de tres conceptos jurídicos indeterminados en el Derecho Público chileno”, en: Pro Jure Revista De Derecho - Pontificia Universidad Católica De Valparaíso (vol. 59).

Agüero San Juan, Claudio; Silva Berríos, Valentina; Sepúlveda Arellano, Eduardo; Sologuren Insúa, Enrique y Rajevic Mosler, Enrique (2022): “La estructura de las sentencias judiciales como un problema de lenguaje claro”, en: Ius et Praxis (vol. 28 núm. 3).

Agüero San Juan, Claudio (2017): “La especialidad jurídica en un caso atípico de Nulidad de Derecho Público (Corte Suprema)”, en: Revista de derecho (Valdivia) (vol. 30 núm. 2).

Agüero San Juan, Claudio; Sologuren Insúa, Enrique; Zambrano Tiznado, Juan Pablo y Calzetta, Alejandro (2024): “Organización retórica de sentencias judiciales chilenas: análisis del caso de Robynson Gómez Noa”, en: Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law (núm. 82).

Ataoglu Colonnello, Seren (2023): “La especialidad jurídica y la falta de servicio en las Fuerzas Armadas. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de fecha 25 de enero de 2022 en autos Rol N° 4191-2021”, en: Ius et Praxis (vol. 29 núm. 1).

Calzetta, Alejandro; Agüero San Juan, Claudio; Zambrano Tiznado, Juan Pablo y Sepúlveda Arellano, Eduardo (2025): “Puesta a punto de un modelo inferencial para analizar la operación de especificación en sentencias judiciales”, en: Isonomía - Revista De teoría Y filosofía Del Derecho (núm. 62).

Carrasco Jiménez, Edison (2014): “El concepto ‘especial’ en el Código Civil: diferencias de significación entre el artículo 4° y el artículo 13”, en: Ius et Praxis (vol. 20 núm. 1).

De La Maza Gazmuri, Iñigo (2020): “Lex specialis: sobre el artículo 2° bis de la ley 19.496”, en: Revista de derecho (Concepción) (vol. 88 núm. 247).

Guastini, Riccardo (1999): “Antinomias y lagunas”, en: Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (núm. 29).

Marcos, Henrique (2025): “Lex Specialis as a Reason-Giving Norm: Balancing Norm Specificity and Individual Rights in Times of Crisis”, en: International Community Law Review (vol. 27 núm. 3).

Zorzetto, Silvia (2013): “La redundancia lingüística y las normas especiales. Algunos usos del principio lex specialis”, en: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho (núm. 36).

Zorzetto, Silvia (2024): “El principio lex specialis: una explicación crítica”, en: Revista de Derecho Privado (núm. 46).

Jurisprudencia citada

Castro con Schulz (2020): Corte Suprema, de 30 de abril de 2020, rol 1247-20.

Venegas con Herrera (2021): Corte Suprema, de 28 de julio de 2021, rol 45509-21.

Cruz con Eletrans II S.A. (2021): Corte Suprema, de 29 de septiembre de 2021, rol 65967-21.

García con Sociedad Austral de Electricidad S.A. (2025): Corte Suprema, de 19 de marzo de 2025, rol 5043-25.

Monte Oscuro S.A. con Agrícola Super Ltda. (2025): Corte Suprema, de 06 de mayo de 2025, rol 7875-25.

Ponce con Barra (2025): Corte Suprema, de 14 de julio de 2025, rol 9990-25.

ENAP Refinerías S.A. con Quera (2025): Corte Suprema, de 27 de octubre de 2025, rol 59542-24.

Normas citadas

Código Civil, 14 de diciembre de 1855.

Código de Comercio, 23 de noviembre de 1865.

Código de Procedimiento Civil, 28 de agosto de 1902.

Ley N° 18.101, fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, 29 de enero de 1982.

Decreto Supremo N° 430, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, 21 de enero de 1992.

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, 16 de enero de 2003.

Decreto Supremo N° 100, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, 22 de septiembre de 2005.

Ley N° 20.084, establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, 7 de diciembre de 2005.

Decreto con Fuerza de Ley N° 4, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, 5 de febrero de 2007.

Ley N° 20.393, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, 2 de diciembre de 2009.

Notas

  1. Calzetta et al (2025), p. 95. ↑

  2. Zorzetto (2024), p. 17. ↑

  3. Ataoglu (2024), p. 268. ↑

  4. Ataoglu (2024), p. 268. ↑

  5. Agüero et al (2022), p. 231. ↑

  6. Estos son los cinco puntos que plantean los autores como necesarios para hacer visibles las operaciones realizadas por el juez. ↑

  7. Agüero et al (2024), p. 210. ↑

  8. Agüero y Sepúlveda (2024), p. 15. ↑

  9. Agüero et al (2022), p. 231. ↑

  10. Ponce con Barra (2025); Monte Oscuro S.A con Agrícola Super Ltda. (2025); Enap Refinerías S.A con Quera (2024); Venegas con Herrera (2021); Cruz con Eletrans II S.A (2021). ↑

  11. Castro con Schulz (2020). ↑

  12. Zorzetto (2024), p. 17. ↑

  13. Agüero (2017), p. 399. ↑

  14. Zorzetto (2013), p. 388. ↑

  15. Marcos (2025), p. 223. ↑

  16. Carrasco (2014), p. 254 y 273. ↑

  17. Carrasco (2014), p. 273. ↑

  18. Zorzetto (2024), p. 24. ↑

  19. Zorzetto (2024), p. 17. ↑

  20. Zorzetto (2013), p. 390. ↑

  21. Zorzetto (2024), p. 25. ↑

  22. Zorzetto (2013), p. 388. ↑

  23. Zorzetto (2013), p. 388. ↑

  24. Zorzetto (2024), p. 25. ↑

  25. Zorzetto (2024). ↑

  26. Por supuesto, estas expresiones son metáforas. Lo que ocurre, en un sentido lógico, es que un elemento de la norma general está en relación de géneroa-especie con un elemento de la norma especial. Esa relación de género-especie es el punto que debe ser fundamentado para que la especialidad opere adecuadamente. ↑

  27. Nótese que se dice “genérica” en el sentido de “común”. ↑

  28. Ataoglu (2022), p. 268. ↑

  29. De La Maza (2020), p. 111. ↑

  30. De La Maza (2020), p. 111. ↑

  31. Zorzetto (2024), pp. 15 y 36. ↑

  32. Zorzetto (2024), p. 17. ↑

  33. Marcos (2025), p. 245. ↑

  34. Marcos (2025), p. 245. ↑

  35. Marcos (2025), p. 250. ↑

  36. Marcos (2025), p. 251. ↑

  37. Guastini (1999), p. 438. ↑

  38. Guastini (1999), pp. 439-441. ↑

  39. Guastini (1999), p. 443. ↑

  40. Guastini (1999), pp. 439-440 y 443. ↑

  41. Guastini (1999), pp. 439 y 440. ↑