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Num. 47, 2025. Página 1 de 21
ARTÍCULO ORIGINAL | ARTICLE ORIGINAL OPEN ACCESS
Prescripción de la acción penal en delitos sexuales cometidos por adolescentes. Análisis al criterio jurisprudencial sobre aplicación del artículo 21 LRPA en la determinación de la naturaleza del delito y su impacto en los plazos de prescripción
Statute of limitations for criminal action in sexual crimes committed by adolescents. Analysis of the jurisprudential criterion on the application of article 21 LRPA in the determination of the nature of the crime and its impact on the limitation periods
Oriana Oviedo Carrasco
https://orcid.org/
Sebastián Alvarado Montes*
https://orcid.org/
RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis crítico al momento de aplicación de la rebaja de pena en un grado establecida en el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) para determinar la naturaleza del delito, y su impacto en el plazo de prescripción respecto a delitos sexuales cometidos por adolescentes. Para tales efectos, se analizaron todas las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema durante el año 2025 que acogieron recursos de amparo interpuestos en favor de adolescentes imputados por estos ilícitos, donde se observa un definido criterio jurisprudencial respecto al problema técnico señalado. Frente a la ambigüedad interpretativa de la norma, los autores entregan argumentos normativos, sistemáticos y político criminales que permiten rechazar de manera fundada el razonamiento seguido por el Máximo Tribunal, sosteniendo, en definitiva, que la clasificación entre crímenes, simples delitos y faltas cometidos por adolescentes debe efectuarse conforme a la pena en abstracto que la ley señale.
PALABRAS CLAVE
Prescripción, delitos sexuales, responsabilidad penal adolescente, derechos de las víctimas, menores de edad.
ABSTRACT
The objective of this paper is to carry out a critical analysis of the application of the reduction of sentence by one degree established in article 21 of the Law on Adolescent Criminal Responsibility (LRPA) to determine the nature of the crime, and its impact on the statute of limitations regarding sexual crimes committed by adolescents. For this purpose, all the judgments pronounced by the Supreme Court during the year 2025 that accepted amparo appeals filed in favor of adolescents accused of these crimes were analyzed, where a defined jurisprudential criterion is observed regarding the technical problem in question. In the face of the interpretative ambiguity of the norm, the authors provide normative, systematic and political-criminal arguments that allow the reasoning followed by the Supreme Court to be rejected in a well-founded manner, maintaining, in short, that the classification between crimes, simple offenses and criminal offenses committed by adolescents must be carried out in accordance with the penalty in the abstract that the law indicates.
KEYWORDS
Statute of limitations, sexual crimes, juvenile criminal law, victims’ rights, minors.
© 2025, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Este artículo se distribuye bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Esto permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que se dé el crédito apropiado a los autores y a la fuente original. Para más información, visite: https://creativecommons.org/
I. Introducción
Desde principios del siglo XX, el fenómeno de la criminalidad adolescente ha marcado un foco de interés en la legislación de los Estados modernos, desarrollándose un profundo debate criminológico, en una discusión inconclusa al día de hoy.1 Dentro de estos tópicos, se ha relevado la colisión entre la interacción del adolescente infractor con el sistema penal versus su adecuado desarrollo psicosocial, concepto último de naturaleza multifactorial, que abarca, entre otros aspectos, las relaciones con los miembros de su familia, dentro de su comunidad y la disponibilidad de oportunidades para el crecimiento y desarrollo personal.2
Dentro de las disciplinas llamadas a intervenir en la discusión sobre el discernimiento y la capacidad de responsabilidad de los adolescentes destaca la psicología del desarrollo, ciencia que estudia entre otras cosas, las fases evolutivas de los procesos mentales y de razonamiento de las personas.3 A la luz de lo predicado por los autores especializados en esta materia,4 se ha alcanzado el consenso de que existen diferencias sustanciales entre las capacidades de un adolescente y las de un adulto maduro, que legitiman y dan fisonomía al desarrollo de legislación penal especializada para adolescentes infractores.
En cumplimiento de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas a través de distintos instrumentos internacionales ha abordado normativamente la especialidad del derecho penal de adolescentes, por ejemplo en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores, las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, y muy especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño,5 que reconoce de manera explícita los principios de culpabilidad diferenciada, legalidad, especialidad, interés superior del niño, y debido proceso en clave reforzada,6 a través de derechos fundamentales, los que, atendido el tenor de la norma de reenvío contenida en el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República, se entienden incorporados en el ordenamiento jurídico interno con rango constitucional.7
Bajo la premisa de que la legislación chilena aplicable a menores de edad8 entraba en abierta contradicción con las obligaciones internacionales suscritas por Chile en materia de derechos humanos y, por tanto, con normativa de rango constitucional, se remite al Congreso en el año 2002 el Mensaje Presidencial N°68-347,9 que luego de tres años, lleva a la promulgación en el año 2005 de la Ley N°20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, con entrada en vigencia en el año 2007.
Según se ha esbozado, uno de los principios rectores del juzgamiento penal adolescente que inspira la norma interna a la luz de los instrumentos internacionales, es el principio de especialidad, bajo el cual se otorga al adolescente un trato más favorable que el que se aplica a los mayores de edad, tanto en el derecho penal sustantivo como en el derecho procesal penal. Atenta a este principio, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente -en adelante LRPA- expresamente estableció algunas reglas especiales, en relación con el tipo de sanciones aplicables, su forma de cumplimiento y de control de su ejecución, así como en relación con el procedimiento penal y las reglas de determinación de la sanción,10-11 previstas principalmente en el Título II y en el párrafo 5° del Título I de la Ley, respectivamente.
Para efectos de este trabajo, cobrarán especial relevancia las disposiciones especiales de la LRPA en materia de plazos de prescripción de la acción penal y del proceso de determinación de la pena, previstas en sus artículos 5 y 21, respectivamente.
II. Metodología
Este trabajo abordará la rebaja de pena prevista en el artículo 21 de la LRPA y la aplicación que le ha dado la Corte Suprema para determinar la naturaleza del delito -entre crimen, simple delito y falta- con su consecuente impacto en el plazo de prescripción respecto a delitos sexuales cometidos por adolescentes. Lejos de ser un problema técnico de reciente data, se trata de un debate presentado en las distintas Cortes de Apelaciones del país hace al menos diez años,12 con importantes variaciones en el último tiempo. En efecto, en el trienio 2023-2025 fueron dictadas por la Corte Suprema treinta y seis sentencias que abordaron directamente por vía de amparo el problema descrito en relación a distintos delitos cometidos por adolescentes, con un criterio jurisprudencial disímil,13 no siendo hasta el año 2025 donde éste se uniforma y se concentra exclusivamente en materia de delitos sexuales.
Entre enero y octubre del año en curso, han sido dictadas veinte sentencias de estas características, donde todas han decretado el sobreseimiento de los adolescentes infractores por prescripción de la acción penal, luego de considerar que la rebaja en grado del artículo 21 de la LRPA influye en la naturaleza del delito y, por tanto, en su plazo de prescripción.14
Hecho el esquema temporal, se observa un problema de carácter técnico que puede ser abordado desde distintas perspectivas dada la ambigüedad normativa de la legislación aplicable, con un aumento considerable en el número de causas seguidas a su respecto, que además podría seguir presentándose en lo sucesivo,15 aún con las modificaciones introducidas en la materia por la Ley N°21.527. Luego, se hace meritoria una revisión a la fundamentación que lleva el Máximo Tribunal para plantear en sus sentencias un criterio uniforme durante un año -buena parte de ellas en fallo unánime- en casos de esta especie, entregando variados argumentos que llevan a conclusiones distintas.
III. Prescripción De La Acción Penal Y Su Regulación En La Lrpa
De antigua data, la prescripción es una de las instituciones jurídicas más interesantes y que mayor controversia histórica ha provocado,16-17 tanto en su vertiente sustantiva como procesal. A través de ella, por el solo transcurso de un determinado lapso, se extingue la responsabilidad penal ya declarada en una sentencia firme, o se excluye la posibilidad de establecerla legalmente,18 refiriéndose el Código Penal chileno, en el primer caso, a la prescripción de la pena, y en el segundo, a la prescripción de la acción penal, también denominada “prescripción del delito” por algunos autores,19 de manera errada.
En virtud de la prescripción de la acción penal, transcurrido determinado plazo desde la ejecución de un delito, o desde que se pone fin al último acto consumativo frente a un delito permanente,20 sin que éste sea perseguido penalmente, por el solo ministerio de la ley, el Ministerio Público o el particular pierden el derecho a deducir acción contra el responsable.
Al tenor del artículo 94 del Código Penal, en el régimen de adultos la acción penal prescribe: (i) respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en quince años; (ii) respecto de los demás crímenes, en diez años; (iii) respecto de los simples delitos, en cinco años; y (iv) respecto de las faltas, en seis meses.
Ahora bien, en la normativa actualmente vigente los plazos de prescripción aplicables a los ilícitos cometidos por adultos difieren de aquellos que rigen a los adolescentes, pues el artículo 5 de la LRPA dispone que la prescripción de la acción penal de aquellas conductas constitutivas de crímenes es de cinco años, de dos años para simples delitos, y de seis meses tratándose de aquellas faltas por las que pueden responder los adolescentes mayores de dieciséis años, al tenor del artículo 1 de la citada ley.21-22 En palabras de Hernández, estos plazos más breves de prescripción que establece la ley respecto de los menores de edad obedecen a una consonancia con el principio de especialidad que informa todo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, además de estar en armonía con los ordenamientos jurídicos extranjeros que sirvieron de referencia para la legislación chilena.23
Esbozado lo anterior y, previo a abordar el nudo crítico de este trabajo, toca exponer el problema jurídico al que nos enfrentamos. Para ello, primeramente, debemos señalar que el artículo 21 de la LRPA -marco normativo relevante- establece distintas reglas para la determinación de la pena para adolescentes, y entre ellas, impone al juzgador la obligación de rebajar la pena en un grado al mínimo de los señalados por el delito correspondiente. En la actualidad jurídica nacional, se discute si dicha regla posee implicancias en materia de prescripción, entendiéndose, por un lado -en una interpretación adoptada uniforme y actualmente por la Corte Suprema- que la rebaja en grado contenida en el artículo 21 LRPA sí influye en la naturaleza del delito, y por tanto, en el plazo de prescripción de la acción penal; y por otro, que dicha norma posee como único campo de aplicación la determinación de la pena en concreto, y que por tanto, no puede influir en la naturaleza del delito, el que se rige estrictamente por la clasificación que efectúa en el legislador en el artículo 21 del Código Penal, atendiendo a la gravedad del hecho según la penalidad en abstracto que la ley señala para cada ilícito.24-25 Sin perjuicio de exponer una y otra postura, este trabajo defenderá la última tesis señalada, a través de distintos argumentos entregados en el acápite que continúa.
IV. Nudo crítico: clasificación entre crímenes, simples delitos y faltas en el juzgamiento penal adolescente
Atendiendo a las normas que operan en la materia, hemos señalado que la clasificación entre crímenes, simples delitos y faltas cometidas por adolescentes debe regirse por el criterio aplicable a adultos, al ser el único que contempla el Código Penal, este es, la penalidad impuesta en base a la gravedad que el legislador reconoce en cada delito.26
La idea expresada no es pacífica y ha sido objeto de debate en las jurisdicciones del país, indicándose en su contra que la distinción entre crímenes, simples delitos y faltas cometidos por adolescentes debe realizarse luego de rebajar la pena asignada por ley al delito en un grado al mínimo, en los términos del artículo 21 de la LRPA.27 Así, según esta tesis, un delito constitutivo de crimen, como la violación de persona mayor de 14 años -sancionado con presidio mayor en su grado mínimo a medio- mutaría a simple delito al ser cometido por un adolescente, ya que primero debería efectuarse la rebaja en grado, y luego proceder a clasificarlo como crimen, simple delito o falta, según la pena que resulte de la rebaja. Como puede apreciarse, adoptar una u otra postura no sólo importa una variación en la naturaleza del delito, sino que también en el plazo de prescripción de la acción penal, que se reduce de cinco años a dos, para adolescentes.
La tesis que está por determinar la naturaleza del delito con posterioridad a la aplicación de la rebaja de pena mencionada ha sido canalizada por las defensas de los imputados adolescentes ejerciendo la acción de amparo constitucional prevista en el artículo 21 de la Constitución Política. Tratándose de procesos penales seguidos por delitos sexuales, el ejercicio de esta acción ha sido particularmente fructífero, ya que, de efectuarse la rebaja en grado a la que se ha hecho referencia, todos los delitos sexuales contemplados en el Código Penal quedan situados en la escala de simples delitos, y la acción penal a su respecto prescribe tan sólo a los dos años desde su fecha de comisión por el imputado adolescente, con excepción del delito de violación de persona menor de 14 años, a partir del año 2022.28
Conociendo de estas acciones de amparo, las distintas Cortes de Apelaciones del país han orientado los fallos mayoritariamente por su rechazo, por razones de forma y fondo,29 relacionadas tanto con la improcedencia del recurso de amparo en desmedro del recurso de apelación para impetrar decisiones de primera instancia, como por la negativa a efectuar la rebaja en grado de la LRPA para efectuar la clasificación tripartita del ilícito objeto de la persecución penal, disponiendo, en definitiva, que la acción penal no se encuentra prescrita, y por lo tanto, no es procedente el sobreseimiento definitivo del infractor por prescripción.
En este escenario, las defensas de los imputados adolescentes recurrieron de apelación para ante la Excelentísima Corte Suprema, Tribunal que en todas las sentencias pronunciadas durante el año 2025 sobre la materia, revocó las resoluciones de primera instancia, acogiendo los recursos de amparo impetrados,30 al estimar que para considerar un hecho delictivo como crimen, simple delito o falta -y con ello determinar su plazo de prescripción- primeramente debe efectuarse la rebaja en grado que mandata el artículo 21 de la LRPA. Según se ha dicho, esta uniformidad permite afirmar que se trata de un criterio asentado jurisprudencialmente.31
Como se señaló en la parte metodológica, para estos efectos fueron revisadas todas las sentencias dictadas durante el año 2025 por la Corte Suprema en la materia, examen que da cuenta de una misma estructura en todos los pronunciamientos, bajo el siguiente orden:
1. En los primeros dos considerandos de las sentencias, la Corte deja constancia que el amparado era menor de edad a la fecha de comisión de los hechos, por lo que a su respecto resultan aplicables las normas de la LRPA, especialmente los plazos de prescripción del artículo 5 (cinco años para crímenes y dos años para simples delitos), los que se computan conforme al artículo 95 del Código Penal, es decir, desde el día que se cometió el delito.
2. En el considerando tercero, la Corte señala el delito sexual por el cuál fue formalizado el adolescente, asocia esa figura con el artículo 21 LRPA, para finalmente mutar su naturaleza a la de un simple delito y extender los efectos de esta calificación a la prescripción de la acción penal. El vínculo es establecido a través de dos expresiones: (i) Señalando que “corresponde aplicar lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley N°20.084, circunstancia que provoca situar el ilícito dentro de la categoría de simple delito y, por lo tanto, sujeta a un tiempo de prescripción de la acción penal de dos años” y (ii) Señalando que “conforme al artículo 21 de la Ley N°20.084, la sanción a imponer sitúa estos hechos en la categoría de un simple delito y, por lo tanto, sujeta a prescripción de la acción, en el plazo de dos años”.
La primera forma a través de la cual se vincula el delito -y su pena en abstracto- con el artículo 21 de la LRPA adolece de una falta de fundamentación, pues se limita a indicar que “corresponde aplicar lo preceptuado” en dicha norma, sin explicitar (a) el contenido de ella; (b) cómo es que su tenor hace variar la naturaleza jurídica del delito, ni (c) por qué los efectos de esta nueva calificación resultan aplicables a la prescripción de la acción penal. A través de la segunda vía, especialmente la expresión “la sanción a imponer sitúa estos hechos en la categoría…” la Corte permite conocer el motivo detrás de su decisión: afirma que la pena en concreto es el factor que determina la naturaleza jurídica del delito -en crimen, simple delito o falta- y con ello, el plazo de prescripción de la acción penal que resulta aplicable.
Como será indicado, no compartimos la estructura argumentativa que hace la Corte en esta parte del fallo, pues esta premisa confunde los campos de aplicación de la pena que establece el legislador para cada delito, en abstracto, y la pena concreta a la que se llega luego del proceso de determinación establecido en el régimen adolescente. De esta manera, la Corte se está a la sanción concreta para efectuar una clasificación que debe realizarse en abstracto, pues no mira a las particularidades del caso, sino que a la gravedad de uno u otro delito.
3. En el considerando cuarto y siguientes, la Corte señala la posible fecha de comisión del delito e indica que sólo la formalización de la investigación suspende el cómputo de la prescripción de la acción penal,32 para luego proyectar dos años desde la fecha de comisión, resolviendo: (i) declarar el sobreseimiento total y definitivo de los antecedentes por prescripción de la acción penal, o (ii) ordenar al juez de garantía convocar a la brevedad a los intervinientes a audiencia de sobreseimiento, para debatir lo que en derecho corresponda.
No compartimos la línea jurisprudencial que ha sido adoptada por la Corte Suprema frente a este problema técnico, y para fundar nuestra postura entregaremos cuatro argumentos acumulativos, que abordarán: (A) la evolución de la LRPA y la hermenéutica jurídica en torno a su artículo 21; (B) una revisión sistemática de la LRPA al aplicar el criterio de la Corte Suprema, que conduce a resultados ilógicos en relación a la punibilidad de las faltas y respecto a las disposiciones de la Ley N°21.430; (C) el principio de proporcionalidad de la sanción penal y su coexistencia con el principio de flexibilidad, propio de la especialidad del juzgamiento penal adolescente; y (D) un argumento de naturaleza política criminal que refuerza la necesidad de interpretar restrictivamente los plazos de prescripción.
A. Evolución de las normas de la LRPA
Con reconocimiento normativo en el artículo 19 inciso segundo del Código Civil,33 el elemento histórico es aquel que permite establecer el sentido y alcance posible atendiendo a la historia del texto legal,34 al cual conviene recurrir para estos efectos.
Bajo una mirada retrospectiva, el artículo 21 de la LRPA ha tenido tres distintas redacciones producto de dos reformas legales, cuyo estudio, lejos de entregar una respuesta clara al problema técnico presentado, da cuenta de ambigüedades interpretativas (véase tabla 1).
Tabla 1. Versiones del artículo 21 de la LRPA
Redacción original | Redacción modificada por Ley N°20.191 | Redacción modificada por Ley N°21.527 |
Pena asignada a los delitos. Para los efectos de la presente ley, se entenderá que la pena asignada al delito cometido por un adolescente es la inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente. | Reglas de determinación de la extensión de las penas. Para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente, las reglas previstas en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código. | Reglas para la determinación de la pena de base. Para establecer la pena que servirá de base a la determinación de la que deba imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para cada uno de los delitos correspondientes, las reglas previstas en los artículos 50 a 78 del Código Penal que resulten aplicables, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código. No se aplicará por ello ninguna de las demás disposiciones que inciden en la cuantificación de la pena conforme a las reglas generales incluyendo al artículo 351 del Código Procesal Penal. |
En su versión original, la redacción del artículo 21 de la LRPA permitía una interpretación favorable con el criterio actual de la Corte Suprema en la materia objeto de este trabajo, toda vez que entendía que la “pena asignada por ley al delito” correspondía a la resultante luego de la rebaja, la que determinaría a su vez la naturaleza de crimen, simple delito o falta del ilícito, conforme la opinión de la doctrina de la época.35
Con fecha 02 de junio de 2007 es publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.191,36 que modificó el precepto en comento, siendo uno de sus objetivos la determinación del sentido de las expresiones crimen, simple delito y falta en el régimen penal de adolescentes, previniendo dudas interpretativas y problemas de operatividad. Así consta en el boletín que dio origen a la ley, en los siguientes términos:
“Una de las cuestiones que puede producir incertidumbre en el operador de la ley que se modifica, es la diversidad de interpretaciones a que, eventualmente, dan lugar algunas de sus disposiciones. Ello acontece con aquellas contenidas en los artículos 6, 21, 22, 23 y 32, las que están determinadas por el sentido que se le atribuya a las expresiones ‘crimen’, ‘simple delito’ o ‘falta’. Dichas dudas interpretativas se solucionan estableciendo que la pena a considerar en estas disposiciones será aquella abstracta que el delito tenga asignada, de acuerdo a la normativa penal general o especial, según sea el caso”.37
Como puede apreciarse, la intención que tenía el proyecto en dirección a resolver el asunto era aclarar que la clasificación del ilícito como crimen, simple delito o falta debía realizarse atendiendo a la pena en abstracto que el legislador haya establecido tipificar el respectivo delito, de la misma manera que en el régimen de adultos.38 Podría criticarse a este argumento el hecho de que el mensaje presidencial disponga la interpretación de los conceptos crimen, simple delito y falta sólo a cinco artículos, omitiendo en este listado al artículo 5, relativo a prescripción. Tratándose de una omisión palmaria, la crítica es legítima, sin embargo, entendemos que no resulta adecuado extender la interpretación a la institución de la prescripción, al emanar ella de la naturaleza misma del delito -crimen, simple delito o falta- como se prevé en el artículo 5 de la LRPA, tal como lo hace el artículo 94 del Código Penal.
De la referida modificación legal y los problemas interpretativos a los que daba origen la redacción original dan cuenta Núñez y Vera, al señalar:
“Este artículo 21, fue objeto de una modificación posterior a la promulgación de la LRPA, por la Ley N° 20.191. La misma, pretendió despejar algunas dudas que surgieron del texto original, respecto de cuál era marco penal abstracto aplicable a los adolescentes. Del antiguo texto contenido en el artículo 22, se podía colegir que el marco penal abstracto contemplado en el nuevo sistema, era el correspondiente a los adultos, más la rebaja en un grado. Este entendimiento de la norma generaba problemas, por ejemplo, en la definición del concepto de crímenes, simples delitos y faltas para adolescentes, pues si se consideraba que el antiguo artículo 22 contenía un marco penal abstracto, de ello resultaba que todos los tipos penales, previstos en el Código Penal o en leyes especiales, que dentro de su régimen penal contemplaban como sanción mínima penas mayores en su grado mínimo, en el estatuto de adolescentes aplicada la rebaja, debían ser considerados como simples delitos”.39
En el año 2023 el artículo 21 de la LRPA nuevamente fue objeto de una modificación, esta vez por la Ley N°21.527, de aplicación gradual.40 Amén de reforzar la ambigüedad interpretativa existente respecto a esta norma, los términos en los que queda redactado el artículo dan lugar a dos nuevas interrogantes: (i) qué debemos entender por el concepto de pena de base para el sistema penal adolescente y (ii) cuál es el campo de aplicación de esta institución. A lo primero, la norma es clara en señalar que la pena de base para imputados adolescentes parte “de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para cada uno de los delitos correspondientes”. Luego, ante el tenor de la norma y el carácter funcional que otorga a la pena de base, entendemos que su campo de aplicación queda limitado a la determinación de la pena en concreto, y no puede extenderse a otros efectos como la prescripción de la acción penal, pues, ante todo, su objetivo es servir de base “para la determinación de la (pena) que deba imponerse”.
La idea planteada puede ser objeto de críticas,41 sosteniendo, por ejemplo, que esta reforma no clarifica el debate, por cuanto sigue utilizando un lenguaje vago que no posiciona a nuestra opinión como la única posible. El núcleo de este planteamiento es cierto, pues, con el tenor actual del precepto no puede desprenderse una intención inequívoca del legislador y la discusión interpretativa se mantiene, sin embargo, ello no obsta a que nuestra interpretación sea preferible, habida consideración de los argumentos acumulativos entregados.
En este orden de ideas, al sancionar el legislador determinada conducta con una pena de presidio mayor o presidio menor -pena de crimen o simple delito, respectivamente- lo hace en miras al disvalor jurídico del hecho, en abstracto, y no al sujeto que ejecuta la conducta. Materia distinta es la capacidad de culpabilidad disminuida del adolescente, que lleva a efectuar un tratamiento distinto en cuanto a la determinación y aplicación de la sanción penal concreta,42 aspectos que importan campos de aplicación distintos que no se deben confundir.
B. Revisión lógico-sistemática de la LRPA
La tesis que sostiene que la pena en abstracto para adolescentes infractores es la que se obtiene luego de la rebaja en un grado desde el mínimo de la pena conduce a resultados asistemáticos respecto a la punibilidad de las faltas cometidas por adolescentes.
En armonía con esta interpretación, todos los simples delitos sancionados con pena de presidio menor en su grado mínimo, o con su tramo inferior situado en este grado, automáticamente se convertirían en faltas penales, al tenor del artículo 21 de la LRPA, y, por ende, serían atípicos al ser cometidos por adolescentes, atendida la regla de exclusión contemplada en el artículo 1 inciso final de la LRPA,43-44 bajo la cual “tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 26, del Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº20.000”.
Sin perjuicio de las características que han sido indicadas respecto a la especialidad del derecho penal de adolescentes en contraste al régimen penal aplicable a los adultos, se debe recordar que la LRPA nace con el principal objetivo de hacer responsables a los menores de edad por la comisión de hechos delictivos. En otras palabras, el sistema de responsabilidad penal que hoy rige en nuestro país se estructura en base a un modelo que busca conciliar la asunción de responsabilidad con la idea de educar y reinsertar socialmente a estos actores,45-46 de allí que plantear una tesis como la que extiende el campo de aplicación del artículo 21 provoca situaciones de impunidad desmedidas, aun cuando el imputado es menor de edad.
Un segundo punto que conviene tratar en este apartado dice relación con un análisis sistemático entre la LRPA y las disposiciones de la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.47 Doctrina reciente ha sostenido la concordancia de la postura sostenida por la Corte Suprema en esta materia con las disposiciones de la referida ley,48 texto legal cuyo objetivo principal es garantizar y proteger el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en especial de los derechos humanos.49 Al efecto, se trae a colación el artículo 3 de la Ley N°21.430, que establece reglas interpretativas de las normas que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, específicamente sus incisos tercero y cuarto, relativos a las limitaciones y restricciones que puedan afectar estos derechos.50
Una lectura aislada de dicha norma permitiría adherir al argumento, sin embargo, el planteamiento no resulta convincente, pues olvida que la Ley N°21.430 en su artículo 7 regula a su vez la hipótesis de conflicto de los derechos de dos o más menores de edad, por ejemplo, la colisión de derechos del adolescente infractor con los de la víctima menor de edad.51 Para la determinación de la interpretación aplicable, conforme al interés superior, la norma entrega una serie de factores orientadores, mandatando entre ellas a considerar “cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, niña o adolescente que haga necesaria una protección reforzada”.52 Verificándose esta colisión, entendemos que la situación de desventaja en la que se encuentra la víctima menor de edad amerita una protección reforzada que hace inaplicable este argumento, no sólo por las perniciosas consecuencias que genera la comisión del delito sexual en el desarrollo psíquico del niño, niña o adolescente, sino también por el contenido y alcance del estatuto jurídico de la víctima en el ordenamiento jurídico nacional, consagrado tanto en disposiciones legales como normativa de rango constitucional.53 Sobre esta colisión se volverá en el siguiente apartado.
C. Proporcionalidad de la sanción penal y flexibilidad del régimen de responsabilidad penal adolescente
Como bien indica Díaz, pese a la flexibilidad que emana de su carácter especialísimo, no puede pasarse por alto que el derecho penal juvenil sigue teniendo naturaleza penal, y en tal sentido, resulta esencial la incorporación de otros principios propios de un modelo acorde con un Estado Democrático de Derecho, específicamente aquel según el cual debe existir proporcionalidad entre el hecho y la sanción.54
Desde una perspectiva en abstracto, la proporcionalidad implica que el establecimiento de conminaciones penales debe realizarse basándose en una valoración racional del hecho antijurídico, específicamente en cuanto a la gravedad del injusto,55 y al daño causado por éste.56 Para efectuar esta evaluación, la opinión mayoritaria de la doctrina italiana apunta a determinar -como primer paso- la finalidad de la regla de conducta establecida por el legislador, la cual puede consistir en la necesidad de proteger un derecho fundamental ajeno, o bien en la consecución de un interés público.57-58
En Chile, la protección de bienes jurídicos que a través de los delitos sexuales se efectúa, se encuentra íntimamente ligada con la Constitución Política de la República y los derechos fundamentales que en ella se garantizan, específicamente al tenor del artículo 19 N°1, que asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. En este sentido se pronuncian Matus y Ramírez:
“La Constitución no contempla expresamente la libertad, indemnidad o integridad sexuales como derechos a garantizar. Sin embargo, su vinculación fáctica con la protección de la vida y la integridad física, psíquica y moral nos permite, sin forzar el texto constitucional, incorporar su protección a la de la integridad personal, como concepto comprensivo de todas esas dimensiones”.59
Luego, atento a las conductas sancionadas a través de los delitos sexuales previstos en el Código Penal chileno, puede advertirse que en ellas descansa un núcleo de pluriofensividad, donde se afecta la libertad sexual, la integridad física y psíquica,60 la integridad moral, y en algunos casos, la vida y la seguridad personal,61 bienes jurídicos de tal relevancia que hacen meritorio una protección penal reforzada, por la magnitud del daño que generan en las víctimas, y la especial situación de vulnerabilidad de éstas.
Planteada la gravedad que involucra la comisión de un delito sexual, cabe preguntarse si el interés superior del niño sumado a la flexibilidad del derecho penal juvenil impide la inclusión del principio de proporcionalidad en el juzgamiento penal de menores de edad. La respuesta a esta pregunta debe ser negativa, partiendo de la base de que la filosofía de la LRPA no obliga al juzgador a negar o minimizar la entidad del delito por el hecho de haber sido cometido por un adolescente, sino que prohíbe juzgar este último con mayor severidad que a un adulto,62 estableciéndose respecto a este sistema una suerte de límite a la discrecionalidad judicial.63 En otras palabras, Díaz indica: “En efecto, si bien la idea del interés del menor se puede entender como consideración primordial que impregna el modelo de reacción frente al menor infractor de una preponderancia de la prevención especial, no se debe olvidar que la gravedad del hecho debe operar como límite”.64
La colisión referida en este punto no ha escapado del análisis jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema, específicamente, en votos disidentes que han estado por confirmar las resoluciones de primera instancia y rechazar el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, refiriendo, en lo medular:
“3°) Que, por lo anterior, se deben ponderar los bienes jurídicos que se encuentran en colisión, a fin de determinar la interpretación que resulta más adecuada a nuestro sistema jurídico, considerando el mismo en forma integral, esto es, poniendo razón a las normas constitucionales y señaladas en Tratados Internacionales que resulten aplicables. 4°) Que, el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, garantiza el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, el N° 2 prohíbe las diferencias arbitrarias, en tanto que el N° 3 otorga especial protección y garantiza los derechos de la víctima en el proceso penal. A su turno, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ordena que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, se atenderá como consideración primordial a su interés superior.
5°) Que la Ley N° 20.084 establece una normativa que busca proteger al adolescente infractor, más ella no hace referencia al niño o niña víctima del delito, de ahí que no corresponda privilegiar su aplicación, en desmedro de la regla del Código Penal, en uso del principio de especificidad.
7°) Que, finalmente, privilegiar la protección de la víctima niña y no del infractor adolescente, importa únicamente una afectación parcial al principio de especialidad que lo ampara, quien conserva el resto de las disposiciones que lo protegen, especialmente, en lo relativo a las sanciones que por el cometimiento del delito le son aplicables”.65
Las mismas consideraciones se aprecian en un fallo unánime de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción de septiembre de 2025, que estuvo por rechazar el recurso de amparo interpuesto en favor de un adolescente imputado por delitos sexuales cometidos en perjuicio de una víctima de diez años, señalando, dentro de su fundamentación:
“9°) Que, en este contexto, la colisión entre el derecho del imputado adolescente a la seguridad jurídica y el derecho de la víctima a la verdad, justicia y reparación debe resolverse privilegiando a la niña víctima, dado su mayor grado de vulnerabilidad y la obligación estatal de asegurar el acceso efectivo a la justicia en estos delitos. La prosecución del proceso, dentro de un debido proceso, se erige como la solución más conforme a Derecho y evita la impunidad.
10°) Que, además, debe recordarse que el acceso a la justicia en casos de violencia sexual constituye en sí mismo una forma de reparación integral, pues reafirma la dignidad de la víctima, reconoce al agravio sufrido y garantiza que el Estado cumpla sus deberes internacionales. Por ello, descartar la prescripción en este estadio no solo se ajusta a la normativa interna, sino que constituye una exigencia de responsabilidad internacional del Estado de Chile”.66
Como ya fue señalado en este trabajo,67 la problemática que se verifica en la especie da cuenta de una tensión entre derechos de similar jerarquía que requiere de una ponderación en concreto, pues, tanto el principio de especialidad del derecho penal juvenil como el interés superior del niño, niña o adolescente poseen rango constitucional, principio último que también se extiende al adolescente infractor. En esta situación, complementando los argumentos que ya fueron expresados, entendemos que una adecuada resolución de la colisión debe privilegiar a la víctima, desde una doble dimensión: para dar cumplimiento al estatuto reforzado de derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce, así como para evitar establecer diferencias arbitrarias en el tratamiento que se le da con respecto al infractor.
D. Política criminal: el rol del tiempo en la develación de los delitos sexuales
Los argumentos precedentes demuestran que la interpretación de la Excelentísima Corte Suprema es incorrecta desde una perspectiva normativa, sistemática y de proporcionalidad. Adicionalmente, un análisis de las características particulares de los delitos sexuales refuerza la necesidad de interpretar restrictivamente los plazos de prescripción.
Una característica propia de la fenomenología de los delitos sexuales -especialmente cuando son cometidos en contra de víctimas menores de edad- es la develación tardía de los hechos,68 es decir, una demora por parte de la víctima en relatar a terceros lo ocurrido, lo que puede fundarse en motivos de distinta naturaleza. Al respecto, la literatura especializada identifica múltiples barreras que afectan a las víctimas de delitos sexuales a nivel de la develación, agrupándolas en tres ámbitos, a saber: (i) barreras internas, destacando en este grupo la autoculpabilización, la vergüenza y el miedo; (ii) barreras interpersonales, mencionando en este ámbito la disfunción familiar, la escasa o nula presencia de redes de apoyo y los roles de género; y (iii) barreras sociales o culturales, destacándose en este punto la estigmatización, el tabú en temas afectivo-sexuales, y la perpetuación de la hipermasculinidad.69
En este orden de ideas, el legislador chileno ha manifestado una constante preocupación por los menores de edad víctimas de delitos sexuales y su proceso de develación, consagrando el denominado “derecho al tiempo” a través de la aprobación de una serie de reformas en materia de prescripción de la acción penal respecto a estos delitos,70 lo que culminó en 2019 con la publicación de la Ley N°21.160 que declara como imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad,71 aun con críticas por parte de la doctrina.72
De manera transversal, la búsqueda de justicia en casos de delitos sexuales se ve especialmente complejizada antes y durante la investigación, sin perjuicio de las dificultades que pueden presentarse durante la etapa de juzgamiento propiamente tal. Así, volviendo sobre el punto inicial, la develación del delito puede verse demorada por múltiples razones, siendo uno que afecta a víctimas de todas las edades el hecho de convivir con el agresor, al presentarse los delitos en una lógica comunicacional que impide la develación debido a que el agresor manipula la confianza.73 Luego, tan pronto se ponen en conocimiento de la autoridad los hechos, la labor investigativa también se presenta como un escenario difícil, habida consideración de las dificultades probatorias propias de este tipo de delitos.74
Una adecuada comprensión de la fenomenología de los delitos sexuales lleva a entender que las víctimas de este tipo de violencia deben ser sujetos de especial protección por parte de las personas involucradas en la investigación y juzgamiento penal, donde las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales deben estar orientadas a una protección reforzada de las víctimas, habida consideración de las consecuencias que en ellas generan este tipo de ilícitos.
V. Conclusiones
El fenómeno de la criminalidad adolescente, por la naturaleza del sujeto involucrado, importa un tratamiento especial y diferenciado en cuanto al juzgamiento penal, carácter que es recogido en las distintas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
En este trabajo, se ha puesto en evidencia un problema técnico ocasionado por la ambigüedad de las normas que sirven para determinar la pena asignada por ley al delito dentro del régimen penal adolescente, y, en consecuencia, la naturaleza del ilícito y su plazo de prescripción. Frente a esta problemática -de larga data, según fue expuesto- la Corte Suprema ha modificado su criterio con el paso de los años, decantándose de manera uniforme durante el año 2025 por aplicar la rebaja en grado del artículo 21 de la LRPA de manera previa a la clasificación del delito como crimen, simple delito o falta, bajo una estructura argumentativa, a nuestro juicio, errada.
Para fundar nuestra opinión divergente al criterio del Máximo Tribunal, se ha recurrido a una serie de argumentos acumulativos, de distinta naturaleza, que en lo medular permiten entender que: (i) el legislador nacional no ha manifestado un criterio inequívoco al regular el contenido del artículo 21 de la LRPA, lo que queda en evidencia en una serie de reformas legales, así, en distintos contextos temporales, es posible variar la respuesta a la pregunta de investigación planteada; (ii) seguir el criterio adoptado por la Corte Suprema en la actualidad conduce a resultados asistemáticos, ya que, de una parte, convierte en atípicos todos los simples delitos sancionados con pena de presidio menor en su grado mínimo, o con su tramo inferior situado en este grado, y de otra parte, no se condice con las disposiciones de la Ley N°21.430, plenamente aplicables al caso; (iii) la flexibilidad del derecho penal juvenil no excluye la aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción penal, el que cumple una función clave a la hora de relevar la gravedad de los delitos sexuales y las consecuencias que de él emanan; y (iv) relacionado con lo anterior, la fenomenología de los delitos sexuales refuerza la necesidad de interpretar los plazos de prescripción de forma restrictiva.
Luego de este análisis, entendemos como una adecuada solución de lege data, efectuar la clasificación entre crímenes, simples delitos y faltas cometidas por adolescentes conforme al mismo criterio aplicable a adultos, al ser el único que contempla el Código Penal, basándose para ello en una lectura conjunta de los cuatro argumentos desarrollados. Por otro lado, urge una reforma legal que clarifique el sentido y alcance de estas normas, por lo que, como propuesta de lege ferenda, resultaría conveniente añadir un segundo inciso al artículo 5 de la LRPA, del tipo “para efectos de este artículo, se entenderá por crímenes, simples delitos o faltas, aquellos delitos que, con prescindencia de lo dispuesto en el artículo 21, sean sancionados en la ley respectiva con penas de presidio mayor, presidio menor, o prisión”.
Declaración de contribución de autoría CrediT
Oriana Belén Oviedo Carrasco: Redacción, revisión y edición.
Sebastián Alvarado Montes: Redacción y borrador original.
Implicancias éticas
Este estudio se elaboró a partir de una revisión bibliográfica y análisis doctrinario y normativo, sin involucrar investigación con seres humanos ni utilización de datos personales sensibles.
Financiación
Los autores no declaran fuentes de financiamiento.
Conflictos de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés en relación con la elaboración o publicación de este artículo.
Agradecimientos
Los autores no declaran agradecimientos.
Datos de investigación
El presente artículo se sustenta exclusivamente en fuentes bibliográficas, normativas y documentales de acceso público. No se generaron ni recopilaron datos cuantitativos o cualitativos originales, por lo que no existen conjuntos de datos asociados.
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Wehrhahn Barría Lucas contra 11° Sala Corte de Apelaciones de Santiago (2025): Corte Suprema, de 25 de junio de 2025, rol 21.783-2025.
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Cantín Aguirre Rodrigo Osvaldo contra Juzgado de Garantía Antofagasta (2025): Corte Suprema, de 28 de julio de 2025, rol 28.194-2025.
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Miranda Villalobos Sergio Andrés contra Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena (2025): Corte Suprema, de 16 de octubre de 2025, rol 41.533-2025.
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González Mardones Joan Miguel con 9° Juzgado de Garantía de Santiago (2025): Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 de marzo de 2025, rol 904-2025.
Rubén Darío Berrocal Raín con Juzgado de Garantía de San Pedro de La Paz (2025): Corte de Apelaciones de Concepción, de 15 de mayo de 2025, rol 256-2025.
Madrid Silva Ernesto Octavio con 1° Juzgado de Garantía de Santiago (2025): Corte de Apelaciones de Santiago, de 12 de junio de 2025, rol 2.266-2025.
Diego Ignacio Contardo Muñoz con 15° Juzgado de Garantía de Santiago (2025): Corte de Apelaciones de San Miguel, de 19 de junio de 2025, rol 821-2025.
Bastián Ignacio Cifuentes Pérez con Juzgado de Garantía de Chiguayante (2025): Corte de Apelaciones de Concepción, de 24 de septiembre de 2025, rol 572-2025.
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Ley N°19.696, establece código procesal penal, 12 de octubre de 2000.
Ley N°20.084, establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, 07 de diciembre de 2005.
Ley N°20.191, modifica la ley n°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, 02 de junio de 2007.
Ley N°21.153, modifica el código penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, 03 de mayo de 2019.
Ley N°21.160, declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, 18 de julio de 2019.
Ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, 15 de marzo de 2022.
Ley N°21.483, modifica el código penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, 24 de agosto de 2022.
Ley N°21.527, crea el servicio nacional de reinserción social juvenil e introduce modificaciones a la ley n°20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, 12 de enero de 2023.
Notas
Reyes (2019), p. 3. ↑
Suppiej et al (2025), pp. 1-6. ↑
Couso y Duce (2013), p. 28. ↑
Al respecto, Burke (2011), p. 383, señala que buena parte de los comportamientos asociados a la etapa adolescente -como el descontrol en el manejo de emociones, la despreocupación por las consecuencias de los actos, el comportamiento sexual activo, las dificultades en la resolución de problemas cotidianos y el reducido control de impulsos- encuentran su origen en el desarrollo tardío del lóbulo frontal, la última parte del cerebro en madurar, que incluso continúa desarrollándose hasta la adultez temprana. En el mismo sentido, Arain et al (2013), p. 450 y Farmer (2011), p. 87. ↑
Promulgada por Chile a través del Decreto N°830, de 1990. ↑
Un completo e interesante desarrollo de las formas en que el derecho penal juvenil ha sido abordado en el derecho internacional se puede encontrar en Cillero y Vitar (2022), pp. 16-21. ↑
Reyes (2019), pp. 12 y 13, indica que los derechos fundamentales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño son de carácter penal sustantivo, procesal y de ejecución, y que además son vinculantes para toda persona, institución, grupo y a todos los órganos del Estado con competencia penal adolescente. ↑
En su redacción original, el artículo 10 del Código Penal chileno disponía que estaban exentos de responsabilidad penal los menores de dieciséis años, así como los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, a no ser que constara que habían obrado con discernimiento, caso en el cual su tratamiento penal era el sistema que regía para los adultos, con una rebaja de pena. Como señala Cillero, dicha regulación se estructuraba conjuntamente en base a un criterio cronológico, que excluía de responsabilidad penal a los menores de dieciséis años, y un criterio psicológico, que exigía, para eximir de responsabilidad, un pronunciamiento judicial sobre el discernimiento con que habrían actuado los mayores de esa edad y menores de dieciocho años. Con todo, pese a la configuración de la eximente descrita, el artículo 29 de la Ley N°16.618 permitía que tanto los menores de dieciséis años como los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años infractores de ley puedan ser objeto de una medida como el régimen de libertad vigilada, o el internamiento en un establecimiento especial de educación. Véase, Cillero (2011), p. 202 y Berríos (2005), p. 162. ↑
En tales términos señala el Mensaje, “Desde un punto de vista jurídico, esta reforma se fundamenta en que la actual legislación de menores, en no pocas materias, entra en contradicción con disposiciones de la Constitución y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, en algunos casos, directamente vulneran estos cuerpos jurídicos”. ↑
Couso y Duce (2013), p. 420. ↑
Sobre el fundamento contenido del principio de especialidad véase, Couso (2012), pp. 267-322. ↑
Los problemas interpretativos respecto a las normas en conflicto se presentaron incluso con anterioridad a la derogación del artículo 369 quáter del Código Penal. Véase, Scognamillo (2022), pp. 173-182. ↑
Al respecto, los dos fallos dictados durante el año 2023 en la materia estuvieron por acoger de forma unánime los recursos de amparo impetrados y decretar el sobreseimiento por prescripción al considerar que la distinción entre crímenes, simples delitos y faltas se debe realizar conforme al resultado que se obtiene de la rebaja en grado del artículo 21 de la LRPA, criterio que se mantiene hasta finales del mes de agosto de 2024. En septiembre y octubre de 2024 el criterio varía y se rechaza la tesis anteriormente acogida, para volver a adoptarla a finales de ese año, y, como se ha señalado, terminar uniformándola durante el año 2025. Véase, como muestras representativas de estas etapas, Pizarro Pérez Leandro Antonio contra Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (2023), Matías Ignacio González Ramírez contra Juzgado de Garantía de Melipilla (2024), Seguel Aguilera Marcelo Alexis con Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción (2024) marcando la variación de criterio referida, y Bizama Moya Andrés contra Juzgado de Garantía de Río Bueno (2024). ↑
La referida uniformidad del criterio jurisprudencial durante el año 2025 ha llevado, por ejemplo, a que la página web del Centro Documental de la Corte Suprema (CENDOC) considere la respuesta a este problema como aquellos respecto a los cuales ha sido delimitada una línea jurisprudencial. Véase, https://juris.pjud.cl/
busqueda?Lineas_Jurisprudenciales (consultado con fecha 22 de diciembre de 2025). ↑Véase, Cerda (2024), pp. 238 y 239. ↑
Ortiz (2021), p. 153. ↑
Una síntesis de la evolución histórica de la prescripción penal que permite comprender su fundamento puede encontrarse en Cabezas (2021), pp. 78-82. ↑
Cury (2005), p. 797. ↑
En este sentido, Ortiz y Arévalo (2013), pp. 525 y 526; y Cury (2005), p. 800. En contra, Etcheberry (1998), p. 257. ↑
Garrido (2005), p. 392. ↑
La redacción de los artículos citados no incluye las modificaciones introducidas por la Ley N°21.527, publicada en el Diario Oficial con fecha 12 de enero de 2023, cuyas disposiciones comenzarán a regir gradualmente en plazos de 12, 24 y 36 meses a partir de su publicación. En su artículo 55, esta norma modifica el artículo 5 de la LRPA y aumenta los plazos de prescripción de la acción penal en buena parte de los delitos sexuales cuando son cometidos contra menores de edad, además de suspender el cómputo del plazo hasta que la víctima cumple dieciocho años. No obstante aquello, el problema técnico que en este trabajo se discute puede seguir presentándose en relación a los conceptos de crímenes y simples delitos en el sistema de juzgamiento penal adolescente. Véase, Cerda (2024), pp. 238 y 239. ↑
Lo anterior, sin perjuicio de una serie de crímenes y simples delitos mencionados en el inciso segundo del artículo, cuya acción penal prescribe en el plazo de diez o cinco años, respectivamente, si al momento de la perpetración de los hechos la víctima fuere menor de edad. ↑
Hernández (2011), p. 155. ↑
Delimitando el campo de aplicación del Código Penal respecto a la LRPA, la Corte Suprema ha señalado que “el Código Penal y las demás leyes penales especiales, tienen únicamente un carácter ‘supletorio’ respecto del sistema de responsabilidad penal consagrado en la Ley N°20.084, es decir, cumplen o integran lo que falta en esta ley, o remedian sus carencias”, pero que esta suplencia no opera con carácter mecánico o automático, sino que “necesariamente el precepto extraño en el que se busca auxilio, deberá reforzar, servir y vitalizar el sistema de responsabilidad penal adolescente creado por dicho cuerpo normativo, descartando naturalmente toda norma que contraríe no sólo su texto, sino también, conforme al inciso 2° del artículo 2° de La Ley N°20.084, los derechos y garantías que les son reconocidos a los adolescentes infractores, en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”. En Ministerio Público Fiscalía Local con Yeneri Cristian Navarro Silva (2024). ↑
Clasificación que ciertamente resulta de relevancia, el señalar el artículo 1 inciso segundo de la LRPA, que, en lo no previsto por esa ley son aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal. ↑
Fiscalía Nacional (2025), p. 1. ↑
En cuanto a las reglas de determinación de la extensión de las penas, la redacción actual del artículo 21 de la Ley N°20.084 dispone: “Para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente, las reglas previstas en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código”. ↑
Hasta antes de la dictación de la Ley N°21.483, de 2022, dicha afirmación era absoluta y todos los delitos sexuales previstos en el Código Penal eran sancionados con penas de presidio menor, o bien, con el inicio de su tramo en presidio mayor en su grado mínimo, lo que provocaba su desnaturalización al efectuar la rebaja en grado de la LRPA. Tras la referida reforma, el delito de violación de menor de catorce años -previsto en el artículo 362 del Código Penal- es sancionado con presidio mayor en sus grados medio a máximo, lo que impide que pueda ser considerado como simple delito, aún con la mencionada rebaja. ↑
En este sentido, Bastián Ignacio Cifuentes Pérez con Juzgado de Garantía de Chiguayante (2025), Diego Ignacio Contardo Muñoz con 15° Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Madrid Silva Ernesto Octavio con 1° Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Rubén Darío Berrocal Raín con Juzgado de Garantía de San Pedro de La Paz (2025) y González Mardones Joan Miguel con 9° Juzgado de Garantía de Santiago (2025). ↑
Durante el año 2025, la Corte Suprema pronunció veinte sentencias con el mismo criterio jurisprudencial en la materia. En orden cronológico: Jorquera Ovalle Rafael contra Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso (2025); González Mardones Joan Miguel contra Noveno Juzgado de Garantía de Santiago (2025); J.D.G.A contra 10° Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Castro Fernández Diego Arturo Alejandro contra Juzgado de Garantía de Villarrica (2025); Berrocal Rain Rubén Darío contra Juzgado de Garantía de San Pedro De La Paz (2025); García Orellana Antonio contra Juzgado de Garantía de Los Andes (2025); Wehrhahn Barría Lucas contra 11° Sala Corte de Apelaciones de Santiago (2025); Ayala Yllescas David Paul contra Noveno Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Valenzuela Saavedra Benjamín contra Tercera Sala Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua (2025); Madrid Silva Ernesto Octavio contra 1°Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Contardo Muñoz Diego Ignacio contra 15° Juzgado de Garantía (2025); Segovia Sanhueza Sebastián Renato contra 14º Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Cantín Aguirre Rodrigo Osvaldo contra Juzgado de Garantía Antofagasta (2025); Loyola Luengo Neicer Isaac contra 8° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (2025); Bahamonde Bravo Benjamín contra Cuarta Sala Corte de Apelaciones de Santiago (2025); NNA contra Octavo Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Mario Urtuya Araya contra Corte de Apelaciones de Talca (2025); V. I. R. F. contra Octavo Juzgado de Garantía de Santiago (2025); Cárcamo Mendoza Óscar Miguel contra Corte de Apelaciones de Coyhaique (2025) y Salgado Colil Pedro contra Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua (2025). ↑
Fierro y Walker (2025), p. 202. ↑
Este criterio corresponde a una reciente interpretación emanada de la Segunda Sala de la Corte Suprema respecto al artículo 233 del Código Procesal Penal, en virtud de la cual atribuye únicamente a la formalización de la investigación la aptitud para suspender el cómputo de la prescripción penal, negándole dicho valor a otros actos procesales como la denuncia y la interposición de la querella nominativa por hechos determinados. A título ejemplificativo, pueden verse los fallos dictados en Miranda Villalobos Sergio Andrés contra Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena (2025) en sus considerandos tercero y cuarto, Jaramillo Soto Javier contra Corte de Apelaciones Temuco (2025) en sus considerandos segundo y tercero, Leveque Pilgrim Franco contra Juzgado de Garantía Valdivia (2024) en sus considerandos tercero y cuarto, y Muñoz Arias Ladislao contra Corte de Apelaciones de Temuco (2024), en sus considerandos cuarto y quinto. Entendemos que este criterio es errado, por dos argumentos. En primer término, el artículo 233 a) del Código Procesal Penal no se refiere a la formalización como el único acto válido -entiéndase, exclusivo y/o excluyente respecto a otros- para suspender el curso de la prescripción, sino que lo menciona en una lógica de causa y efecto, donde la formalización de la investigación posee como efecto la suspensión de la prescripción, más no se trata del único acto que pueda originar dicha consecuencia legal. A lo anterior, debe sumarse una lectura conjunta del artículo 96 del Código Penal en relación al artículo 7 del Código Procesal Penal, donde el primero de ellos indica que la prescripción se suspende desde que el procedimiento se dirige contra el delincuente, y el segundo entrega una definición amplia de la primera actuación del procedimiento, entendiéndola como “cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible”. ↑
Dispone el referido precepto: “Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento”. ↑
Carbonell et al (2022), p. 37. ↑
Horvitz (2006), p. 104. En el mismo sentido, Cerda y Cerda (2007). ↑
Ley N°20.191, de 2007. ↑
Mensaje Presidencial N°170-355, remitido al Honorable Congreso Nacional con fecha 07 de mayo de 2007, contenido en el Boletín N°5.037- 07, que modifica la Ley N°20.084. ↑
Esta afirmación se refuerza con la modificación que efectuó la misma ley al artículo 32 de la LRPA respecto a la procedencia de la medida cautelar de internación provisoria, pasando de la redacción “la internación provisoria en un centro cerrado sólo será procedente tratándose de la imputación de crímenes” a “la internación provisoria en un centro cerrado sólo será procedente tratándose de la imputación de las conductas que de ser cometidas por una persona mayor de dieciocho años constituirían crímenes”. ↑
Núñez y Vera (2012), p. 181. ↑
Dispone el artículo primero transitorio de la Ley N°21.527 que la ley comenzará a regir en forma gradual conforme al siguiente cronograma: (1) Transcurridos 12 meses desde su publicación en el Diario Oficial, en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; (2) Transcurridos 24 meses desde su publicación en el Diario Oficial, en las Regiones de Maule, Bío Bío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena; y (3) Transcurridos 36 meses desde su publicación en el Diario Oficial, en las Regiones de Valparaíso, Del Libertador General Bernardo O’Higgins y Metropolitana de Santiago. ↑
En contra, Cerda (2024), p. 242. ↑
Difieren en cuanto al fundamento de la responsabilidad penal adolescente autores españoles como Muñoz Conde y García (2010), pp. 598 y 599, quienes indican que el tratamiento más benigno que conceden estas leyes no se funda en la capacidad de discernimiento, sino que en una decisión político-criminal por la que se considera que los menores de dieciocho años deben recibir una respuesta penal diferente y fundamentalmente educativa. En el mismo sentido, Cuello (2010), p. 3. ↑
Bajo dicho razonamiento, el delito de abuso sexual por sorpresa sería siempre atípico al ser cometido por un adolescente, al ser sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio en el artículo 366 bis inciso final del Código Penal. Dicha conclusión resulta inadmisible, toda vez que la Ley N°21.153, de 2019, que tipificó la figura penal en comento no efectúa distinciones en atención a la edad del autor, concentrándose el interés del legislador en acabar con la impunidad de estos actos, que “atentan directamente contra la honra, dignidad e integridad de las mujeres”. En: Boletín N°7606-07 que da origen a la Ley N°21.153. ↑
Regla que también podría excluir los cuasidelitos, de acuerdo con una posible interpretación esbozada por Hernández (2007), p. 202. ↑
Aguirrezabal et al (2009), p. 140. ↑
Así lo indica expresamente el artículo 20 de la LRPA, que al regular la finalidad de las sanciones y otras consecuencias, señala: “Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social”. ↑
Ley N°21.430, de 2022. ↑
Cerda (2024), p. 239, especialmente en nota al pie N°10. ↑
Estrada y Valenzuela (2023), p. 18. ↑
El artículo 3 de la Ley N°21.430 en sus incisos tercero y cuarto dispone: “Aquellas limitaciones de derechos que sean el resultado de una decisión de un órgano del Estado deben ser excepcionales, aplicarse por el menor tiempo posible y tener una duración determinada; sólo podrán tener lugar cuando estén previstas en la ley y sean estrictamente necesarias y proporcionales en relación con los derechos que pretenden proteger”, añadiendo que “se prohíben las interpretaciones que afecten la esencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. ↑
Al efecto, dispone la ley que en dichas situaciones se deben evaluar todos los elementos del interés de uno o varios o varios niños en una situación concreta, sopesando los distintos intereses involucrados en el asunto. ↑
Romero (2025), pp. 29 y 30. ↑
Aunque interesante, el contenido de dicho estatuto no podrá ser desarrollado en este trabajo por razones de extensión. Para mayor profundización véase, Tapia (2016), pp. 29-38 y Riego (2014), pp. 668-690. ↑
Díaz (2010), p. 298. ↑
Luzón (2025), p. 26. En el mismo sentido, Rettig (2018), p. 209. ↑
Muñoz Conde (2005), p. 134. ↑
Recchia (2020), pp. 139 y 140. ↑
A este respecto, indica Diez (2025), pp. 276-281, que una gran mayoría de la doctrina -tanto de corte tradicional como moderno- ha asignado al Derecho Penal sexual un enfoque social que plantea que las distintas figuras penales de este campo de estudio protegen tanto bienes sociales como individuales, y que, bajo este prisma, no puede afirmarse que los delitos sexuales buscan proteger bienes jurídicos individuales, sino, asimismo, adoptar una postura ante un determinado orden sexual. ↑
Matus y Ramírez (2021), p. 185. ↑
Sobre los perjuicios psicológicos que pueden generarse con la comisión de un delito sexual, Rodríguez (2021), p. 313, indica que estos se caracterizan por la aparición de ciertos síntomas o psicopatologías, como el trastorno por estrés postraumático, rechazo, desinterés, inhibición y fundamentalmente disfunción sexual, agregando que el perjuicio sexual puede afectar diversos ámbitos de la vida íntima de quien lo sufre, que pueden ser de índole afectiva, psíquica, reproductiva, estética, patrimonial y estrictamente sexual. ↑
Matus y Ramírez (2021), pp. 185 y 186. ↑
Díaz (2010), p. 300. ↑
Córdoba (2002), pp. 363-379. ↑
Díaz (2010), p. 301. En el mismo sentido, Abel (2003), p. 1086. ↑
Mario Urtuya Araya contra Corte de Apelaciones de Talca (2025). En el mismo sentido: Madrid Silva Ernesto Octavio contra Primer Juzgado de Garantía de Santiago (2025) y González Mardones Joan Miguel contra Noveno Juzgado de Garantía de Santiago (2025). ↑
Bastián Ignacio Cifuentes Pérez contra Juzgado de Garantía de Chiguayante (2025). ↑
Supra: IV, B, especialmente en su parte final. ↑
Fundación Amparo y Justicia (2020), p. 43. ↑
Alaggia et al (2019), pp. 260 y ss. ↑
Cabezas (2013), p. 387. ↑
Ley N°21.160, de 2019. ↑
Por todos, véase, Cabezas (2019), pp. 275-294. ↑
Huerta et al (2019), pp. 78 y 79. ↑
Sobre las dificultades probatorias en casos de violencia sexual, véanse, Wittwer (2023), pp. 673-690; Ragués (2021), p. 247 y Cerda (2019), pp. 209-233. ↑