ISSN 2735-6337 versión en línea
DOI: http://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2025.n47.06
Num. 47, 2025. Página 1 de 20

ARTÍCULO ORIGINAL | ARTICLE ORIGINAL OPEN ACCESS

Sobre el hecho o hechos que suspenden la prescripción de la acción penal. Interpretación de la ley y límites

On the event or events that suspend the statute of limitations for criminal proceedings. Interpretation of the law and limits

Francisco Caamaño Campos*

*Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

https://orcid.org/0009-0000-6573-9584

RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la institución de la suspensión de la acción penal, específicamente en lo relativo a la determinación del momento y de los actos que la provocan, partiendo desde lo indicado por el legislador en el artículo 96 del Código Penal, procurando conseguir sentar las bases y los argumentos que permitan sustentar debidamente una interpretación restrictiva por parte de los Tribunales de Justicia en base a los postulados garantistas.

PALABRAS CLAVE
Suspensión, acción penal, código penal.

ABSTRACT

This paper studies the institution of the suspension of criminal proceedings, specifically with regard to determining the moment and the acts that trigger it, based on the provisions of Article 96 of the Criminal Code, seeking to establish the foundations and arguments that will allow the courts to duly support a restrictive interpretation based on the principles of due process.

KEYWORDS
Suspension, criminal proceedings, criminal code.

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© 2025, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Este artículo se distribuye bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Esto permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que se dé el crédito apropiado a los autores y a la fuente original. Para más información, visite: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

lenguaje, el cual por naturaleza es portador de lo que se ha denominado textura abierta,1 por lo que presenta ciertas características, importando para los fines del presente trabajo la de su de ambigüedad, lo que da paso a la existencia de que una palabra pueda ser aplicada en diversos contextos, o que pueda ser portadora y objeto de múltiples interpretaciones o significados, lo que puede ser considerado como un aspecto positivo (permitir la extensión de opciones posible de aplicación en los casos que no se sobrepase el tenor literal de un precepto legal o reglamentario) o negativos (inseguridad jurídica al momento de determinar los casos que quedan dentro del campo de aplicación de una determinada regulación).

Dicho lo anterior, resulta fundamental para los objetivos de aplicar una disposición, el hecho de demarcar su campo de actuación mediante la determinación del sentido y alcance de las expresiones utilizadas por el legislador, lo cual se consigue mediante el ejercicio de la interpretación. La labor interpretativa recorre por lo tanto todo el esquema de actuación de la disposición por los intervinientes o destinatarios y aplicadores de los enunciados normativos contenidos en las diversas leyes y regulaciones que integran un determinado ordenamiento jurídico.

Así, y teniendo en cuenta lo mencionado, me abocaré a estudiar la institución de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal chileno, centrando específicamente los esfuerzos en determinar el momento en que se produce la mencionada suspensión, a partir de la precisión del contenido, sentido y alcance de la expresión “desde que el procedimiento se dirige contra él (delincuente)” mediante la aplicación de postulados, reglas y procesos de interpretación establecidos específicamente en materia de la ley penal y que permiten considerar las particularidades propias y especiales de la disciplina jurídica en la cual se encuentra ubicado el precepto estudiado.

El trabajo se estructura en tres partes, en que en la primera me encargo de efectuar una aproximación y delimitación de la problemática mediante la exposición de nociones previas acerca de la institución de la prescripción de la acción penal, sus plazos, la suspensión de dichos plazos y los hechos que la dogmática y la jurisprudencia han entendido como aquellos que provocan que un procedimiento se dirija en contra del delincuente.

En una segunda parte, intentaré dilucidar la problemática acerca de la precisión del momento de suspensión del plazo de prescripción mediante la aplicación metodológica de criterios interpretativos y argumentativos propios de la disciplina penal que nos permitan sostener una respuesta acerca de la anhelada pretensión de seguridad jurídica, tomando como punto de referencia para el estudio y aplicación metodológica, las interpretaciones que sostenidamente han emanado de forma reciente de parte de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, y que han sido en su mayoría coherentes con los principios rectores del Derecho Penal, principalmente emanados del principio de legalidad y las garantías sustantivas y procesales que emanan del mismo, sin perjuicio de indicar y hacerme cargo de los argumentos críticos que puedan dirigirse en contra de ellas, para los fines de avanzar hacia una construcción argumental que pueda cumplir con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales más allá de la simple indicación somera de tomas de postura.

En una tercera parte, se esbozarán las conclusiones arribadas, indicando si la hipótesis inicial acerca de que la aplicación de una interpretación construida a partir de criterios propios de la disciplina jurídico penal y argumentada en clave garantista nos permiten establecer coherente y legítimamente el momento de suspensión de la prescripción de la acción penal.

A. Metodología

La presente investigación fue realizada a partir de un enfoque cualitativo del tipo descriptivo-analítico, estructurada a partir de un ejercicio interpretativo sobre una disposición normativa a la cual se aplicaron preferentemente las herramientas interpretativas y argumentativas elaboradas para su aplicación a la disciplina jurídico-penal, y que estimo procedentes para arribar a una solución garantista. Para lo anterior, se estudió críticamente diversa doctrina especializada sobre la materia objeto de estudio, complementándose con jurisprudencia reciente que se ha pronunciado sobre la problemática. Finalmente, se aplicaron los conocimientos al ejercicio de interpretación de la disposición correspondiente.

B. Objetivo

Identificar las posibles consecuencias de la aplicación de los diversos postulados y criterios interpretativos y argumentativos construidos para su aplicación en la disciplina penal en el estudio de una institución específica, concluyendo con la elaboración de la propuesta que me parece más acertada desde una óptica argumentativa disciplinaria y garantista y que permite arribar a resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas por parte de nuestros Tribunales de Justicia evitando las simples tomas de postura que pueden provocar inseguridad jurídica.

II. Prescripción de la acción penal: Concepto, sus plazos, la suspensión y los actos o eventos que la provocan

A lo primero que debemos hacer mención es a la institución de la prescripción penal en cuanto marco desde el cual debe iniciarse el estudio de la problemática del presente estudio, entendiendo por tal a una causal de extinción de la responsabilidad penal consistente en la “cesación de la pretensión punitiva del Estado por el transcurso del tiempo, sin que el delito haya sido perseguido o sin que pudiese ejecutarse la condena, si se trata de la acción penal o de la pena, respectivamente, siempre que durante ese lapso no se cometa por el responsable un nuevo crimen o simple delito”.2 Dicho lo anterior, ya quedamos en condiciones de hacernos cargo derecha y directamente de la institución de la prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal es aquella causal de extinción de la responsabilidad penal en virtud de la cual, el paso de cierto tiempo hace cesar el derecho del Estado a imponer una pena.3 En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrada en su calidad de causal de extinción de responsabilidad penal en el artículo 93 n°6 primera parte del Código Penal.

Para un adecuado análisis de la institución, necesariamente debe hacerse mención a los fundamentos de su existencia. Así, se mencionan entre sus fundamentos: la renuncia del Estado de perseguir y castigar delitos, precisamente por el transcurso de un tiempo considerable; el hecho de que con el tiempo disminuye o desaparece la necesidad de la pena; el derecho del acusado a un proceso sin dilaciones indebidas; la seguridad jurídica en orden a que mediante ella se busca preservar la paz social a través de la consolidación de ciertas situaciones jurídicas; la sanción a las autoridades y funcionarios públicos emanada de su inactividad; el hecho de que el transcurso del tiempo dificulta considerablemente la actividad probatoria o disminuye su eficacia procesal; la consideración de la reinserción social como fin de la pena aplicada al individuo que con posterioridad a cometer el hecho punible ha permanecido un largo periodo sin volver a delinquir, y que demostraría su reinserción a la sociedad como ciudadano respetuoso de las normas; o bien de los fines del Derecho penal como herramienta del Estado para sancionar aquellas conductas que perturben de forma especialmente grave a la sociedad y que atendido el transcurso del tiempo se produce un olvido en esta sociedad de la conducta del individuo.4

Los plazos de prescripción de la acción penal están señalados expresamente en el artículo 94 del Código Penal, estableciendo un plazo de quince años para los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos; diez años para los demás crímenes; cinco años para los simples delitos; y de seis meses para las faltas (sin perjuicio de las reglas especiales sobre plazos especiales o de imprescriptibilidad), los cuales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 95 del citado cuerpo normativo, empiezan a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito.

Por su parte, la institución de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal determina que el plazo de prescripción cesa de contarse, pero, para diferenciarse de la figura de la interrupción del plazo de prescripción, no implica la pérdida del tiempo ya transcurrido hasta el momento de su procedencia,5 y se justificaría mediante la alusión a que su finalidad sería dar a los órganos de la persecución más tiempo para concluir la investigación y llegar a una conclusión, pero provocándose un efecto singular en el sistema chileno, en virtud del cual los plazos no se suspenden porque exista un obstáculo al proceso, sino porque es precisamente este último el que obstaculiza la prescripción.6

El problema se suscita a la hora de determinar el momento, los hechos, eventos o acontecimientos que provocan que un plazo de prescripción de la acción penal se suspenda. En principio, la respuesta la entregaría directamente el legislador en el artículo 96 del Código Penal al señalar que la prescripción respecto del delincuente “se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él”. Así, si con una lectura preliminar se puede llegar fácilmente a señalar el hecho que produce la suspensión, resulta del todo controvertido precisar el sentido y alcance de los términos utilizados por el legislador. Los autores se han hecho cargo desde un plano dogmático acerca de una posible precisión de los términos del legislador, proponiendo que es el artículo 233 del Código Procesal Penal el que zanjaría la discusión por el hecho de establecer y mencionar la suspensión de la acción penal entre los efectos de la formalización de la investigación,7 lo cual trae importantes complejidades respecto de los procedimientos que no contemplan necesariamente la procedencia de dicha actuación (por ejemplo los procedimientos monitorios, simplificados o tratándose de los procedimientos por delitos de acción penal privada), haciendo presente además que los Tribunales tienden a considerar suspendida la prescripción de la acción penal desde la admisión a trámite de una querella nominativa o, en términos más generales, desde que se le pueda atribuir la calidad de imputado al sujeto en el procedimiento, otorgando una función subsidiaria a la regla del artículo 233 del Código Procesal Penal,8 lo cual, según se verá, ha ido cambiando considerablemente con la última jurisprudencia de los Tribunales de Justicia.

Siguiendo con las interpretaciones posibles a las cuales ha arribado la doctrina y jurisprudencia, se encuentran aquellas que incluyen como hito en virtud del cual un procedimiento se dirige en contra del delincuente a la denuncia y a la querella en un sentido amplio (ya no solo la nominativa), pero luego afirmando dichos autores que por expresa disposición legal se dejaría claro que sería la formalización de la investigación la única actuación procesal que permitiría suspender la prescripción de la acción penal “entregando seguridad jurídica al sistema acusatorio que opera desde la reforma del año 2000”.9 Además, también es posible mencionar los postulados que, haciendo eco de pronunciamientos jurisprudenciales, realizan alusión expresa a la presentación de los requerimientos judiciales por parte del Ministerio Público como actos que dirigirían un procedimiento en contra del delincuente en los términos del artículo 96 del Código Penal tratándose de los procedimientos simplificados y monitorios.10 Finalmente, también es posible mencionar los postulados que indican que sí podría dársele el efecto de suspender el plazo de prescripción de la acción penal a actuaciones que cumplan ciertos requisitos, como sería el caso de la existencia de una querella dirigida en contra del culpable,11 o incluso entender que, en términos generales, el hito que produciría la suspensión se daría cuando la justicia ejercite la acción penal mediante un proceso que se encamine en contra del delincuente.12 De lo expuesto se desprende que son múltiples las interpretaciones que se han esbozado al respecto, las cuales evidentemente generan inseguridad e incertidumbre toda vez que existen posiciones más restrictivas y beneficiosas para el imputado y acordes al principio de legalidad en materia penal, en razón de la cual, mediante una interpretación conjunta de los artículos 96 del Código Penal y 233 del Código Procesal Penal, se le asigna únicamente la virtud de dirigir un procedimiento en contra del delincuente a la formalización de la investigación como acto de mera garantía en favor del imputado. Por el contrario, existen posturas que le otorgan un sentido extensivo a las palabras de la ley, haciendo que actividades bastante anteriores al acto de formalización provoquen el efecto indicado en la disposición del artículo 96, tales como la mera denuncia o la querella, o, incluso, en el extremo, el mero hecho de la atribución de la calidad de imputado. Al respecto, estimo que todo análisis no puede partir desconociendo aquel postulado de que, sin perjuicio de la vaguedad que caracteriza al lenguaje, siempre existirá un núcleo duro en el cual indiscutiblemente quedarán comprendidas en el concepto en análisis (o precepto en análisis), que, en este caso, sería la formalización (nadie podría desconocer que mediante ella se produce el efecto de dirigir el procedimiento en contra del delincuente), debiendo a medida que nos alejamos de dicho núcleo duro, y ante la imposibilidad de afirmar con igual claridad la procedencia de aplicación del efecto mediante la verificación de otros actos, se tendrían que tomar muchos mayores resguardos a fin de no caer en una analogía, y, dentro de esta, en una in malam partem, absolutamente prohibida en nuestro sistema penal en virtud del principio de legalidad.13

III. Recientes pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia

Por resultar relevante para los fines de la investigación, procedo a mencionar expresamente los razonamientos que han sido expuestos por nuestros Tribunales Superiores de Justicia en algunos de sus últimos pronunciamientos sobre la materia, sin pretender limitar el debate a dicho casos, sino que únicamente para los efectos de acreditar que el tema es contingente debido a la disparidad de interpretaciones y la aun ausente de seguridad jurídica al respecto. Asimismo, la decisión respecto a los fallos específicos y a su marco temporal deriva de la necesidad de renovar el estudio jurisprudencial y evitar la reiteración de remisión a sentencias ya mencionadas en otras obras, tomando en cuenta la pretensión y limitación de extensión del presente estudio.

En marzo del año 2025, y con motivo del conocimiento de un recurso de queja interpuesto por la parte querellante, la Corte Suprema de Justicia estima que no existió falta o abuso por parte del Tribunal de primera instancia al considerar que la formalización de la investigación es el único acto que de conformidad a la ley produce el efecto de suspender el plazo de prescripción de la acción penal (la Corte Suprema en cierto pasaje confunde suspensión con interrupción), toda vez que no es sino una de las posibles posiciones que se puede adoptar frente a una norma jurídica al momento de interpretarla, reconociendo que se trata de una asunto que puede admitir diversas interpretaciones, es decir, la Corte no se hizo cargo derechamente del fondo del asunto (sobre qué actuación o actuaciones pueden provocar el efecto alegado), sino que se limita a reconocer la existencia de diversas interpretaciones al respecto, dentro de las cuales es lícito que el Tribunal pueda sostener y fundamentar alguna de ellas.14

Con posterioridad, nuestro mismo máximo Tribunal, resolviendo un recurso de apelación respecto de una acción de amparo interpuesto en contra de una resolución que denegó el sobreseimiento definitivo en una causa en que los hechos imputados se referían a una supuesta estafa, indicó que, de conformidad al artículo 233 del Código Procesal Penal, “es la formalización de la investigación la que suspende la prescripción de la acción penal”, y, en ese sentido, “ni la sola presentación de la petición de formalización, ni la querella criminal interpuesta, tienen la virtud de suspender el plazo de prescripción de la acción penal, ello por no ser considerado por el legislador como medio expreso para dichos fines y, por cierto, una interpretación por analogía que homologue dichas actuaciones al acto de formalización se encuentra vedado conforme lo dispone el inciso final del artículo 5 del Código Procesal Penal”, revocándose en definitiva la sentencia apelada,15 lo cual no es sino la reiteración en idénticos términos de lo que ya había resuelto meses antes, pero en la cual la decisión había sido acordado con dos votos en contra.16 En los mismos términos antes esbozados resolvió nuestro máximo Tribunal en sentencia de fecha 09 de octubre del año 2025 al resolver un recurso de amparo que se conoce vía apelación.17 Finalmente, cabe indicar que la misma decisión en orden a que el acto que suspendería el plazo de prescripción de la acción penal es la formalización se ha sostenido por nuestro máximo Tribunal en materia de responsabilidad penal adolescente.18

Por su parte, diversas Cortes de Apelaciones también han tenido oportunidad de emitir importantes pronunciamientos al respecto. Así, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fallando un recurso de apelación en contra de una resolución que decretó el sobreseimiento definitivo de una causa por prescripción de la acción penal, resolvió que aun estimándose que el plazo de prescripción para el caso concreto era de cinco años, este no se encontraría cumplido en relación a su cómputo, toda vez que le otorgó a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, y dirigida contra persona determinada, el efecto de suspender el curso de la prescripción de la acción penal conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal, haciendo presente que el hecho de que el artículo 233 del Código Procesal Penal le otorgue el efecto suspensivo al acto de formalización no excluye que otro hitos procesales produzcan dicho efecto, considerando además que la institución en cuestión sería de índole sustantiva, debiendo regularse por las disposiciones de dicho ramo, revocando en definitiva la decisión de primera instancia.19 Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmando una resolución apelada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, en la cual este último Tribunal accedió a decretar el sobreseimiento definitivo de una causa por prescripción, atendido a que, no obstante figurar interpuesta una querella en la causa, y considerando que esta fue objeto con posterioridad de una declaración de abandono de la misma, consideró que no se había producido la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, constatándose el transcurso del plazo de cinco años, compartiendo la Corte los fundamentos del Tribunal de primera instancia.20 Lo interesante de esta resolución (y del Tribunal de primera instancia) es que surge la interrogante de determinar qué habría ocurrido si la querella no hubiese sido declarada abandonada, en orden a si el Tribunal Oral y la Corte mantendrían idéntica resolución respecto a la prescripción, o si, por el contrario, y por haber hecho expresa mención a la situación de la declaración del abandono, sí hubiesen considerado suspendido el plazo por el hito procesal de la interposición de una querella. Finalmente, en resolución de fecha 13 de enero del año 2026, la Corte de Apelaciones de Antofagasta estableció que la querella nominativa sería la forma en que la víctima solicita iniciar una investigación penal o hacerse parte de ella, haciendo nacer ciertos derechos como lo es el de poder forzar la acusación aun cuando no exista formalización previa, poniendo énfasis también en que la querella tendría la función de iniciar la investigación de un delito de conformidad al artículo 172 del Código Procesal Penal, por lo que de conformidad al artículo 96 del Código Penal sería suficiente para suspender la prescripción, agregando que resolver en sentido contrario traería como consecuencia “radicar la posibilidad de suspender la prescripción solo en uno de los titulares de la acción penal, dejando sin posibilidades al querellante”, haciendo énfasis en la ausencia de herramientas para obligar al Ministerio Público a proceder con la formalización de la investigación.21-22

Si nos remontamos a años anteriores, el panorama no varía demasiado. En el año 2024 la Corte Suprema ya sostenía que de conformidad al artículo 233 del Código Procesal Penal es la formalización de la investigación la que suspenden el plazo de prescripción de la acción penal, descartando expresamente otras actuaciones para dichos fines, tales como la simple presentación de petición de formalización ni la denuncia del delito, por no ser el legislador el que los haya indicado expresamente como provocadores de la suspensión, entendiendo que una decisión en contrario significaría una homologación producto de una interpretación por analogía que se encuentra vedada por nuestra legislación.23-24 Siguiendo la línea anterior, es demostrativo el fallo de la Corte Suprema pronunciado en noviembre del año 2024, y en que siguiendo una interpretación restrictiva del artículo 96 del Código Penal en relación con el artículo 233 del Código Procesal Penal resuelven que no basta con la petición de formalización para que opere la suspensión, sino que derechamente debe verificarse el acto mismo de la formalización.25

En el caso del año 2023, y por tratarse de una sentencia interesante para los fines del presente trabajo, la Corte de Apelaciones de Concepción le reconoció el efecto suspensivo al requerimiento presentado en contra del imputado en procedimiento simplificado, reconociendo que si bien el artículo 233 del Código Procesal le confiere al acto de formalización el efecto de suspender la prescripción de la acción penal, no se trata de una norma cerrada o exclusiva que la consagre como la única actuación capaz de provocar dicho efecto.26

La crítica que puede formularse transversalmente a las sentencias citadas es que se extraña un razonamiento más acabado con una argumentación que aporte bases sólidas para defender la postura sostenida, limitándose en la mayoría de ellas a una alusión somera de los artículos 96 del Código Penal y 233 del Código Procesal Penal, pero sin entrar en un análisis acabado de por qué, dentro de todas las posibilidades, estiman que es la correcta. Así, corresponde iniciar el estudio de la interpretación de la disposición legal correspondiente para los efectos de intentar arribar a una solución construida sobre la base de diversos elementos y argumentos analizados y esbozados en atención a la disciplina jurídico-penal, y que permitan afirmar que estamos en presencia de resoluciones debidamente motivadas.

IV. Interpretación de los términos utilizados por el legislador a través de un estudio disciplinar específico

A. Punto inicial de estudio

Aplicando una estricta metodología que tenga en consideración las particularidades propias de la disciplina en la que se encuentra inmersa la norma cuyo contenido se pretende esclarecer, debemos comenzar por indicar que el legislador fue claro al señalar en el artículo 96 del Código Penal que la suspensión de la prescripción de la acción penal se verifica desde el momento que el procedimiento se dirige en contra del delincuente, pero es precisamente la determinación de qué acto o actos pueden entenderse dentro de los que dirigirían el procedimiento en contra del delincuente lo que genera las dudas. Parte importante de la doctrina, como bien se indicó previamente, indican que, en atención a lo dispuesto en el artículo 233 del Código Procesal Penal, sería la formalización de la investigación la que dirigiría el procedimiento en contra del delincuente, y, por tanto, la que produciría el efecto suspensivo. Dicha posición no puede entenderse exentas de críticas y carente de bases sólidas que permitan por sí misma arribar a la conclusión a la que reiteradamente llegan los Tribunales Superiores. Así, podríamos intentar reconstruir la voluntad del legislador histórico, partiendo de la base de que la disposición del artículo 233 del Código Procesal Penal no existía al momento de la creación del artículo 96 del Código Penal, por lo que malamente pudo tenerla en consideración el legislador al momento de producir la última disposición. Lo mismo ocurriría si pretendiéramos limitar (o extender) la aplicación de la disposición recurriendo a la consideración de actos posibles de dirigir al procedimiento en contra del delincuente enunciados en el artículo 81 del antiguo Código de Procedimiento Penal, esto es, a los actos de denuncia, querella, requisición del Ministerio Público o pesquisa judicial, y que fue esbozada por algunos en su oportunidad,27 atendido de que dicho cuerpo legal tampoco estaba vigente al tiempo de la producción del artículo 96 del Código Penal.

Así, ya el primer problema que trae aparejada la aplicación directa del artículo 96 del Código Penal en relación con el 233 del Código Procesal Penal, es que necesariamente deberíamos reconstruir la voluntad del legislador histórico prescindiendo de una conexión con disposiciones del Código Procesal Penal y del Código de Procedimiento Penal.28 Incluso, si queremos recurrir a razones históricas, necesariamente debemos considerar que el origen de la institución en nuestra legislación es controvertida, toda vez que no figura como tal en las legislaciones que se tuvieron a la vista al momento de legislar (Código Penal español), en los cuales el hecho de dirigir un proceso en contra del perseguido interrumpía el plazo iniciado, por lo que en el ámbito chileno la suspensión se explicaría bajo la lógica de que el proceso no tiene la entidad para interrumpir la prescripción pero sí para detenerlo.29 La situación cambia al estudiar derechamente el artículo 233 del Código Procesal Penal en sus orígenes legislativos en la cual se reconoce que el legislador intervino para los fines de establecer a la formalización como requisito indispensable para hacer procedente la suspensión, entendiendo que con ello vino a cambiar el modelo que regía la institución.30

En lo relativo al estudio gramatical de las palabras empleadas por el legislador, tendríamos que recurrir a su sentido natural y obvio por no estar en presencia de expresiones definidas por el legislador, ni tratarse de palabras técnicas de una determinada ciencia u arte, teniendo que considerar eso sí el contexto en el cual se encuentran inmersas dichas palabras en su sentido natural y obvio,31 por lo cual, la expresión “dirigir” debe entenderse en el sentido de enderezar o guiar, ya sea llevando rectamente algo hacia un término (que en este caso sería el procedimiento), o mostrando o dando las señas de un camino.32 Hasta este momento no se clarifica en nada la extensión precisa del precepto, ya que todo podría conducirnos a suspender el plazo de prescripción de la acción penal, desde una simple denuncia, la presentación de una querella nominativa, o con un requerimiento de procedimiento simplificado o monitorio, y no solamente con el acto de la formalización de la investigación.

Si entendemos que lo que perseguimos al interpretar la ley es la búsqueda de la decisión más razonable y justa debemos reconocer que la expresión “desde que el procedimiento se dirige contra él” no resulta indiscutible a la luz de los intervinientes o de los individuos en general, por lo cual malamente podemos intentar darle aplicación recurriendo única y directamente a su tenor literal o al sentido emanado de la voluntad histórica, sino que debemos considerar, entre otros, el hecho de que el precepto tiene aplicación en materia penal, donde rige el principio de legalidad del cual emanan una serie de garantías tanto sustantivas como adjetivas. Dentro de las garantías encontramos la exigencia de la interpretación a favor del imputado en caso de dudas, como sería este caso, en virtud del cual, frente a un conflicto al momento de aplicar normas sustantivas o procesales, se deberá optar por la que sea más favorable al imputado,33 lo cual proviene precisamente de exigencias contempladas en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y que resultan plenamente aplicables en virtud del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, reconociéndole además una jerarquía constitucional, o, a lo menos, supralegal, siendo reconocidas incluso directamente como constitución material a partir de dicha norma.34

Junto a lo anterior, y en ejercicio de la labor interpretativa, también se debe recurrir no solamente a los elementos de interpretación contenidos en la ley en los artículos 19 a 24 del Código Civil, sino que también a ciertos argumentos de interpretación aplicables al caso en razón de su campo de aplicación, dentro de los cuales encontramos precisamente los argumentos en base a principios, en virtud de los cuales si en la interpretación de un precepto legal determinado resulta aplicable un principio o conjunto de principios, debe favorecerse la interpretación del precepto legal que mejor se adapte al principio o conjunto de principios identificados.35

Así, al momento de interpretar el precepto legal, necesariamente debemos situarnos en la disciplina jurídica en la cual se encuentra inmersa y considerar los tópicos jurídicos propios de ella, así, si estamos entonces en materia de Derecho penal, en el cual rige el principio de legalidad, que, dentro de sus fundamentos políticos se encuentra la lucha en contra de la inseguridad jurídica y la arbitrariedad, no podemos dejar al sujeto en contra del cual el Estado puede aplicar su potestad punitiva en una situación de desamparo por razones de falta de claridad de la ley, y menos dejarlo a su suerte fundamentado en una remisión laxa a la búsqueda de la voluntad histórica del legislador, toda vez de que no existiría nada más peligroso que el axioma común de consultar el espíritu de la ley36 o a la voluntad del legislador, y, desde dicho plano, aun en los casos en que se pretenda recurrir a los elementos de interpretación en la forma que se encontrarían establecidos en los artículos 19 y siguientes del Código Civil no debe desconocerse que en la labor interpretativa la hermenéutica debe emplear todas las herramientas normativas que se encuentren a su alcance, considerando que los principios constitucionales y las reglas contempladas en el Código Civil son relevantes, pero que bajo ningún supuesto pueden llevarnos a desconocer que existen otras múltiples disposiciones legales a las cuales recurrir y que se encuentran tanto en el Código Penal, como otras disposiciones de la disciplina penal, y que, si los comparamos con las disposiciones del cuerpo civil, mantendrán idéntica jerarquía legal,37 por lo que la aplicación de toda disposición al caso en estudio debe realizarse en clave penal.

Siguiendo en la búsqueda de ciertos tópicos jurídicos que nos permitan ir precisando el alcance de la disposición legal para los fines de arribar a una decisión “justa”, se pueden mencionar los que emanan de la aplicación del principio de reciprocidad en los cambios, entendido esta como una herramienta para la obtención de una justicia que limite lo más posible cualquier atisbo de arbitrariedad y subjetividad. Es precisamente del principio de reciprocidad en los cambios, como tópico jurídico aplicable al Derecho penal, que se pueden extraer algunas ideas argumentativas básicas aplicables a la labor interpretativa. Entre las ideas mencionadas, encontramos la noción del “tópico jurídico de la pena”, de la cual emanan, por ejemplo, la fundamentación de la proporcionalidad entre delitos y penas, o de estas y los distintos grados de culpabilidad, antijuricidad e imputabilidad de los imputados. Asimismo, puede emanar otro relevante tópico jurídico, como lo es el de la participación y rol de la víctima y querellante en el proceso, y del cual se extraen importantísimas consecuencias a la hora de interpretar un determinado precepto, toda vez que complejiza la tarea de determinar si en un caso concreto se puede dar preeminencia a los intereses de la comunidad por sobre el interés particular de un interviniente o viceversa. Por último, encontramos el tópico jurídico de la defensa en juicio. Lo anteriormente indicado es solo preliminar, toda vez que los autores que han propuesto lo mencionado hacen la precisión de que dentro de cada tópico se pueden encontrar otros que admiten además una serie de clasificaciones.38

Desde la óptica particular de la intervención y relevancia de las partes en el proceso, especialmente en lo relativo al imputado, no se presentan problemas para defender como el único acto provocador del efecto de suspender la prescripción de la acción penal, por “dirigir el procedimiento contra el delincuente”, al acto de formalización de la investigación, lo cual no resulta controvertido en los casos en que estemos en presencia de procedimientos que inician con una detención, su control posterior al día siguiente en audiencia, y en la cual inmediatamente se procede al acto de formalización. En dichos casos no se avizoran conflictos entre el interés general de la comunidad y la de los intervinientes en el proceso, cumpliéndose ya en esta etapa inicial dos de los tópicos jurídicos antes analizados (siendo el tercero uno que queda fuera de análisis en esta etapa, toda vez que se aplicaría o al momento de crear la ley penal o en el de su aplicación, es decir, antes o después de la persecución penal y que el procedimiento se dirija contra el delincuente).

Pero el resultado anterior no aplica para todos los casos, entrando en evidente conflicto en otros supuestos, como por ejemplo, en los casos en que la causa se inicie a través de la interposición de una querella por parte de la víctima o por una institución u organismo en representación de ella, o aún en los casos en que la causa no contemple el acto de formalización de la investigación, como ocurre tratándose de los procedimientos simplificados en que el requerimiento “sustituye” la formalización, no figurando esta última en el proceso. En estos casos, si se le niega la posibilidad de que la querella o el requerimiento, según corresponda, encuadre dentro de los actos que “dirigen el procedimiento en contra del delincuente” lo que se estaría haciendo es establecer una desigualdad entre los diversos intervinientes del proceso, y, en último término, en una afectación al principio de reciprocidad, porque no se estaría respetando el tópico de la participación y rol de la víctima y querellante en el proceso, dándose preeminencia a un interés particular específico (el del imputado), por sobre los demás intereses en juego (el del Estado en representación de la comunidad como voluntad general y el particular de la víctima). El problema anteriormente comentado resulta más problemático en los casos en que es precisamente la querella la única diligencia que puede considerarse como la que “dirige el procedimiento en contra del delincuente”, como ocurre en los procedimiento por delito de acción privada de conformidad a los artículos 400 y siguientes del Código Procesal Penal, y en el cual la propia ley señala que “El procedimiento comenzará sólo con la interposición de la querella por la persona habilitada para promover la acción penal, ante el juez de garantía competente”. Tratándose de este caso específico, incluso puede discutirse acerca de si estamos en presencia de un verdadero proceso penal, o de un híbrido entre un proceso civil y uno penal (considerando especialmente la existencia de etapas no contempladas en la generalidad de los procedimientos penales, como la conciliación, y sin la intervención del Ministerio Público). De entender que solamente el acto de formalización de la investigación suspende el plazo de prescripción de la acción penal, se llega a la conclusión de que no procede la institución de la suspensión en los procedimientos de acción penal privada, lo cual es del todo controversial si tenemos en cuenta que incluso en el proceso civil existe tal institución.39

En los casos antes expuestos, ya no simplemente se transgreden intereses individuales, sino que ciertos principios propios dentro del Estado, y que en última instancia emanan de la noción de justicia, sobre todo si consideramos que para su concreción se requiere que todas las partes crean que aunque difieran en mucho sus concepciones sobre la justicia, en última instancia apoyan el mismo juicio en la situación presente, el cual se mantendrá aun cuando intercambien posiciones,40 esto es, llegar a un consenso sobre lo justo aun cuando en el caso concreto dicha postura los perjudique, ya que de lo contrario siempre llegaremos a la idea de que la justicia es solo lo que le favorece a la parte en un determinado momento. Dicho de otra forma, para una adecuada solución del conflicto debe necesariamente precisarse la posición que ocupa la víctima ya no simplemente dentro de un proceso penal, sino que, en relación con la institución específica en estudio, y, por lo tanto, vinculado también a la naturaleza jurídica de la misma, y solo así llegar a establecer los posibles efectos de sus actuaciones con respecto a la suspensión de la prescripción. Asimismo, y para los mismos fines, también debe estudiarse la posición del Estado y sus específicas limitaciones.

B. Breve referencia a la posición de la víctima en el proceso penal y ante la institución de la prescripción de la acción penal

Lo primero que debe mencionarse a este respecto es que la víctima en nuestro actual sistema procesal penal es considerada un interviniente dentro del proceso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Penal. Además, y de conformidad al artículo 109 del mismo cuerpo legal, se le reconoce un sólido estatuto y catálogo de derechos que puede o no ejercer dentro del proceso, el cual debe ver complementado por las disposiciones contenidas en leyes especiales que complementan el estatuto general.41 Siguiendo en la misma línea, se ha extendido la preocupación por asegurar la posición de la víctima dentro del proceso penal, razón por la cual existen diversas disposiciones que aseguran ciertos derechos y que emanan del derecho internacional, mencionando por vía ejemplar aquellos que emanan de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño, Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Todo esto que conforma el estatuto mencionado ha llevado a concluir que la posición de la víctima ganó relevancia con la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal, motivada en parte por la desconfianza hacia las instituciones, pero lo que no debe llevar a concluir que exista una efectiva protección de derechos,42 lo cual podría justifica las alusiones a que el protagonista principal del procedimiento penal seguiría siendo el imputado en cuanto sujeto de la protección o tutela judicial.43

En lo relativo al estudio propio respecto a la institución de la suspensión de la prescripción de la acción penal deben realizarse dos precisiones a esta supuesta extensión de la protección de los derechos de la víctima. La primera precisión gira en torno a cuestionar la supuesta extensión de la aplicación del estatuto de la víctima en los casos en que puede entrar en conflicto con los intereses del Estado o con el estatuto del imputado. Respecto del Estado, ya se ha cuestionado el hecho de entender que la víctima tenga propiamente derechos e intereses de contenido penal, postulando que lo que la víctima tiene es un interés de reparación de las vulneraciones provenientes de la comisión de un delito, pero lo cual no son el objeto de tutela del proceso penal y de la sentencia penal condenatoria, no siendo estas las vías idóneas para dar tutela a los derechos individuales de la víctima.44 Complementando esta línea, y bajo la idea de que no se pueden desconocer los derechos de la víctima, hay que reconocer que ello no significa necesariamente que la víctima tenga un derecho fundamental a la tutela judicial que le permita llevar a una persona a un juicio penal en búsqueda de la aplicación de una condena, toda vez que de ser así estaríamos prácticamente ante un derecho absoluto que entraría en colisión a intereses públicos que rigen las políticas persecutorias, como sería el de racionalización del sistema penal,45 lo cual explica, por ejemplo, la forma de regulación que tienen las salidas alternativas en el Código Procesal Penal en que en la suspensión condicional del procedimiento el derecho de la víctima se agotaría en ser oído por el Tribunal y en el hecho de que tratándose de los acuerdos reparatorios se establezcan limitaciones a su procedencia, entre otras, en el interés público, lo cual también tendría un correlato en la facultad privativa del Estado de efectuar la formalización de la investigación.

Un aspecto relevante en esta materia, y que se vincula directamente a lo que se ha expuesto, es la relevante posición del Ministerio Público dentro nuestro sistema procesal penal, la cual se mantiene reforzado pese a las modificaciones que han reconocido mayor participación a los demás intervinientes, por lo que sigue siendo el organismo a cargo de la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, de los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, del eventual ejercicio lugar de la acción penal pública y de adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas, testigos y eventualmente otros sujetos que se encentren ligados al proceso. Así, el hecho de que la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública sean atribuciones privativas del Ministerio Público demuestra el otorgamiento de un margen de discrecionalidad que, si bien es controlable en ciertos casos por parte de los Tribunales de Justicia (ya sea en base a los principios que regulan la actividad del organismo o de las reglas de control expresamente consagradas en la ley), esto no ocurre en todos los casos, entre otros, en el caso de la ausencia de una regla de forzamiento de la formalización, a diferencia de lo que ocurre con la acusación.46

En lo relativo a la naturaleza material o procesal de la prescripción (y por ende de la suspensión de la misma) si bien es importante tener en cuenta que algunos autores la consideran explícitamente una institución perteneciente de índole material o sustantiva,47 mientras otros lo aceptan implícitamente,48-49 no es menos cierto que también se encuentran aquellos que la estiman como una institución de naturaleza mixta o incluso derechamente procesal pero que estiman que la discusión al respecto no sería tan relevante en atención a que el aspecto práctico en el cual influiría ya estaría resuelto por el legislador en el Código Procesal Penal.50 Lo interesante comienza cuando nos apartamos de los antiguos argumentos y tendencias dicotómicas que se centran en lo abstracto de una institución y comienzan a centrarse en lo relevante en el caso concreto para los fines de asegurar los derechos de los interesados y en alcanzar un proceso justo y una resolución fundada y motivada. En este punto resulta interesante entender que el momento de creación de una determinada institución de derecho sustantivo trae consigo suponer que debe existir un procedimiento para hacerlo operativo, y dicho procedimiento se inscribe por lo tanto dentro del mismo derecho sustantivo cuya falta de respeto en su aplicación trae aparejada una infracción del mandato sustantivo,51 es decir, no puede intentar separar el contenido eminentemente sustantivo de una institución bajo la falsa premisa de que tiene un contenido adjetivo, así que no puede lisa y llanamente argumentarse mediante la existencia de ciertos derechos en favor de la víctima para intentar llevar la institución al campo procesal desconociendo todo el estatuto sustantivo protector del imputado que emana de las limitaciones propias a la facultad sancionadora del Estado que emanan de los principios rectores del Derecho penal en un Estado de corte liberal.

C. Ius puniendi estatal, límites formales y materiales e interpretación restrictiva

Luego de estudiar y hacerme cargo de las nociones generales aplicables en materia de interpretación y de los cuestionamientos posibles emanados del supuesto reconocimiento amplio de derechos de la víctima es necesario hacer una importante precisión para continuar con la construcción argumental en clave garantista y que consiga motivar adecuadamente los pronunciamientos judiciales. En la mayor parte de las disciplinas jurídicas es perfectamente admisible la reconstrucción de las disposiciones y enunciados normativos para aplicarlos a los casos concretos, pero específicamente en materia penal no puede sino concluirse que el ejercicio debe invertirse. Así, en materia penal lo primero que debe establecerse es el modelo universal que justifica y legitima su existencia, y solo a partir de ello entrar a legislar, y, en última instancia, interpretar las disposiciones para los fines de aplicarlas a los casos concretos mediante el ejercicio de subsunción.

Para un correcto ejercicio de interpretación partiremos por asumir que, en materia penal, el modelo que resulta aplicable es uno de naturaleza garantista, toda vez que es el garantismo es el que está en los cimientos de la disciplina, y que recorre las diversas etapas de su existencia y manifestación. Así, el garantismo se traduce en un modelo normativo de derecho que, en la disciplina penal, es de estricta legalidad, toda vez que se debe reducir al máximo el recurso a ella por parte del Estado, prefiriendo y procurando la existencia de un “Derecho penal mínimo”, por lo que es garantista “todo sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface de manera efectiva”. Además, el garantismo hace alusión a toda una teoría y crítica del derecho para establecer la legitimidad o no de sus normas, y finalmente en una filosofía y crítica de la política,52 todas las cuales permiten construir todo un modelo de Derecho que los Estados pueden o no asumir, y que, en el caso nacional, parece no ser controvertido en cuanto a su seguimiento general (no obstante que en ciertos casos se discuta si se aleja o no del modelo garantista).

La labor de interpretación de la ley penal debe iniciarse desde los postulados garantistas y especialmente lo relativo a los límites impuestos al Estado. Dentro de estos límites tenemos al principio de legalidad, el cual, en materia de garantías sustantivas, consagra el mandato de certeza a partir del cual, si bien se dirige al legislador, sirve de fundamento para afirmar que se debe limitar fuertemente cualquier atisbo de actividad creadora de los jueces mediante la obligación de interpretar la ley penal en favor del imputado en los supuestos en que el mandato de certeza se infrinja (lo cual no es tan excepcional), atendido a que el principio de legalidad debe interpretarse en clave de protección del individuo frente a la actividad persecutoria del Estado, por lo que la interpretación en favor del imputado termina por convertirse en un fundamento del mandato de certeza que emana del principio de legalidad,53 el cual más allá del efecto general de seguridad jurídica no debiese intentar construirse en favor de la víctima, la cual no está en esta posición desventajosa frente a un Estado sancionador. Para llegar a esta forma de comprender la labor de interpretación en el caso concreto resulta fundamental comprender a la prescripción no solamente como una institución de naturaleza sustantiva, sino que también como una que emana de una norma complementaria a la norma de sanción (la cual podrá ser aplicada por el juzgador únicamente en el evento de que la acción penal no esté prescrita), y, por lo tanto, amparada por las garantías sustantivas que emanan del principio de legalidad.

Lo esbozado tiene bastante relevancia en atención a que cada vez surge con más fuerza la tensión con la actividad creadora de los jueces a través de la utilización amplia de interpretaciones y argumentaciones equitativas para poner el acento cada vez más en la justicia al caso concreto, dejando de lado muchas veces la abstracción inherente de la ley para los fines de ser aplicada de forma general a los casos cuyo supuesto de hecho se describe. Ante la existencia de múltiples argumentaciones posibles, unas más correctivas, otras más literales, no debe olvidarse que la labor se inserta dentro de un modelo garantista, por lo que la argumentación equitativa, y que se centra en el caso concreto, debería tener aplicación en los casos en que únicamente beneficia al imputado, y no al revés. Así, cada vez que existan conflictos o concursos de normas a aplicar, y, en última instancia, conflictos de derechos, se debe considerar que es posible de resolverse de una forma general o abstracta dando preeminencia a un derecho por sobre otro, o bien considerar que el conflicto es en última instancia indisoluble en abstracto, siendo solamente solucionable en concreto, debiendo resolverse mediante una ponderación equitativa tomando ahora las circunstancias irrepetibles del hecho que hacen a la situación concreta completamente diferente de las demás, y, con ello, en ambos casos, no se infringe el principio de legalidad, asegurando la sujeción de los jueces a la ley54 y siempre considerando que la labor, en materia penal, inicia desde un modelo garantista. Un aspecto que sirve para reforzar la idea garantista en lo relativo a regulaciones en contra del imputado se encuentra en el hecho de que en las ocasiones en que el legislador ha establecido reglas de suspensión de los plazos que favorecen a este, lo ha indicado expresamente, así, en materia sustantiva se puede mencionar lo dispuesto en el inciso final del artículo 5° de la Ley N°20.084 en lo relativo a la suspensión del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal para los casos de ciertos delitos cometidos por adolescentes en contra de víctimas niños, niñas y adolescentes, o, en materia procesal, en el caso del artículo 237 Código Procesal Penal. Así, el hecho de que una investigación se haya demorado por dificultades concretas no debería habilitar para entender de que en ese caso sí es posible otorgar a una actividad de la víctima el efecto suspensivo del plazo de prescripción, ya que de hacerlo lo que estaría haciendo el juzgador es crear derecho y no simplemente interpretar extensivamente, ya que está considerando situaciones concretas o razones de justicia material dentro de un ámbito en que por las particularidades disciplinares prohíbe dicha actuación.

Los fines garantistas deben estar en la base desde la cual se debe iniciar toda la maquinaria del Estado para los fines de la persecución penal. El individuo debe saber claramente lo prohibido o mandatado bajo amenaza de sanción penal para dar cumplimiento a las finalidades de seguridad jurídica, y ante la carencia o insuficiencia del legislador, no se puede entrar a interpretar de forma contraria a los intereses del “perseguido”, es decir, el Estado no puede hacer recaer sobre el perseguido los efectos de sus incumplimientos. Por ello es que el legislador debe orientar su actividad a los fines de crear leyes claras y comprensibles para todos, debiendo además ser precisas sus disposiciones para los fines de evitar ambigüedades y vaguedades, evitar textos redundantes y vacíos legales y procurando el uso de un lenguaje sencillo y común.55 De no conseguirlo el legislador, el juez no puede interpretar la disposición que se aleja del mandato de certeza en contra del imputado, toda vez que los límites que emanan desde el modelo garantista, y específicamente del principio de legalidad, se dirigen tanto al legislador en forma directa, pero también al juez en última instancia.

Un aspecto importante a considerar, es que el principio de legalidad no se agota simplemente en el mandato de certeza, sino que también lo integra o emana la prohibición de la analogía in malam partem, lo cual obliga a determinar con precisión la línea divisoria entre aquella y lo que se podría estimar como una interpretación extensiva permitida si se cumplen con determinados presupuestos, especialmente lo relativo al respeto a la prohibición de traspasar las fronteras del núcleo duro del tenor literal del precepto interpretado constituyéndose el sentido literal posible el límite externo de la labor interpretativa.56 Por lo tanto, bajo el razonamiento clásico recién esbozado toda labor interpretativa del enunciado “desde que el procedimiento se dirija con el delincuente” que sobrepase el sentido literal posible infringiría el principio de legalidad por tratarse ya sea de una interpretación extensiva o derechamente de una analogía in malam partem, ambas completamente prohibidas al tratarse la norma contenida en el artículo 96 del Código Penal de una que complementa la norma de sanción.57 Continuando con el razonamiento, esta solución se vería reforzada al entender que la prohibición de la analogía no emana únicamente en general del principio de legalidad, sino que también específicamente del propio mandato de certeza al concebir a este último como un mandato de determinación de las leyes cuya fundamentación no resultaría complicada.58 Finalmente, hay que considerar que la prohibición de la analogía no se configura únicamente como una garantía sustantiva, sino que también procesal, lo cual tiene un reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 5° del Código Procesal Penal, al cual nuestros Tribunales han recurrido en un intento por justificar normativamente una interpretación restrictiva de la institución en estudio, y a los cuales ya se hizo mención en el apartado correspondiente de este trabajo.

Aplicando todo lo señalado hasta el momento al caso concreto resulta que el legislador ha señalado expresamente que la acción penal se suspende desde que el procedimiento se dirige contra el delincuente, y es la propia ley la que ha designado que la formalización de la investigación produce el efecto suspensivo, fijándose a partir de ambas disposiciones el alcance que deba dársele a la institución, razón por la cual, razonablemente, podría estimarse que exceder el alcance de dicha interpretación en términos que afectan la naturaleza garantista que está en la base del sistema penal chileno, por ejemplo, otorgándole el efecto suspensivo a actos no expresamente indicados por el legislador como provocadores del mismo utilizando argumentos basados en similitud, como lo sería la interposición de una querella nominativa y que incluso pueda portar un contenido aún mayor que el expuesto en el acto de formalización,59 daría cuenta de una analogía in malam partem prohibida en nuestro sistema.

Además, y en lo que respecta a la aplicación del principio de reciprocidad como tópico jurídico, el problema se soluciona haciendo presente que requiere de un correctivo importante para su entendimiento y aplicación en materias penales y que complementa lo ya expuesto a su respecto. El principio indicado debe ser aplicado con anterioridad del ejercicio de los derechos y libertades que puedan entrar en conflicto, por lo que se enmarcan en la base del razonamiento del sistema y no como un mero recurso de solución de controversias, razón por la cual lo que procede es traer el concepto de reciprocidad “ante los ojos” del modelo teórico garantista en clave constitucional60 (para el objeto de establecer el orden y organización inicial aplicable), y no para afectarlo mediante su utilización posterior.

Por otro lado, no puede sino estudiarse específicamente la herramienta que otorga nuestro ordenamiento jurídico penal para que la víctima haga valer sus pretensiones en el proceso penal, cual es la querella. Podría incluso intentar sostenerse que es una herramienta idónea para dirigir un procedimiento en contra de un determinado sujeto, única y exclusivamente en los casos en que el control judicial a su respecto trascendiera lo meramente formal. Pero en los hechos, prácticamente la totalidad de las querellas ingresadas son declaradas admisibles mediante un control somero de cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 113 del Código Procesal Penal, en virtud de los cuales cualquier pretensión puede dar inicio al proceso penal, constituyéndose en un recurso peligroso que puede utilizarse con la sola finalidad de obtener el efecto de suspender la prescripción de la acción penal. En lo que toca a este tema, nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia ya se pronunció respecto del control de admisibilidad de la querella, estableciendo que el control que debe realizar el Juzgado de Garantía debe responder “únicamente a aspectos formales y no puede servir para establecer cuestionamientos de fondo, lo cual puede ser determinado luego de una investigación que debe ser llevada a cabo por el Ministerio Público”, atendido a que se efectúa en un estadio primigenio del proceso penal, sin perjuicio de que en dicha sentencia existieron votos disidentes al respecto.61 Si nos tomamos en serio el estudio de las instituciones penales en clave garantista, resulta que no podemos aceptar que una querella vaya a ser suficiente para dar lugar a importantes efectos contra el imputado, como lo es suspender un plazo de prescripción. Es más, todavía ni siquiera se discute el momento preciso en que dicha querella puede producir el efecto suspensivo, esto es, si con la mera interposición, con la declaración de admisibilidad o mediante su notificación (diligencia que en nuestro sistema procesal penal parece que reviste una menor formalidad en relación con el proceso civil no obstante su trascendencia para los fines del proceso, lo cual sí es controlado por los Tribunales al inicio de cada audiencia). Incluso se puede llegar a cuestionar el hecho de que la querella no otorga al imputado una instancia específica para cuestionar su forma o exigir su precisión, lo cual sí ocurre en el proceso con posterioridad al acto de formalización de la investigación. No resulta lógico que la única forma de dirigir un procedimiento en contra del imputado expresamente regulada por el legislador presente mayores controles y requisitos que una actuación particular, y que a ambos casos se le pretenda asignar idénticos efectos que vienen a afectar al imputado.

Aplicado entonces lo expuesto en este apartado a la resolución de la controversia acerca del artículo 96 del Código Penal, no puede sino concluirse que, por encontrarse situada la problemática dentro de una disciplina en la cual rige un sistema garantista, la expresión “desde que el procedimiento se dirige contra el (delincuente)” debe interpretarse de tal forma que cumpla con los fines garantistas del sistema, especialmente en lo relativo al principio de legalidad y en su garantía de mandato de certeza al legislador y al juzgador y a la prohibición de analogía. Así, si el legislador no ha establecido claramente cuando el procedimiento se dirige contra un delincuente, y, es más, consagrando expresamente un caso en que se dirige contra él, no puede entrar el juzgador a contemplar más casos mediante una interpretación extensiva, o incluso analógica, toda vez que lo que estaría haciendo es suplir una deficiencia propia del legislador que, en virtud del principio de legalidad, solo le corresponde a él. Si se quiere extender el campo de actuación del artículo 96 del Código Penal en lo relativo a la suspensión de la prescripción de la acción penal, debe necesariamente procederse vía modificación legal que señale expresamente que dicho efecto lo provoca, por ejemplo, la interposición o la notificación de la querella o la interposición de un requerimiento en procedimiento simplificado.

V. Conclusiones

1. El método de interpretación y argumentación aplicado al momento de decidir una determinada controversia

respecto del sentido y alcance de un precepto penal resulta de total relevancia, teniendo en cuenta la relevancia de las herramientas, operaciones y de fundamentos empleados;

2. Lo que resulta fundamental es que si de verdad queremos atribuir algún significado a una institución,

necesariamente debemos estudiarla a la luz de la disciplina jurídica en la cual se encuentra inmersa, así, si lo característico de la prescripción es el transcurso del tiempo, y este debe además comprenderse dentro de la disciplina penal, no se puede dejar establecida la posibilidad de suspensión de una forma tan indeterminada que impida cumplir con los fines propios de la institución, sobre todo si la consideramos como de naturaleza material o, principalmente, como una ligada a las limitaciones al poder sancionador del Estado emanada tanto del principio de legalidad como del de humanidad de las penas;

3. El hecho de que nuestro sistema procesal penal cada vez otorgue una mayor importancia al estatuto de la

víctima no puede traer consigo una destrucción o debilitamiento del estatuto aplicable al imputado, tomando en cuenta principalmente que es el sujeto en contra del cual es el Estado pretender ejercer su poder sancionador;

4. Para el caso de que se estime pertinente recurrir en la labor interpretativa a las reglas contempladas en los

artículos 19 y siguientes del Código Civil, así como a los demás argumentos de interpretación procedentes, tales como el argumento por analogía, a fortiori, a contrario, de principios, de no redundancia, pragmático, y por el absurdo o apagógico o de hipótesis del legislador razonable, deben serlo en un sentido que se compatibilice con el sistema garantista, por lo cual su recurso siempre será para limitar el sentido de la disposición normativa que contraviene el mandato de certeza o de prohibición de la analogía (tanto en su variante sustantiva como procesal), y, por lo tanto, siempre en favor del imputado,62 habida cuenta que la labor de interpretación se debe realizar e iniciarse desde la consideración del sistema en que la disposición está inmersa, por lo que solo a partir de ello se puede conseguir fundamentar y motivar adecuadamente una resolución judicial que pretenda interpretar el enunciado correspondiente; y

5. Finalmente, se puede concluir que siendo lo más adecuado el interpretar los preceptos partiendo desde la

consideración de encontrarse enmarcado dentro de un sistema específico en que impera el garantismo, por ser una disciplina donde se persigue la limitación del poder estatal que se ejerce en contra de los individuos, la interpretación restrictiva en casos en que exista una importante base normativa para ello, o en que se vislumbra claramente un alejamiento del mandato de certeza, sería una exigencia y no meramente una opción que se pueda aceptar o adecuar mediante argumentos, siendo incluso derechamente un punto de partida que impediría la actividad creadora del juzgador en contra del imputado, siendo por tanto la formalización de la investigación el único acto posible de encuadrar en lo que el legislador pretendió regular en el artículo 96 del Código Penal al señalar que la acción penal se suspende desde que el procedimiento se dirige contra el delincuente, por lo cual, en el evento de que se estime necesario ampliar el campo de actuación del artículo 96 del Código Penal en la parte que indica desde cuando se suspende el plazo de prescripción de la acción penal, debe procederse necesariamente vía modificación legal, por ejemplo en el artículo 113 del Código Procesal Penal, para que se utilice la misma técnica contemplada en el artículo 233 del Código Procesal Penal respecto de la querella, o en los demás preceptos correspondientes si lo que se pretende es de dotar de dicho efecto a la denuncia o al requerimiento en procedimiento simplificado, señalando expresamente los requisitos, procedimientos y posibilidades de control, siendo esta la única forma de otorgar debida certeza y seguridad jurídica dentro de un campo que no solamente lo considera deseable, sino que derechamente lo exige, no pudiendo aceptarse por meras alusiones de igualdad procesal o “justicia” entrar a “corregir” eventuales deficiencias legislativas. Lo anterior trae como consecuencia la improcedencia de la institución de la prescripción de la acción penal en los términos del artículo 96 del Código Penal en los casos en que no proceda o no haya tenido lugar la formalización de la investigación, sin perjuicio de las reglas de suspensión especialmente reguladas, por ejemplo, en el artículo 5° de la Ley N°20.084 o en el artículo 237 del Código Procesal Penal. Toda solución que se pretenda argumentar en contrario debe poder sostenerse claramente en la ley, razón por la cual debería procederse a su modificación, por ejemplo, en los términos que figuran en los proyectos de Código Penal, es decir, Anteproyecto de 2013 y Proyecto de 2014, los cuales expresamente en los artículos que regulan la suspensión de la prescripción de la acción penal, luego de hacer idéntica mención a la frase “desde que el procedimiento se dirige contra el responsable”, agregan “esto es, desde la primera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que fuere realizada por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la policía, en la que se le atribuyere responsabilidad en el hecho punible”63 o en los Anteproyectos de 2015 y 2018 en los cuales se indica “La prescripción de la acción penal se suspenderá desde que se practicare la primera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra índole, por la cual se le atribuyere responsabilidad por el respectivo hecho punible”.64

Declaración de contribución de autoría CrediT

Francisco Caamaño Campos: Conceptualización, metodología, investigación, recursos y redacción.

Implicancias éticas

Este estudio se elaboró a partir de una revisión bibliográfica y análisis doctrinario y normativo, sin involucrar investigación con seres humanos ni utilización de datos personales sensibles.

Financiación

El autor no declara fuentes de financiamiento.

Conflictos de interés

El autor declara no tener conflictos de interés en relación con la elaboración o publicación de este artículo.

Agradecimientos

El autor no declara agradecimientos.

Datos de investigación

El presente artículo se sustenta exclusivamente en fuentes bibliográficas, normativas y documentales de acceso público. No se generaron ni recopilaron datos cuantitativos o cualitativos originales, por lo que no existen conjuntos de datos asociados.

Bibliografía

Doctrina citada

Balmaceda Hoyos, Gustavo (2016): “La prescripción en el Derecho penal chileno”, en: Revista de Ciencias Penales (núm. 1).

Balmaceda Hoyos, Gustavo (2021): Manual de Derecho penal Parte General, 4ª edición (Santiago, Librotecnia).

Beccaria, Cesare (2020): De los delitos y de las penas (Traducc. de Francisco Laplaza, Lima, Editorial Palestra).

Beltrán Calfurrapa, Ramón (2012): “La tópica jurídica y su vinculación argumentativa con el precedente y la jurisprudencia”, en: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (núm. 39).

Bordalí Salamanca, Andrés (2011): “La acción penal y la víctima en el Derecho Chileno”, en: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (vol. 37).

Cabezas Cabezas, Carlos (2020): “La prescripción de la acción penal y la suspensión de la misma en el derecho positivo. Un estudio histórico-comparado”, en: Revista Doctrina y Jurisprudencia Penal (núm. 40).

Cabezas Cabezas, Carlos (2021): La prescripción de la acción penal. Herencia y desafíos político-criminales (Santiago, DER ediciones).

Carbonell Bellolio, Flavia; Ihnen Jory, Constanza y Quintero Fuentes, David (2022): Interpretación, argumentación y razonamiento judicial (Santiago, Academia Judicial).

Carmona Tinoco, Jorge (1996): La interpretación judicial constitucional (Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas).

Cerda San Martín, Rodrigo (2019): Manual del sistema de justicia penal (Santiago, Librotecnia).

Cury Urzúa, Enrique (2005): Derecho Penal Parte General, 7ª edición (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile).

Cury Urzúa, Enrique (2020): Derecho Penal Parte General, 11ª edición (Santiago, Ediciones UC).

Clérico, Juan (2017): “La tópica y la reciprocidad en los cambios en el derecho penal”, en: Revista Prudentia Iuris (núm. 83).

Etcheberry Orthusteguy, Alfredo (1999): Derecho Penal Parte General, 3ª edición (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), t. II.

Ferrajoli, Luigi (1995): Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (Traducc. de Perfecto Andrés Ibáñez, Madrid, Trotta).

Ferrajoli, Luigi (2025): Contra el creacionismo judicial (Traducc. de Perfecto Andrés Ibáñez y Félix Morales, Lima, Palestra).

Ferrer Beltrán, Jordi, Fernández Blanco, Carolina, García Yzaguirre, Víctor y Scavuzzo, Natalia (2025): La seguridad jurídica para el desarrollo humano: desafíos en Iberoamerica (Madrid, Marcial Pons).

Gandulfo, Eduardo (2010): “El inicio de la suspensión de la prescripción de la acción penal en el nuevo ordenamiento para el proceso penal: Un nuevo modelo”, en: Revista Interdisciplinaria de Ciencias Jurídicas (núm. 1).

Garrido Montt, Mario (1997): Derecho Penal Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), t. I.

Guzmán Dálbora, José Luis (2002): “De la extinción de la responsabilidad penal”, en: Politoff Lifschitz, Sergio y Ortiz Quiroga, Luis (directores), Texto y comentario del Código Penal Chileno. Libro Primero-Parte General, Artículos 1° al 105 (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

Hart, Herbert (1963): El concepto de derecho (Traducc. de Genaro R. Carrió, Buenos Aires, Abeledo Perrot).

Horvitz Lennon, María Inés y López Masle, Julián (2003): Derecho Procesal Penal chileno (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), t. I.

Kudlich, Hans (2018): Cuestiones fundamentales de la aplicación del Derecho penal. Contribuciones a la teoría del método y a la imputación en el Derecho penal (Madrid, Marcial Pons).

Kuhlen, Lothar (2021): “Sobre la relación entre el mandato de certeza y la prohibición de la analogía”, en: Montiel, Juan Pablo (editor), La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal ¿decadencia o evolución? (Madrid, Marcial Pons).

Labatut, Gustavo (1972): Derecho Penal Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

Mañalich Raffo, Juan Pablo (2024): “La interpretación de la ley penal bajo la “prohibición de analogía”. Una reconstrucción desde el pragmatismo semántico”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. 51 núm. 3).

Matus Acuña, Jean Pierre y Ramírez Guzmán, María Cecilia (2021): Manual de Derecho Penal Chileno. Parte General, 4ª edición (Valencia, Tirant lo Blanch).

Mera Figueroa, Jorge (2011): “De la extinción de la responsabilidad penal. Artículo 96”, en: Couso Salas, Jaime y Hernández Basualto, Héctor (directores), Código Penal Comentado. Libro Primero. Arts. 1° a 105. Doctrina y jurisprudencia (Valencia, Editorial Tirant lo Blanch).

Nogueira Alcalá, Humberto (2015): “El bloque constitucional de derechos en Chile, el parámetro de control y consideraciones comparativas con Colombia y México: doctrina y jurisprudencia”, en: Estudios constitucionales (año 13 núm. 2).

Novoa Monreal, Eduardo (1985): Curso de derecho penal chileno: parte general, 2ª edición (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

Ortíz de Filippi, Hugo (2021): Amnistía, indulto y prescripción (Santiago, Thomson Reuters-Legal Publishing).

Pérez Ragone, Álvaro (2018): “El impacto del dialogo entre derecho sustantivo y el derecho procesal”, en: Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia (núm. 41).

Politoff Lifschitz, Sergio; Matus Acuña, Jean Pierre y Ramírez Guzmán, María Cecilia (2004): Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte General, 2ª edición (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

Puig Hernández, Marc-Abraham (2022): “El principio de la reciprocidad: Fundamentos para el ejercicio de las libertades fundamentales”, en: Revista Derechos y libertades (núm. 46).

Rawls, John (2006): Teoría de la justicia, 2ª edición (Traducc. de María Dolores González, México, Fondo de Cultura Económica).

Rettig Espinoza, Mauricio (2019): Derecho Penal Parte General. Fundamentos (Santiago, DER ediciones), t. I.

Sánchez Perez, Rocío (2025): Ley penal y criminología. La interpretación criminológica de la ley punitiva (Valencia, Editorial Tirant lo Blanch).

Sarrabayrouse, Eugenio (2012): “La crisis de la legalidad, la teoría de la legislación y el principio in dubio pro reo: una propuesta de integración”, en: Montiel, Juan Pablo (editor), La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal ¿decadencia o evolución? (Madrid, Marcial Pons).

Tapia Ballesteros, Patricia (2016): “El estatuto de la víctima en el ordenamiento jurídico chileno: Estado de la cuestión y algunas consideraciones”, en: Revista de Ciencias Penales (vol. 43 núm. 2).

Van Weezel de la Cruz, Alex (2023): Curso de Derecho Penal Parte General (Santiago, Ediciones UC).

Viehweg, Theodor (2025): Tópica y jurisprudencia (Traducc. de José Luis Díez-Picazo, Santiago, Ediciones Olejnik).

Jurisprudencia citada

Alarcón Contreras, Elena contra Gándara Riveros, Pablo (2023): Corte de Apelaciones de Concepción, de 01 de diciembre de 2023, rol 1410-2023.

Muñoz Arias, Ladislao contra Corte de Apelaciones de Temuco (2024): Corte Suprema, de 12 de noviembre de 2024, rol 56.209-2024.

Leveque Pilgrin, Franco contra Juzgado de Garantía de Valdivia (2024): Corte Suprema, de 26 de diciembre de 2024, rol 60.878-2024.

Andueza Fouque, Juan Pedro con Sepúlveda Jaramillo, Dagoberto (2024): Corte Suprema, de 14 de marzo de 2025, rol 7.921-2024.

De la Cruz Varela, Carlos contra la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (2025): Corte Suprema, de 26 de mayo de 2025, rol 17.022-2025.

Segovia Villanueva, Pedro contra Juzgado de Garantía de Ovalle (2025): Corte Suprema, de 21 de julio de 2025, rol 26.692-2025.

Consejo de Defensa del Estado con González López, Víctor (2025): Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 05 de agosto de 2025, rol 1954-2025.

Ministerio Público con Von Bischoffshausen Saavedra, Norma (2025): Corte de Apelaciones de Santiago, de 27 de agosto de 2025, rol 3395-2025.

Mesa Latorre, Álvaro contra Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia (2025): Corte Suprema, de 23 de septiembre de 2025, rol 37.661-2025.

Bahamonde Bravo, Benjamín contra Cuarta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (2025): Corte Suprema, de 30 de septiembre de 2025, rol 39.194-2025.

Lepe Valenzuela, Antonio contra Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (2025): Corte Suprema, de 09 de octubre de 2025, rol 40.390-2025.

Mascayano Bórquez, Erwin con Chaves Pérez, Miguel (2026): Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 13 de enero de 2026, rol 1211-2025.

Normativa citada

Código Civil de Chile, 14 de diciembre de 1855.

Código Penal de Chile, 12 de noviembre de 1874.

Ley N°1853, Código de Procedimiento Penal, 19 de febrero de 1906.

Ley N°19.696, Establece Código Procesal Penal de Chile, 12 de octubre de 2000.

Ley N°20.066, Establece Ley de violencia intrafamiliar, 07 de octubre de 2005.

Ley N°20.084, Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, 07 de diciembre de 2005.

Anteproyecto de Código Penal de Chile de 2013.

Proyecto de Código Penal de Chile de 2014.

Anteproyecto de Código Penal de Chile de 2015.

Anteproyecto de Código Penal de Chile de 2018.

Ley N°21.675, Estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, 14 de junio de 2024.

Notas

  1. Todo lo cual ha sido bastante desarrollado desde que H. L. A. Hart lo desarrollara en el capítulo VII de su famosa obra “El concepto de derecho” en 1961. Hart (1963), pp.155 y ss. ↑

  2. Matus y Ramírez (2021), p. 792. ↑

  3. Guzmán (2002), p. 459. ↑

  4. Balmaceda (2016), pp. 107-111. ↑

  5. Cury (2005), p. 802. ↑

  6. Cabezas (2021), pp. 44 y 45. ↑

  7. Mera (2011), p. 727. ↑

  8. Van Weezel (2023), p. 515. ↑

  9. Ortiz (2021), pp. 202 y 203. ↑

  10. Balmaceda (2021), p. 621. ↑

  11. Etcheberry (1999), p. 259. ↑

  12. Novoa (1985), p. 488. ↑

  13. Rettig (2019), pp. 251 y 252. ↑

  14. Andueza con Sepúlveda (2025). ↑

  15. Segovia contra Juzgado de Garantía de Ovalle (2025). ↑

  16. De la Cruz Varela contra Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (2025). ↑

  17. Lepe contra Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (2025). ↑

  18. Bahamonde contra Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (2025). ↑

  19. C.D.E con González (2025). ↑

  20. C/ Von Bischoffshausen (2025). ↑

  21. Mascayano Bórquez con Miguel Ángel Chaves Pérez (2026). ↑

  22. La sentencia fue acordada con el voto en contra de la abogada integrante señora Luisa Cortés Sánchez quien, dentro de los múltiples argumentos esbozados, señala que se debe determinar la conjunción lógica y sistemática del artículo 96 del Código Penal, el cual contempla por una parte un modelo de simple dirección persecutoria, y por otra un modelo de información formal de persecución que se obtiene o prevé en el artículo 233 literal a) del Código Procesal Penal, para luego entrar a realizar una interpretación de las palabras del legislador teniendo en consideración el hecho de que siendo la disposición del Código Penal anterior a la contenida en el Código Procesal Penal, debe darse preferencia a esta última por principio de temporalidad y también haciendo alusión a la historia del precepto del Código adjetivo, que daría cuenta de la voluntad del legislador, además de indicar que una interpretación del artículo 96 del Código Penal en desconexión al artículo 133 del Código Procesal Penal no solo supondría una contravención al principio de legalidad, sino que podría suponer además a una interpretación analógica. ↑

  23. Leveque Pilgrin Franco contra Juzgado de Garantía de Valdivia (2024). ↑

  24. El fallo fue pronunciado contando con los votos en contra de dos Ministros, quienes estuvieron por confirmar la resolución apelada por los mismos fundamentos. ↑

  25. Muñoz Arias contra Corte de Apelaciones de Temuco (2024). ↑

  26. Alarcón Contreras contra Pablo Andrés Gandara Romero (2023). ↑

  27. Labatut (1972), p. 298. ↑

  28. Atendido al hecho de que a la fecha de dictación del artículo 96 del Código Penal era el Código Civil y la Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales las que lo complementaban. ↑

  29. Cabezas (2020), pp. 22-24. ↑

  30. Gandulfo (2010), p. 11. ↑

  31. Carbonell et al (2022), p. 37. ↑

  32. Diccionario de la lengua española, primera y segunda acepción. ↑

  33. Cerda (2019), p. 80. ↑

  34. Nogueira (2015), p. 315. ↑

  35. Rettig (2019), p. 282. ↑

  36. Beccaria (2020), p. 59. ↑

  37. Sánchez (2025), p. 112. ↑

  38. Clérico (2017), pp. 213 y 214. ↑

  39. Considerando en este punto que existen autores que han encontrado cierto origen de nuestra institución de la suspensión en el Derecho Civil, pero que reconocen que aun cuando se estime de tal modo en cada caso deben considerarse argumentaciones diversas para justifica su existencia. Cabezas (2020), pp. 15 y 16. ↑

  40. Rawls (2006), p. 352. ↑

  41. Pudiendo mencionarse al respecto las disposiciones contenidas en las Leyes N°20.066 y N°21.675. ↑

  42. Tapia (2016), p. 37. ↑

  43. Cerda (2019), p. 22. ↑

  44. Bordalí (2011), p. 524. ↑

  45. Bordalí (2011), p. 527. ↑

  46. Los autores indican la existencia de controles de naturaleza política, procesal, jerárquico y ciudadano, importando para lo que nos interesa acá lo relativo al control procesal realizado por la víctima, y, excepcionalmente, mediante una acción popular. Horvitz y López (2003), pp. 132- 139. ↑

  47. Cury (2005), p. 798. ↑

  48. Van Weezel (2023), pp. 509 y 510. ↑

  49. Un aspecto relevante en este punto surge en relación con el principio de legalidad, y que se encuentra íntimamente ligada a la discusión respecto a la naturaleza material o procesal de la institución de la prescripción, surge del estudio de la irretroactividad de la ley penal como garantía sustantiva emanada del principio en estudio y de su correlativa excepción respecto de la ley penal más favorable. Así, hay autores que entienden que dentro de los casos en que una nueva ley es más favorable para el afectado se encuentra precisamente cuando reduce plazos de prescripción o cuando se altera la forma de computarla de forma tal que el afectado resulta alcanzado por ella, lo cual denotaría la naturaleza sustantiva de la prescripción, toda vez que de otra forma no se entendería comprendida dentro de los casos que operativizan una excepción que emana del principio de legalidad. Rettig (2019), p. 144; y Cury (2020), p. 290. ↑

  50. En este sentido, entre otros, Ortíz de Filippi (2021), pp. 156 y 157; y Polittof et al (2004), pp. 582 y 583; y Garrido (1997), pp. 372 y 373. ↑

  51. Pérez (2018), p. 278. ↑

  52. Ferrajoli (1995), pp. 851-854. ↑

  53. Sarrabayrouse (2012), p. 51. ↑

  54. Ferrajoli (2025), p. 157. ↑

  55. Ferrer et al (2025), pp. 30 y 31. ↑

  56. Rettig (2019), p. 140. ↑

  57. En contra de este razonamiento clásico Mañalich, quien estima que no resulta coherente el ejercicio esbozado al señalar, entre otros postulados y fundamentos, que si un respectivo texto es el objeto de la interpretación no podría, además, y al mismo tiempo, funcionar como criterio de corrección en la labor de su propia interpretación. Mañalich (2024), p. 67. ↑

  58. Kuhlen (2021), p. 162. ↑

  59. En este sentido varios de los argumentos y remisiones expresadas por la abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta señora Luisa Cortés Sánchez en los considerandos 2° a 5° de su voto en contra en la sentencia a la que se hizo mención en el capítulo correspondiente. ↑

  60. Puig (2022), pp. 236 y 237. ↑

  61. Mesa contra Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia (2025). ↑

  62. Rettig (2020), pp. 255 y ss. ↑

  63. Artículos 207 y 206 del Anteproyecto de Código Penal de Chile de 2013 y del Proyecto de Código Penal de Chile de 2014 respectivamente. ↑

  64. Artículos 177 y 181 de los Anteproyectos de Código Penal de Chile de 2015 y 2018 respectivamente. ↑