DOI: http://doi.org/
Num. 47, 2025. Página 1 de 16
ARTÍCULO ORIGINAL | ARTICLE ORIGINAL OPEN ACCESS
Culpa infraccional y culpa subjetiva: una revisión a la jurisprudencia ambiental
Negligence per se and subjective liability: a review of environmental case law
Daniel Tapia Olivares*
*Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
https://orcid.org/
RESUMEN
Es común la retórica general de una aplicación de principios penales en el derecho administrativo sancionador, y aquella voz esta también presente en la jurisprudencia ambiental nacional. Por su parte, de manera individual, en el área de la culpabilidad, se ha instalado en la jurisprudencia de la materia la llamada culpa infraccional, la que en este trabajo se analizará en el sentido de señalar su distancia en relación a principios penales aun sea con el salvavidas de los matices.
PALABRAS CLAVE
Culpa infraccional, derecho administrativo sancionador, derecho ambiental.
ABSTRACT
The general rhetoric of applying criminal principles to administrative law is common, and this view is also present in national environmental case law. For its part, individually, in the area of culpability, the so-called “negligence per se” has become established in the jurisprudence of the matter, which in this work will be analyzed in order to point out its distance in relation to criminal principles, even with the lifeline of nuances.
KEYWORDS
Negligence per se, administrative sanctioning law, environmental law.
© 2025, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Este artículo se distribuye bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Esto permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que se dé el crédito apropiado a los autores y a la fuente original. Para más información, visite: https://creativecommons.org/
tratar sobre la aplicación del principio de culpabilidad, aplicar la llamada culpa infraccional, la cual posterior a su estudio, se señalará como una culpa de sede más bien administrativa, y no posible de conectar con esta raíz penal que señalan los tribunales, amparados en esta unidad ontológica del ius puniendi único estatal.
En aras de lo antes mencionado, en esta investigación se analizará brevemente la aplicación general de principios en el derecho administrativo sancionador, para poder tener un contexto de cómo se comportan los principios en la materia en general, para posteriormente analizar la culpabilidad penal o subjetiva, la que debiera ser por deducción de la aplicación general, la correcta forma de interpretar y aplicar la culpabilidad en las sanciones administrativas. Ya luego se hará una revisión de la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales del país para conocer cómo han interpretado y aplicado ellos la culpabilidad, analizando a la par la culpa infraccional, y demostrando la verdadera desconexión entre ella y una culpabilidad prototípica o penal estricta. Para terminar con las conclusiones respectivas.
II. Aplicación general de principios penales en el derecho administrativo sancionador
La aplicación de la culpa en el derecho administrativo sancionador, y desde luego en el derecho administrativo sancionador ambiental, ha quedado inmersa en esta difusa área que es el derecho de sanciones, esto pues como es sabido, no existe una norma general que regule la materia,1 existiendo así verdaderamente distintos sectores con potestades sancionadoras,2 no siendo símiles por lo general entre ellas,3 y tampoco entonces su marco jurídico aplicable,4
Así, para tener un primer acercamiento a cómo será la culpabilidad en el derecho administrativo sancionador ambiental, podemos remontarnos a la aplicación de principios en el derecho administrativo sancionador en general.
Al no existir norma que regulase la potestad sancionadora de la Administración, y justamente en una época, el siglo XX, en donde existía una hiperinflación de organismos con potestades sancionadoras y de un robustecimiento de las mismas potestades,5 ciertos autores postulaban la inconstitucionalidad de esta, en tanto dejaban derechos fundamentales de las personas muy desprotegidos.6 Ante la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la potestad sancionadora principalmente por la inmensa cantidad de órganos que contaban con ella y su necesidad, es que se implanta una idea, esta es la de sujetarla a un marco jurídico fuerte, ya no el administrativo, sino que se señala la sujeción de la potestad sancionadora bajo la reglas del derecho penal,7 esto al ser supuestamente ambas integrantes del denominado ius puniendi único del Estado,8 es decir, serían ontológicamente iguales,9 con ciertas diferencias cuantitativas,10 pero en el fondo cualitativamente lo mismo.
Esta postura estricta se consolida bajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual en un fallo del 26 de agosto de 1996 señaló: “Que los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado”.11
Si bien esta postura se instaló durante un tiempo en el derecho chileno, no estuvo exenta de críticas,12 y debido a las grandes diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, es que el Tribunal Constitucional cambia un poco de parecer y ahora nos señala otra forma de aplicación de principios, la cual, si bien sigue siendo penal, ahora se nos dice que se debe hacer aplicación de los llamados matices.13
Esta llamada aplicación de matices en los principios del derecho administrativo sancionador, más que dar claridad, ha sido sujeto de críticas en el sentido de que no entregan certeza de lo debido a aplicar,14 en otras palabras, el contenido de los principios es bastante flexibilizado, atenuado, y en ciertas circunstancias es rebajado a tal punto que se señala que incluso pierde esta naturaleza penal,15 y se llegan a aplicar verdaderos principios de índole administrativa.16 Por tal, esta aplicación matizada ha creado una verdadera confusión en los distintos sectores de referencia.
En contexto de lo anterior, también la jurisprudencia ambiental ha aceptado una aplicación de principios penales de manera general: “En lo que respecta a la aplicación de los principios invocados por el reclamante, en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, la doctrina ha sostenido que “No obstante su autonomía, ante la inexistencia de un cuerpo dogmático sólido en cuanto a sus principios sustantivos, por razones de urgencia, deben serle aplicados, como pauta y cota máxima, aquellos que informan al Derecho Penal, pero, claro está, que con excepciones o matizaciones, según corresponda” (ROMÁN CORDERO, Cristián. El Debido Procedimiento Administrativo Sancionador. Revista de Derecho Público, Universidad de Chile, Volumen 71, página 204)”.17
Según lo visto, en el derecho nacional, la correcta aplicación de la culpabilidad en el derecho administrativo sancionador correspondería entonces a aquella que proviene de su faz penal, es decir una culpa subjetiva.
III. La culpabilidad penal o subjetiva
Dentro de los elementos del delito, estos se pueden agrupar en tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, o de otra manera, injusto (conducta) y culpabilidad, demarcándose dentro del delito dos juicios, uno que recae sobre la conducta realizada que permita determinar la gravedad y la pena merecedora, en el cual se revisa por lo general la tipicidad y antijuridicidad, y un segundo juicio, que recae sobre la voluntad del sujeto, sobre su intencionalidad, estamos hablando del juicio de culpabilidad.18 Es decir, es necesaria la revisión del elemento subjetivo para que surja la responsabilidad penal como tal.
La culpabilidad la entendemos como aquel juicio de reproche hacia el autor de una cierta infracción, al poder este último actuar conforme a derecho, y no hacerlo. En este estadio, hay tres elementos necesarios para poder reprochar la culpabilidad de un sujeto, los cuales son: 1) la imputabilidad, 2) la conciencia de la ilicitud, y 3) la exigibilidad de la conducta.19 Esto significa que no es necesario que el hecho lesivo sea solo atribuible al autor, sino que también es necesaria una reprochabilidad del autor, es decir, cuando existen ciertos requisitos mínimos que le permiten ser responsable de los mencionados actos.20 De todos modos estas categorías no las revisaremos al no ser parte de lo central del trabajo, sino que representan una etapa anterior que no se verá.
La culpa subjetiva o de tipo penal, garantía esencial del ius puniendi único estatal, se centra en el elemento de carácter subjetivo que debe concurrir en el infractor, el cual será imprescindible para imponer una sanción.21 Esta se alza como una limitación a la potestad del Estado de castigar, en tanto que no es suficiente la mera inobservancia de la norma o la sola lesión o puesta en peligro de cierto bien jurídico, teniendo como causa la acción respectiva de cierto sujeto.22
Dicha reprochabilidad está ligada al contenido interno como dijimos, a la voluntad que anima al sujeto a realizar tal conducta, tratando de poder conectar culpablemente al sujeto con el acto, lo que representaría este requisito que el derecho penal debe ponderar para poder castigar.23 En otras palabras, el principio de culpabilidad se traduce en este juicio de valor, el cual desemboca en dos conceptos, dos nomenclaturas que explican de manera psicológica la acción del sujeto, nos referimos al dolo y la culpa.24
Analizando más específicamente estas formas de analizar la culpabilidad en el sujeto, por su parte el dolo nos exige dos presupuestos: 1) de orden más bien intelectual que se refiere al conocimiento de la acción y, 2) de carácter más volitivo, que refiere a querer realizar la acción.
En cuanto a esta necesidad de que el sujeto conozca la acción y los efectos de ella, se exige para la configuración del dolo un conocimiento de todas las características materiales que forman parte del tipo penal, en su faz objetiva, es decir, deberá saber en su totalidad prácticamente la forma de desarrollar dicha actividad delictiva, estamos hablando de su naturaleza, forma y medios de ejecución, además de su curso de desarrollo, y luego los efectos de la realización de esta.25 Además, este conocimiento que mencionamos, también debe ser real, cierto, y actual, es decir, no en potencia, el sujeto debe saber al momento de la realización los efectos de dicha acción. La simple posibilidad de conocer no es suficiente, debe saberlo.26
En lo referido al segundo elemento, que es esta voluntad de realizar la acción, esta voluntad de concretar toda la acción típica, impone la realización de la conducta bajo la decisión del sujeto de lograr los efectos de la acción, aplicando los medios escogidos y accionando cada una de las etapas en la forma que se previó.27 En otras palabras: “Dolo es voluntad de concreción, y en el “querer” —en el sentido expresado— se comprende no sólo lo que se persigue realmente, sino los efectos o consecuencias concomitantes típicas inherentes, o sea aquellos que con elevado nivel de probabilidad sobrevendrán al llevar a cabo la acción, deseados o no, como se desprende del paradigma antes anotado”.28
En cuanto a la culpa, o también llamados delitos culposos, estos hacen referencia a que el sujeto no emplea el debido cuidado en el cumplimiento del deber, aplicable también en acciones que solo generen riesgos, es decir, sin un resultado necesario.29 En otras palabras, al hablar de culpa, existe una falta de cuidado esperado o una negligencia. Se entiende “que actúa con culpa quien debiendo evitar un resultado previsible y evitable, no lo prevé, o previéndolo, no lo evita, pudiendo hacerlo”.30
Desde una mirada más general, el injusto plantea la cuestión de cuál es el cuidado objetivamente esperado del sujeto en la situación de peligro que enfrentó, y la culpabilidad, es si ese cuidado le era exigible según las circunstancias específicas en que actuó.
IV. Análisis/crítica a la culpa infraccional
En los comienzos de la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales era mucho más común y reiterado el recibimiento de la culpabilidad subjetiva, es decir una culpa penal, a la hora de examinar una posible infracción, ejemplo: “(…) que cuando el citado precepto alude a la “intencionalidad en la comisión de la infracción”, se está refiriendo al análisis del elemento subjetivo de la infracción, conformado tanto por la culpa como por el dolo”.31
Pero últimamente se ha asentado un cambio en cuanto a la interpretación de la culpabilidad en los fallos de los Tribunales Ambientales, introduciendo en sus sentencias la llamada culpa infraccional, ejemplo: “En el campo del derecho administrativo sancionador, el elemento subjetivo del ilícito exige identificar la obligación o prohibición que el ordenamiento jurídico pone de cargo del sujeto y que en caso de inobservancia o quebrantamiento determinará la culpa infraccional del agente. Así, la culpabilidad en el ámbito administrativo más que definir si la infracción se comete con culpa o dolo implicará establecer si se vulneran las prescripciones contenidas en una norma, instrucción o mandato impartido por una autoridad, pues son tales prescripciones las que definen aquel deber de cuidado en el desempeño de las actividades reguladas, de modo que, bastará con acreditar la infracción de la norma y descartar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito para tener por establecida la culpa”.32
La llamada culpa infraccional o culpa contra la legalidad, la podemos encasillar como una categoría especial de culpabilidad o como un criterio de atribución de responsabilidad extracontractual, la cual se basa en la imputación por la contravención a una norma jurídica, al establecer esta última un deber de cuidado implícito.33 Al verificarse positivamente dicha consecuencia ya prevista por el ordenamiento jurídico, nace así la responsabilidad por la sola inobservancia del precepto normativo, produciéndose también una especie de presunción general de culpabilidad en contra del supuesto infractor.34
A. Culpa contra ley
La primera cuestión que resalta, es el carácter de ser una culpabilidad contra legem.35 La culpa contra ley también llamada, corresponde a aquella en que sólo es necesaria la contravención normativa, ya sea ley u otro tipo de norma, para que sea sancionable el actuar.36 En ella se debe hacer un ejercicio de subsunción del actuar con lo que dicta la norma, en otras palabras, se debe evaluar si simplemente se verifica el resultado previsto por el legislador o por la autoridad quien creó la norma, excluyendo los aspectos psicológicos en dicho ejercicio.37
“En la responsabilidad objetiva se prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, no se mira su culpabilidad, se atiende única y exclusivamente al daño producido, basta que este daño se produzca para que el autor del hecho dañino esté obligado a indemnizar. Así, el problema de la responsabilidad se traduce en un asunto de causalidad y no de imputabilidad; basta encontrar la relación de causalidad entre el hecho y el daño producido, no siendo necesaria la relación de reprochabilidad entre el autor del hecho y el hecho mismo”.38
La doctrina que respalda esta interpretación de la culpabilidad, señala que en definitiva la culpa y el dolo son verdaderamente intrascendentes para el derecho administrativo, pues la sanción es sólo instrumento en aras de que no se incumpla la norma, por tanto, simplemente la intencionalidad es superflua, si lo que se busca es el respeto a la normativa, no determinar los aspectos psicológicos que llevaron a incumplirla.39
Señala Nieto en el mismo sentido: “Lo que de todas formas parece claro es que a lo largo de este proceso el elemento subjetivo de la culpabilidad pierde la esencialidad característica del delito porque a efectos de la prevención de peligros abstractos lo que al Estado importa no es la culpabilidad sino el mero incumplimiento”.40
Del hecho de ser una culpabilidad contra ley, podemos fundamentarla señalando dos órdenes de cosas. La primera, basada en la interpretación que ha dado nuestra Corte Suprema a la culpa infraccional, es que esta se debe a una aproximación funcionalista para la Administración, al ser la sanción administrativa diferente a la penal, siempre que esta última tiene un fin más bien retributivo, la administrativa por su parte tiene un fin más bien preventivo, y por tal, esta no necesidad de probar la culpabilidad para sancionar se señala va en función de este fin, de que no se incumpla la norma, más no solo sancionar.41
Así, para el ejercicio de la potestad sancionadora es conveniente solo verificar que se cumpla el catálogo de deberes, prohibiciones y obligaciones que se le exigen al fiscalizado, significando que la sola contravención normativa satisface el tipo infraccional.42 Pues la sanción realmente no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de enforcement normativo, no se analiza la intención, sino solo la conducta,43 y podemos así decir que la sanción no tiene el mismo “peso” que la pena, es decir, no debe pasar por un tamiz procesal tan estricto. La pena realmente actúa en un contexto de ultima ratio, la sanción por su parte no.
La segunda, en sentido que el legislador implícitamente ya ha puesto con la sola constatación de la contravención normativa, con la verificación del incumplimiento del precepto normativo, un deber de conducta, es decir, lleva ya la sola contravención la implicancia de haber actuado culpablemente.44
Una explicación que se entrega de por qué en el área del derecho administrativo sancionador ambiental se asume la culpabilidad ya implícita en la faz objetiva del tipo, al tener un deber de conducta esa misma acción adherido, es dado el carácter que presenta el infractor en materia ambiental: el ser experto en dicha área.45 Se señala que el infractor en esta materia, no es cualquier persona, por lo general son expertos, sujetos que se desempeñan con vasta experiencia en el rubro, en donde el grado de conocimiento por parte del sujeto es alto, y por ello sabe las consecuencias del acto, sabe desde antes, que su actuar infringirá la ley.46
En ese sentido, por estas circunstancias se plantea que se configura una especie de presunción de culpabilidad,47 lo cual no tendría impedimento, pues es solo en materia penal que no se permite, más no en sede administrativa. Quienes refutan de dicha presunción, señalan que es la misma Constitución quien repele de manera enérgica dicha situación, en tanto que iría en contra de la libertad y de la misma dignidad humana, en el sentido de que la prueba de la culpabilidad no es sino el mayor contrapeso con el que cuenta la persona en relación al Estado.48
Así, lo que ocurre es un verdadero traslado de la carga de la prueba, no siendo ya la Administración quien deba demostrar la culpabilidad del delito, sino, el administrado su inculpación, resultando más bien una aplicación de un principio de responsabilidad en vez que de culpabilidad.49
En base a esto, si entendemos la culpa infraccional bajo conceptos de culpa contra legem, culpa objetiva u otra denominación similar, se nos presenta otro problema o consecuencia de lo anterior, que también marca distancia con la culpa subjetiva, esto es sobre cómo se mantiene la presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador.
Se ha señalado por la doctrina que es necesaria la relación entre el principio de culpabilidad y la presunción de inocencia y viceversa, yendo una en resguardo de la otra, y lógicamente si una es atenuada la otra también.50
Pues la presunción de inocencia, que se entiende integrante de nuestro ordenamiento jurídico incluso a nivel constitucional,51 esta exige por una parte que no se puedan establecer presunciones de responsabilidad, así se menciona que no sería posible que la ley dé por establecido un hecho infraccional o el grado de participación en ello, y también sin el sujeto poder demostrar su inocencia.52 También es necesario un trato de inocente durante el procedimiento, reduciendo las perturbaciones y limitaciones en su derecho a defensa, pudiendo este trato de inocente romperse solamente desde que una decisión ejecutoriada devenida de un debido proceso establezca la responsabilidad en el hecho.53
Bajo dicho contexto, la culpa infraccional atentaría a la presunción de inocencia, principalmente por lo que decíamos antes, por esta inversión de la carga de la prueba, de esta presunción de culpabilidad, siendo esto un detrimento al supuesto trato de inocente. Por lo mismo la aplicación de esta última en el derecho administrativo sancionador no ha estado exenta de confusión, y no es unánime si es aplicable o no.54 De todos modos mencionamos que la culpa infraccional es otro ejemplo ya de la no aplicación de la presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador ambiental, existiendo otras figuras también que no permiten su aplicación,55 en tanto que por la diferencia de las garantías procesales generales, en este caso las penales procesales, no es posible un traspaso íntegramente de ellas.56
B. Verdadero rol de la culpabilidad en la sanción ambiental
Esta concepción de culpabilidad contra legem, los Tribunales la han fundado desde el artículo 40 letra d de la Ley N°20.417 de 2010,57 el que señala la intencionalidad del infractor como circunstancia a tener en cuenta por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente a la hora de diseñar una sanción para la respectiva infracción. Por tanto, se reitera que el elemento subjetivo del sujeto no forma parte realmente del tipo infraccional como tal, no es obligación para la autoridad administrativa el examen de los aspectos psicológicos por parte de quien ejecuta los hechos, en el sentido de determinar si es infracción o no.58
Realmente la intencionalidad, el aspecto psicológico, queda relegado a un rol de elección de la sanción o de tasación de la multa en el caso de las sanciones pecuniarias.59 lo que también es ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia al interpretar y aplicar las “Bases Metodológicas para el Establecimiento de sanciones ambientales”, las cuales mandatan lo ya señalado, la necesidad de la mera contravención de la norma, más no la culpa o dolo de quien comete la infracción.60 Esto último, la adopción de la culpa infraccional por parte de dichas Bases Metodológicas, marca una lejanía sino abultada con lo que mencionamos al principio de este trabajo, que es esta raíz penal, al no poner como requisito la acción dolosa o culposa para sancionar, sino que aplica la llamada culpa infraccional, lo que baja bastante el nivel de exigencia a la hora de ejercer la potestad sancionadora.61
Dicho lo anterior, podríamos pensar, que estamos ante una verdadera culpabilidad objetiva,62 en donde solo se necesita la contravención normativa para acreditar la infracción y aplicar la sanción, pero autores como Hunter, en base a este artículo 40 de la LOSMA, hacen alusión a que esto no es así, debido a que aun cuando la intención del actor no forme parte del tipo como tal, esto no la transforma en objetiva, toda vez que aun el autor de la infracción puede probar su diligencia, y teniendo la Superintendencia que tomarla en cuenta a la hora de definir la sanción.63
“Que, al ser el artículo 40 letra d de la LOSMA, una circunstancia para determinar la sanción específica, su aplicación se traduce en el mayor o menor reproche que la SMA pueda hacer a la conducta del infractor, la que podrá variar en la medida que haya actuado con culpa o dolo. Esto permitirá que se pueda considerar la gradualidad del reproche en la determinación de la sanción final, la que incluso puede ser utilizada para fundamentar una rebaja en el monto definitivo, en caso de que se opte por una multa, o justificar una sanción de menor entidad, como es el caso de la amonestación. Lo anterior, por cuanto no es lo mismo incurrir en una infracción no habiendo previsto lo que debía preverse o no habiendo evitado lo que debió evitarse (culpa), que incurrir en ella conociendo y queriendo hacerlo (dolo)”.64
De todos modos, en contra de la opinión anterior, otra doctrina, y estimamos mayoritaria, no cree convincente que debido a la tan grande lejanía con la culpabilidad penal, en tanto que los aspectos psicológicos no entren ni siquiera en la infracción misma, es decir, no son parte del tipo sancionable, sea posible que se pueda seguir manteniendo como culpa subjetiva, si es claro, que no se considera la culpa o el dolo para verificar la infracción, sino, solo en el diseño de la sanción definitiva.65
C. Origen civil
Otra dificultad para encajar la culpa infraccional como una culpa de tipo penal, o por último matizada, es su propio origen. La culpa infraccional remonta su origen desde la responsabilidad civil extracontractual,66 en donde la doctrina civilista hace mención de dicha culpa contra ley.67 Para recabar el comienzo de la utilización de esta denominación, es que debemos señalar la tradición jurídica continental europea, en donde autores como Henry Lalou a mediados del siglo XX señalaban dicha culpa infraccional.68 Pero si queremos ir aún más atrás, el derecho estadounidense en el siglo XIX, esta denominación se puede encontrar en cierta jurisprudencia de la época.69
Y es en esta sede civil que la culpa infraccional toma forma. Enmarcando este tipo de culpabilidad de tal manera que se considera innecesaria la participación de la intención del infractor, siempre que el legislador prescribió ciertas conductas que, de haber el ciudadano actuado con prudencia o precaución, no hubiese realizado, por tal, si se encuentra tipificada una infracción en una ley, la sola realización del tipo infraccional es razón suficiente para ser merecedor de una sanción.70
Esto descrito arriba, es fundado en querer crear en los ciudadanos una noción de prevención, de prevenir la ejecución de daños.71 Es decir, volvemos a los conceptos ya visitados, como el enforcement normativo, pues lo que se busca es prevenir, más no ser un derecho de ultima ratio, no tiene como principal característica ser retributivo, sino preventivo.
Así, tal como menciona Millar, la aplicación matizada de los principios del derecho penal al derecho sancionador, ha permitido aplicar una institución proveniente desde el derecho civil, lo que más que ser un matiz, es un verdadero olvido de la fuente penal, y una plena adopción y aplicación de una institución civilista, esto gracias a que en cuanto a culpabilidad, la culpa penal no logra integrar las dos funciones de la sanción administrativa, cuestión que si logra la culpa civil, esto es castigar al infractor por la inobservancia de la norma, como también prevenir el incumplimiento de la norma, así no tan solo tener un fin retributivo, sino también de prevención general.72
V. Conclusiones
Como conclusión podemos afirmar que es errónea la aplicación de la llamada culpa infraccional por parte de los Tribunales Ambientales, toda vez que de manera precedente se hace mención de una aplicación de principios penales en el derecho administrativo sancionador.
Que, si bien es cierto, no es una aplicación de principios penales de manera idéntica, sino que debe existir una flexibilización, una matización de estas garantías penales al traspasarse al área administrativa sancionadora, existen fundamentos, y son los que se desarrollan en este trabajo, que permiten aseverar una inconsistencia entre la culpa infraccional y una, aunque atenuada, culpa subjetiva.
Que realmente las exigencias que pide la culpa subjetiva, como lo son ser parte del tipo infraccional, es decir, tomar en cuenta los aspectos psicológicos del infractor en la infracción misma, no se halla en la culpa infraccional y que, al contrario, el contenido de esta última se acerca mucho más al de una culpa objetiva, o de mera contravención normativa.
Declaración de contribución de autoría CrediT
Daniel Tapia Olivares: Conceptualización, metodología, investigación, recursos y redacción.
Implicancias éticas
Este estudio se elaboró a partir de una revisión bibliográfica y análisis doctrinario y normativo, sin involucrar investigación con seres humanos ni utilización de datos personales sensibles.
Financiación
El autor no declara fuentes de financiamiento.
Conflictos de interés
El autor declara no tener conflictos de interés en relación con la elaboración o publicación de este artículo.
Agradecimientos
El autor no declara agradecimientos.
Datos de investigación
El presente artículo se sustenta exclusivamente en fuentes bibliográficas, normativas y documentales de acceso público. No se generaron ni recopilaron datos cuantitativos o cualitativos originales, por lo que no existen conjuntos de datos asociados.
Bibliografía
Doctrina citada
Alcalde Rodríguez, Enrique (2011): “Aplicación de los principios de tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad en la infracción administrativa”, en: Revista Actualidad Jurídica (núm. 24).
Alessandri Rodríguez, Arturo (1943): De la responsabilidad extracontractual en el Derecho chileno (Santiago, Imprenta Universitaria), t. II.
Aróstica Maldonado, Iván (1987): “Algunos problemas del derecho administrativo penal”, en: Revista de Derecho (Concepción) (vol. 182).
Aróstica Maldonado, Iván (1991): “Un lustro de sanciones administrativas (1988-1992)”, en: Revista de Derecho Público (núm. 50).
Barrientos Castro, Elías (2019): La culpabilidad en el derecho administrativo sancionador (Santiago, DER ediciones).
Barros Bourie, Enrique (2010): Tratado de responsabilidad extracontractual (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
Bassi Díaz, Francisco (2017): “Culpa infraccional. Elementos para una perspectiva crítica sobre sus efectos jurídicos en el derecho civil chileno”, en: Revista de Estudios de la Justicia (vol. 27).
Bustos Ramírez, Juan y Hormazábal Malarée, Hernán (1997): Lecciones de Derecho Penal (Santiago, Trotta).
Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters).
Bordalí Salamanca, Andrés (2023): “El debido procedimiento sancionador”, en: Revista de Derecho Administrativo Económico (núm. 37).
Bordalí Salamanca, Andrés (2025): “Análisis bajo la exigencia constitucional del debido proceso: El caso de la Superintendencia del Medio Ambiente”, en: Revista de Derecho Administrativo (núm. 41).
Blomquist, Robert (2009): “The trouble with Negligence Per se”, en: South Carolina Law Review (vol. 61 núm. 2).
Cordero Quinzacara, Eduardo (2014): “Los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración en el derecho chileno”, en: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (núm. 42).
Cordero Vega, Luis (2015): Lecciones de derecho administrativo (Santiago, Thomson Reuters).
Cordero Vega, Luis (2020): “El derecho administrativo sancionador y los sectores de referencia en el sistema institucional chileno”, en: Revista Ius et Praxis (vol. 26 núm. 1).
Correa Olea, Joaquín (2023): “La culpa infraccional y el principio de culpabilidad”, en: Revista Ius Novum (vol. XVI núm. 2).
Etcheberry Orthusteguy, Alfredo (1997): Derecho penal. Parte general (Santiago, Editorial jurídica de Chile), t. I.
Díaz Tolosa, Regina (2007): “Responsabilidad objetiva en el ordenamiento jurídico chileno”, en: Revista de Derecho (Coquimbo) (vol. 14 núm. 1).
Domínguez Águila, Ramón (1989): “Aspectos contemporáneos de la responsabilidad civil”, en: Revista de Derecho (Concepción) (núm. 185).
Femenías Salas, Jorge (2017): La responsabilidad por daño ambiental (Santiago, Ediciones UC).
Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2019): “La revisión judicial de las sanciones administrativas en materia ambiental”, en: Ferrada Bórquez, Juan Carlos; Bordalí Salamanca, Andrés; Prieto Pradenas, Magdalena (coordinadores), La Justicia Ambiental ante la jurisprudencia. Actas de las II Jornadas de Justicia Ambiental (Santiago, Ediciones DER).
Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2024a): “La aplicación “con matices” de los principios penales en la configuración de la potestad sancionadora de la Administración Pública: una formulación vacía y de contenido normativo impreciso”, en: Jiménez Salas, Guillermo (editor), Problemas actuales del derecho administrativo chileno. Actas de las XVIII Jornadas de Derecho Administrativo (Santiago, Tirant lo Blanch).
Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2024b): “La aplicación con “matices” de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionatorio ambiental”, en: Gómez González, Rosa y Femenías Salas, Jorge (editores), Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano. Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Tirant lo Blanch).
García de Enterría y Martínez-Carande, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás (2006): Curso de Derecho administrativo (Madrid, Civitas), t. II.
Garrido Montt, Mario (1997): Derecho penal. Parte general (Santiago, Editorial jurídica de Chile).
Gómez González, Rosa (2020): “Discrecionalidad y potestades sancionadoras de la Administración”, en: Ius et Praxis (vol. 26 núm. 2).
Gómez González, Rosa (2021): Infracciones y sanciones administrativas (Santiago, DER ediciones).
Gómez Tomillo, Manuel (2024): “La distinción entre la infracción administrativa y el delito”, en: Gómez González, Rosa y Femenías Salas, Jorge (editores), Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano. Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Tirant lo Blanch).
Hunter Ampuero, Iván (2024): Derecho ambiental chileno (Santiago, DER ediciones).
Künsemüller Loebenfelder, Carlos (2001): Culpabilidad y pena (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
Lalou, Henri (1962): Traité Practique de la Responsabilité Civile, 6ª edición (París, Libraire Dalloz).
Letelier Wartenberg, Raúl (2017): “Garantías penales y sanciones administrativas”, en: Revista Política Criminal (vol. 24 núm. 12).
Letelier Wartenberg, Raúl (2020): “Sanciones administrativas regulatorias: 3 premisas sobre su función”, en: Revista de Derecho Administrativo Económico (núm. 32).
Letelier Wartenberg, Raúl y Arancibia Madariaga, Tamara (2024): “Jurisprudencia funcionalista en materia de sanciones administrativas”, en: Gómez González, Rosa y Femenías Salas, Jorge (editores), Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano. Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Tirant lo Blanch).
Lledó Veloso, Camilo (2024): “Diseño institucional y estrategia punitiva: incentivos para el foco en la sanción y para la regulación responsiva”, en: Gómez González, Rosa y Femenías Salas, Jorge (editores), Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano. Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Tirant lo Blanch).
Matus Acuña, Jean Pierre y Ramírez Guzmán, María Cecilia (2019): Manual de Derecho Penal Chileno. Parte General (Santiago, Tirant lo Blanch).
Millar Silva, Javier (2019): “Culpa e intencionalidad en la aplicación de administrativa de sanciones ambientales”, en: Ferrada Bórquez, Juan Carlos; Bordalí Salamanca, Andrés; Prieto Pradenas, Magdalena (coordinadores), La Justicia Ambiental ante la jurisprudencia. Actas de las II Jornadas de Justicia Ambiental (Santiago, DER ediciones).
Morales Espinoza, Baltazar (2021): “Las garantías procesales en el derecho administrativo sancionador”, en: Ferrada Bórquez, Juan Carlos; Marcer, Ernesto; Huepe Artigas, Fabían y García Mira, Santiago (coordinadores), El derecho administrativo sancionador. Estudio comparativo entre Chile y Argentina: Actas de las VII Jornadas chileno-argentinas de Derecho Administrativo (Santiago, DER ediciones).
Náquira Riveros, Jaime (2015): Derecho Penal Chileno. Parte General (Santiago, Thomson Reuters).
Navarro Beltrán, Enrique (2014): “La potestad sancionadora de la Administración y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en: Arancibia Mattar, Jaime y Alarcón Jaña, Pablo (Coords.), Sanciones Administrativas. X Jornadas de Derecho Administrativo. Asociación de Derecho Administrativo (ADA) (Santiago, Legalpublising y Thomson Reuters).
Nieto García, Alejandro (2005): Derecho Administrativo Sancionador (Madrid, Tecnos).
Olivares Jatib, Óscar (2018): “La doctrina de la Corte Suprema en materia de culpa infraccional de las personas jurídicas colectivas por daños al medioambiente (Comentario a la sentencia de casación de 13 de diciembre de 2016, Rol N° 17.736-2016)”, en: Revista Jurídica Digital UANDES (vol. 2 núm. 2).
Picón Arranz, Alberto (2024): “La culpabilidad de las personas físicas en el derecho administrativo sancionador”, en: Gómez González, Rosa y Femenías Salas, Jorge (editores), Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano. Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Tirant lo Blanch).
Pinilla Rodríguez, Francisco (2021): “La aplicación de principios y garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador en Chile”, en: Ferrada Bórquez, Juan Carlos; Marcer, Ernesto; Huepe Artigas, Fabían y García Mira, Santiago (coordinadores), El derecho administrativo sancionador. Estudio comparativo entre Chile y Argentina: Actas de las VII Jornadas chileno-argentinas de Derecho Administrativo (Santiago, DER ediciones).
Politoff Lifschitz, Sergio, Matus Acuña, Jean Pierre y Ramírez Guzmán, María Cecilia (2003): Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
Quinteros Olivares, Gonzalo (1986): Derecho penal. Parte general (Barcelona, Marcial Pons).
Rojas Calderón, Christian (2024): “La actividad sancionatoria de la Administración, y su configuración a partir de la Ley N°19.880 de Bases Generales de los Procedimientos Administrativos”, en: Asenjo Asenjo, Karen (editora), La modernización del Derecho Administrativo. Reflexiones a 20 años de las leyes de Procedimiento, Contratación y Alta Dirección Pública (Santiago, Thomson Reuters).
Rojas Calderón, Christian; Ferrada Bórquez, Juan Carlos y Méndez Ortiz, Pablo (2021): “La reconfiguración teórica de la potestad sancionadora de la Administración Pública: Del tradicional ius puniendi único estatal a la función responsiva”, en: Revista de Derecho Administrativo Económico (núm. 34).
Román Cordero, Cristian (2009): “El derecho administrativo sancionador en Chile”, en: Revista de Derecho (Montevideo) (vol. 16 núm. 8).
Roxin, Claus (1997): Derecho Penal. Parte General (Traducc. Luzón Peña, Diego-Manuel, Díaz; García Conlledo, Miguel y Vicente Remesal, Javier (Madrid, Civitas).
Sepúlveda Rodríguez, Enrique y Zúñiga Urbina, Francisco (2014): “¿Privatización de la potestad sancionadora del Estado? Procedimiento administrativo sancionador y contencioso administrativo a propósito de una novedosa jurisprudencia”, en: Arancibia Mattar, Jaime y Alarcón Jaña, Pablo (coordinadores), Sanciones Administrativas. X Jornadas de Derecho Administrativo. Asociación de Derecho Administrativo (Santiago, Legalpublising y Thomson Reuters).
Soto Delgado, Pablo (2016): “Determinación de sanciones administrativas: disuasión óptima y confinamiento de la discrecionalidad del regulador ambiental”, en: Couso Salas, Javier (editor), Anuario de Derecho Público 2016 (Santiago, Ediciones UDP).
Soto Delgado, Pablo (2024): “Culpabilidad y sanciones administrativas: el régimen mínimo”, en: Gómez González, Rosa y Femenías Salas, Jorge (editores), Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano. Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Tirant lo Blanch).
Soto Kloss, Eduardo (1980): “Estado de derecho y proceso administrativo”, en: Revista de Derecho Público (vol. 28).
Soto Kloss, Eduardo (2005): “La potestad sancionadora de la Administración, ¿se adecua a la Constitución?”, en: Sanciones Administrativas y Derechos Fundamentales, Regulación y Nuevo intervencionismo, 1era edición (Santiago, Conferencias Santo Tomás de Aquino).
Soto Kloss, Eduardo (2014): “Otra vez sobre la potestad sancionadora de la Administración”, en: Arancibia Mattar, Jaime y Alarcón Jaña, Pablo (coordinadores), Sanciones Administrativas. X Jornadas de Derecho Administrativo. Asociación de Derecho Administrativo (ADA) (Santiago, Legalpublising y Thomson Reuters).
Tapia Olivares, Daniel (2025): “La incompatibilidad entre el principio de presunción de inocencia y los incentivos al cumplimiento en materia de sanciones ambientales: ¿adiós al ius puniendi?”, en: Revista de Derecho Público (vol. 102 núm. 1).
Trayter Jiménez, Joan (2024): “Principios generales del derecho administrativo sancionador: fundamento constitucional y legal, derecho penal y derecho administrativo, principios sustantivos y procedimentales”, en: Gómez González, Rosa y Femenías Salas, Jorge (editores), Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano. Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Tirant lo Blanch).
Vargas Pinto, Tatiana (2011): Manual de Derecho Penal Práctico (Santiago, Abeledo Perrot).
Vergara Blanco, Alejandro (2004a): “Esquemas de los principios del derecho administrativo sancionador”, en: Revista de Derecho (Coquimbo) (vol. 11 núm. 2).
Vergara Blanco, Alejandro (2004b): Derecho eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
Jurisprudencia citada
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la ley Nº 4.601, Ley de Caza, a fin de proteger la fauna (1996): Tribunal Constitucional, sentencia de 26 de agosto 1996, Rol Nº244-1996.
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Iberoamericana de Energía IBENER S.A., respecto del artículo 3° Nº 17, inciso 4° y Nº 23, inciso 1°, 15, 16 Nº 2 y 16 A de la Ley 18.410, en la causa Rol Nº 5.816-2004 de la Corte de Apelaciones de Santiago (2006): Tribunal Constitucional, sentencia de 27 de julio 2006, Rol Nº480-2006.
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Banco de Crédito e Inversiones, respecto del artículo artículos 289, letra a, y 292, inciso primero, del Código del Trabajo y del artículo 4°, inciso primero, parte final, de la Ley N° 19.886, en la causa Rol Nº 22.939-2014 de la Corte Suprema (2015): Tribunal Constitucional, sentencia de 15 octubre de 2015, Rol N°2722-2014.
Aguas Araucanía S.A. con Comisión Nacional del Medio Ambiente (2015): Corte Suprema, de 19 de mayo de 2015, rol N°24262-2014.
Minera Los Pelambres (MLP) en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (2015): Segundo Tribunal Ambiental, de 15 de julio de 2015, rol N° R-33-2014.
Empresa Nacional de Electricidad S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente (2016): Corte Suprema, de 13 diciembre de 2016, rol N°17736-2016.
Exportadora Los Fiordos Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente (2016): Tercer Tribunal Ambiental, de 26 de mayo de 2016, rol N° R-23-2015.
Pampa Camarones S.A. con de la Superintendencia del Medio Ambiente (2016): Segundo Tribunal Ambiental, de 8 de junio de 2016, rol N° R-51-2014.
Inversiones La Estancilla S.A. con de la Superintendencia del Medio Ambiente (2020): Segundo Tribunal Ambiental, de 4 de septiembre de 2020, rol N° R-195-2018.
Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. con Comisión para el Mercado Financiero (2021): Corte Suprema, de 18 octubre de 2021, rol N°30509-2021.
López Aránguiz David Marcial con de la Superintendencia del Medio Ambiente (2023): Segundo Tribunal Ambiental, de 22 de agosto de 2023, rol N° R-363-2022.
Inmobiliaria Providencia Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente (2023): Tercer Tribunal Ambiental, de 27 de julio de 2023, rol N° R-44-2022.
Ilustre Municipalidad de Ancud con Superintendencia del Medio Ambiente (2023): Tercer Tribunal Ambiental, de 21 de noviembre de 2023, rol N° R-11-2023.
García Jofré Luis Alejandro con de la Superintendencia del Medio Ambiente (2024): Segundo Tribunal Ambiental, de 27 de agosto de 2024, rol N° R-414-2023.
Normas citadas
Constitución Política de la República, de 1980.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 18 de julio de 1978.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 30 de abril de 1948.
Ley N° 20.417, Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, de 26 de enero de 2010.
Notas
Gómez (2020), p. 38. ↑
Román (2009), p. 90. ↑
Cordero (2020), p. 252. ↑
Cordero (2014), p. 401. ↑
Aróstica (1991), pp. 176-183 y Aróstica (1987), p. 77. ↑
Soto (1980), p. 108. La misma idea, pero en una época posterior, en Soto (2005), p. 30 y Soto (2014), p. 39. ↑
Navarro (2014), p. 18. ↑
Vergara (2004a), p. 137 y García de Enterría y Fernández (2006), p. 166. ↑
Gómez (2024), p. 50. ↑
Vergara (2004b), p. 319. ↑
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la ley Nº 4.601, Ley de Caza, a fin de proteger la fauna (1996). ↑
Ferrada (2019), p. 208; Rojas et al (2021), pp. 104-107; y Ferrada (2024a), pp. 281-290. ↑
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Iberoamericana de Energía IBENER S.A., respecto del artículo 3° Nº 17, inciso 4° y Nº 23, inciso 1°, 15, 16 Nº 2 y 16 A de la Ley 18.410, en la causa Rol Nº 5.816-2004 de la Corte de Apelaciones de Santiago (2006). ↑
Gómez (2021), p. 47. ↑
Letelier (2017), p. 627. ↑
Sepúlveda y Zúñiga (2014), p. 679. ↑
García Jofré Luis Alejandro con Superintendencia del Medio Ambiente (2024). ↑
Vargas (2011), p. 6. ↑
Bustos y Hormazábal (1997), p. 140. ↑
Náquira (2015), p. 243. ↑
Picón (2024), p. 371. ↑
Garrido (1997), p. 47. Véase también Quinteros (1986), p. 94: “El principio de culpabilidad es considerado actualmente por la doctrina penal mayoritaria en Europa, rector y límite de cualquier política criminal”. Künsemüller (2001), p. 19: “Nosotros hemos descrito al principio que nos ocupa como un postulado garantista esencial a un Derecho Penal democrático, en el cual la pena sólo puede ser impuesta al individuo a quien le es reprochable un quehacer personal suyo perpetrado con dolo o culpa”. ↑
Etcheberry (1997), p. 270. ↑
Barrientos (2019), p. 26. Véase también, Künsemüller (2001), p. 82: “(…) una escala que va desde la imprudencia inconsciente hasta la comisión intencional de un delito, pasando por la imprudencia consciente, la negligencia y el dolo. Tanto desde el punto de vista fenomenológico como normativo, la lesión producida por falta de diligencia es otra cosa que la provocada por simple abandono o que la producida intencionalmente”. ↑
Matus y Ramírez (2019), p. 190. ↑
Garrido (1997), p. 77. ↑
Garrido (1997), p. 77. ↑
Garrido (1997), p. 77. ↑
Garrido (1997), p. 162. ↑
Politoff et al (2003), p. 282. ↑
Minera Los Pelambres (MLP) en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (2015), Cons. 81. ↑
Inmobiliaria Providencia Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente (2023). Véase también Ilustre Municipalidad de Ancud con Superintendencia del Medio Ambiente (2023), Cons. 45: “(…) corresponde indicar que, en el derecho administrativo sancionador, basta que se acredite la mera inobservancia a los deberes de cumplimiento establecidos en la ley o reglamento -en este caso, de la obligación de ingresar al SEIA-, sin que se requiera evaluar el grado de intencionalidad con que actuó el infractor”. ↑
Bassi (2017), p. 37. ↑
Bassi (2017), p. 38. ↑
Cordero (2015), p. 503. Véase también “Que la noción de culpa infraccional también ha sido recogida por la doctrina de Derecho Administrativo, que en base a la doctrina anteriormente expuesta y a lo sostenido en jurisprudencia de esta Corte, ha señalado: “Al analizar la legislación regulatoria, se puede constatar que gran parte de estas normas, cuyo incumplimiento es la causa que motiva la puesta en acción de las facultades sancionadoras de los órganos administrativos sectoriales, están configuradas de manera que imponen a los administrados regulados una serie de obligaciones dentro del marco de las actividades que desarrollan (…) Al ser el legislador, o bien la autoridad pública, según el caso, quien viene en establecer el deber de cuidado debido en el desempeño de las actividades tipificadas, cabe asimilar el principio de culpabilidad del Derecho Administrativo Sancionador al de la noción de la culpa infraccional, en la cual basta acreditar la infracción o mera inobservancia de la norma para dar por establecida la culpa; lo cual se ve agravado en los casos que se trate de sujetos que cuenten con una especialidad o experticia determinada, donde el grado de exigencia a su respecto deberá ser más rigurosamente calificado”. (Cordero Vega, Luis, “Lecciones de Derecho Administrativo”. Editorial Legal Publishing Chile, 2015. Pág. 503-504)”. Aguas Araucanía S.A. con Comisión Nacional del Medio Ambiente (2015), Cons. 15. ↑
Femenías (2017), p. 24. ↑
Soto (2024), p. 408. ↑
Díaz (2007), p. 82. ↑
Letelier (2017), p. 666. En el mismo sentido Bermúdez (2014), p. 288: “más que determinar si la infracción se comete con dolo o culpa, es necesario determinar si existe responsabilidad en el hecho que vulnera el ordenamiento jurídico y si existen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que permitan eximir de responsabilidad”; Roxin (1997), p. 72: “El injusto criminal merece un especial juicio de desvalor ético, mientras que el ilícito administrativo se agota en la mera desobediencia a una orden administrativa”. ↑
Nieto (2005), p. 378. ↑
Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. con Comisión para el Mercado Financiero (2021), Cons. 14 y 15. ↑
Letelier y Arancibia (2024), p. 192. ↑
Letelier (2020), p. 74 y Rojas (2024), p. 192. ↑
Lledó (2024), p. 270. ↑
Olivares (2018), p. 195. ↑
“Que el análisis de la intencionalidad y su magnitud pasa por el conocimiento de la norma por parte del infractor (el destacado es nuestro), de la conducta misma y de sus alcances jurídicos, de manera que ella se configura cuando pueda imputarse al sujeto el conocimiento preciso de sus obligaciones y que su conducta se realiza en contravención a ellas. Para este análisis tendrán especial relevancia, además, las características peculiares del infractor, en tanto el negocio desempeñado por éste constituye un antecedente que permite evaluar su grado de conocimiento previo en conexión a la normativa ambiental transgredida”. Empresa Nacional de Electricidad S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente (2016). ↑
Correa (2023), p. 33. ↑
Alcalde (2011), p. 75. ↑
Correa (2023), p. 28. ↑
Barrientos (2019), p. 119. ↑
Gracias al artículo 5 de la Constitución Política de la República, de 1980, que señala: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Así se entiende que el principio de presunción de inocencia se integrante de las normas constitucionales al estado de Chile ratificar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978, tratados en donde se norma la presunción de inocencia. ↑
Morales (2021), p. 184. ↑
Barrientos (2019), p. 122. ↑
Hay jurisprudencia que la acepta “(…) la circunstancia de que un régimen de responsabilidad no se cimiente en la culpa del autor, no lo transforma en inconciliable con nuestro ordenamiento, desde que un sistema objetivo o estricto no viola el principio constitucional de la presunción de inocencia. En efecto, la Constitución Política de la República prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal, mas no la civil, de manera que la construida sobre la base de la protección al usuario -cual la de la especie - con prescindencia del castigo a la idea de falta, inspiradora de los Códigos Civiles clásicos, no hace sino reflejar modernas tendencias del Derecho de Daños contemporáneo, centrado en la víctima más que en el castigo del autor”. Espinoza Pavez Ramón Renato con Coagra S.A (2008). También hay otra jurisprudencia que no la acepta: “Que la doctrina se encuentra conteste en que cuando la Constitución habla de responsabilidad penal, ello no obsta a que la exigencia de culpabilidad sea aplicable al ámbito administrativo sancionador, pues esta Magistratura ha entendido que el lenguaje utilizado en estos preceptos es amplio y omnicomprensivo, incluyendo a las sanciones administrativas tal como se señaló en la STC rol N°480-2006, considerando 6°, (…) Que, sin embargo, la presunción de inocencia no resulta adecuado a la esfera del derecho administrativo sancionador, puesto que dicha categoría conceptual, se relaciona más bien con el campo penal y procesal penal, donde el legislador estableció un verdadero estado de inocencia mientras no existiera una sentencia ejecutoriada de condena, y el factor subjetivo (culpabilidad) en la explicación del ilícito penal, requería la presencia de elementos subjetivos para configurar el delito como tal en el campo penal”. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Banco de Crédito e Inversiones, respecto del artículo artículos 289, letra a, y 292, inciso primero, del Código del Trabajo y del artículo 4°, inciso primero, parte final, de la Ley N° 19.886, en la causa Rol Nº 22.939-2014 de la Corte Suprema (2015), Cons. 23. ↑
Tapia (2025), p. 19. ↑
Bordalí (2023), p. 52 y Bordalí (2025), p. 39. ↑
López Aránguiz David Marcial en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (2023). ↑
Véase también Inmobiliaria Providencia Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente (2023), Cons. 36: “De igual forma, se debe considerar que la aplicación matizada del principio de culpabilidad, no sólo se ve reflejado en las consideraciones recién expresadas, sino, además, en la decisión legislativa de trasladar la discusión sobre el elemento subjetivo, al análisis sobre los criterios que permiten graduar la sanción a ser aplicada, según establece el art. 40 letra d) de la LOSMA”. Exportadora Los Fiordos Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente (2016); también se explica aquello en Pinilla (2021), pp. 53-99. ↑
Hunter (2024), p. 53. Verbigracia, Inversiones La Estancilla S.A. en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (2020), Cons. 88: “Que, a juicio del Tribunal, para resolver este punto de la reclamación, se debe tener presente lo ya señalado por esta magistratura en las sentencias correspondientes a las causas Roles R Nº 51-2014 y R Nº 128- 2016, en el sentido de precisar que la naturaleza jurídica de la circunstancia contenida en el artículo 40 letra d) de la Ley Orgánica de la Superintendencia, no es necesariamente la de una agravante, sino que la de un criterio o factor de modulación que el legislador ha entregado a la autoridad administrativa para que esta determine y fundamente, conforme a la concurrencia o no de ellas, la sanción específica que impondrá finalmente al infractor”. ↑
Ferrada (2024b), p. 743. ↑
Soto (2016), pp. 396 y 397: “Esta concepción funcional de la sanción administrativa como algo distinto a la idea dominante, que considera las sanciones administrativas originadas en un ius puniendi unitario para garantizar los derechos del sancionado, se aprecia en los siguientes puntos de las BMDSA: (…) iii) la exclusión del dolo para tener por configurada la infracción administrativa, marcando explícitamente el contraste con el Derecho Penal, contraviniendo a parte de la doctrina garantista mayoritaria que defiende una responsabilidad administrativa sancionatoria dolosa. Debe señalarse, con todo, que las BMDSA asumen un modelo de mera negligencia o culpa infraccional en la infracción, siguiendo una errática terminología defendida por alguna literatura y la Corte Suprema”. ↑
“Pareciera que el régimen sancionatorio ambiental, para el máximo tribunal, es de carácter objetivo. El principio de culpabilidad permite al Estado imponer una su conducta. Pareciera que la invocación del principio de culpabilidad funciona más bien como recurso de argumentación jurídico más que como un factor que permita verificar la intencionalidad del autor en la realización de la conducta. De este modo, la culpa infraccional se construye como una técnica de atribución de responsabilidad al administrado por haber excedido los términos de la RCA y no como un juicio de reproche por contravenir un deber de cuidado al medioambiente medida administrativa por la mera acreditación de los hechos. No interesa en lo más mínimo la culpabilidad del sujeto colectivo”. Olivares (2018), p. 196. ↑
Hunter (2024), p. 54. ↑
Pampa Camarones S.A. en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (2016), Cons. 148. ↑
Ferrada (2024b), p. 743. ↑
Siendo la culpa objetiva, o la que solo necesita la contravención normativa, aquella que podemos remontar incluso en sistemas jurídicos primitivos. Domínguez (1989), p. 111. ↑
Alessandri (1943), p. 175. ↑
Lalou (1962), p. 482. ↑
Blomquist (2009), p. 225. ↑
Alessandri (1943), pp. 174 y 175. ↑
Barros (2010), p. 98. ↑
Millar (2019), p. 193. En esa misma línea el profesor Ferrada nos menciona: “Aún más, la Corte ha entendido que en estos casos opera una especie de presunción de culpa civil, lo que permite incluso llevar a aceptar la existencia de un régimen de culpabilidad objetiva en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, desde que la exclusión constitucional de este tipo de responsabilidad es solo exigible en el ámbito penal”. Ferrada (2024b), p. 743. ↑