Notas sobre el seguro de responsabilidad civil con especial énfasis en el seguro de defensa jurídica

Notes on civil liability insurance with special emphasis on legal defense insurance

Jaime Ramírez Cifuentes

Universidad San Sebastián, Concepción, Chile.

Correo electrónico: jaime.ramirez@uss.cl. https://orcid.org/0000-0001-6177-0621

Recibido el 30/12/2024

Aceptado el 14/01/2025

Publicado el 16/01/2025

http://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2024.n45.06

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I. Introducción

El derecho del contrato de seguros no es otra cosa que la sistematización de múltiples figuras contractuales que tienen como factor común la subvención de una necesidad financiera futura y, además, incierta, si no en cuanto al surgimiento de la necesidad, al menos respecto a la época en que esta necesidad acaecerá. Bajo esta fórmula tan amplia, se agrupan figuras contractuales del todo disímiles, tales como los seguros de daños, de responsabilidad civil, de garantía o de vida.¹

Este trabajo se ocupará exclusivamente del seguro de responsabilidad civil, materia respecto de la cual se hace imperioso elaborar un análisis jurídico de su aseguramiento, el cual permite proteger al ocasionador del daño frente a terceros ante los cuales deba responder civilmente. Concretamente, el seguro de responsabilidad garantiza el pago de los daños y perjuicios de acuerdo con las definiciones, condiciones y términos establecidos en la póliza, y por los hechos derivados de los riesgos que se especifican en la misma.²

Si bien en Chile existe literatura relativa al contrato de seguro de responsabilidad civil,³ no se le ha dado un enfoque particular al seguro contratado por profesionales, muchos menos a los seguros de defensa jurídica contraídos por abogados. El trabajo se dividirá en dos partes: La primera (I), relativa a un estudio del contrato de seguro de responsabilidad civil; la segunda (II), sobre el seguro de responsabilidad profesional, específicamente sobre el seguro que cubre los daños ocasionados por el letrado en el ejercicio de sus funciones.

II. Algunas cuestiones generales del seguro de responsabilidad civil

Del contrato de seguro de responsabilidad civil en general

Se ha definido tradicionalmente el seguro de responsabilidad civil como “un contrato por el cual el asegurador se compromete a garantizar al asegurado contra las reclamaciones de las personas con respecto a las cuales pudiera ser exigible la responsabilidad de ese asegurado y contra las resultas de esas reclamaciones, a cambio del pago, por el asegurado, de una suma fija y por anticipado, la prima, debida generalmente por vencimientos periódicos”.⁴

En Chile, el seguro de responsabilidad civil se encuentra regulado en los artículos 570 a 574⁵ del Código de Comercio. La primera de estas normas ofrece una definición legal del mismo:

“Concepto. Por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado, por un hecho y en los términos previstos en la póliza”.

Esta disposición, incorporada al Código de Ocampo por la Ley Nº20.667 (de 9 de mayo de 2013), fue novedosa en nuestro medio, pues la versión original del código de 1865 no consideraba este seguro. Lo anterior, por cuanto en dicha época el seguro de responsabilidad civil estaba comenzando su desarrollo en el mundo y era foco de críticas, reprochándose su peligrosidad para el orden público y las buenas costumbres, pues relajaría el cumplimiento de la obligación que los hombres tienen de obrar con cuidado, de poner todo su empeño en no causar daños a terceros, toda vez que el seguro de responsabilidad civil vendría a hacerse cargo de las consecuencias patrimoniales que las reclamaciones de las víctimas pudieran entablar en su contra.⁶

Con todo, en otras latitudes, esta especial modalidad del contrato de seguro fue incorporada mucho tiempo antes.

En Argentina, la figura ya era reconocida en la Ley Nº17.418 (“Ley de Seguros”), de 1967, que en su artículo 109 define al seguro de responsabilidad civil como:

“Aquel en que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercer en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido”.

En Paraguay, el Código Civil de 1985 lo define en su artículo 1644:

“Por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga a indemnizar, por el asegurado, cuanto este llegue a deber a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido”.⁷

En España, se introdujo a su ordenamiento el 8 de octubre de 1980, por la ley 50/1980, de Contrato de Seguro (en adelante, indistintamente, Ley Española de Contrato de Seguro, o LECS).⁸ En el artículo 73 de esta norma se define:

“Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho”.

De esta definición se ha advertido que el elemento esencial de este tipo de seguro lo constituye la asunción por el asegurador del riesgo que gravita sobre el asegurado de quedar obligado, bien contractual bien extracontractualmente, por una conducta o actividad propia de una persona de cuyos actos u omisiones deba responder, en la medida que así se contemple en la póliza, a indemnizar los daños y perjuicios causados a un tercero como consecuencia de la verificación de un hecho previsto en el contrato, por el que se delimita materialmente el objeto de la cobertura.⁹ Se trata, sin duda, de un auténtico factor de atribución de la responsabilidad.¹⁰

No debe confundirse el contrato de responsabilidad con el seguro de daños. El primero tiene por objeto que el asegurador pague al asegurado, o por cuenta de este, las indemnizaciones a que resultare obligado respecto de terceros por los daños y perjuicios objeto de la cobertura. El segundo, cubrir cierto tipo de daños, con prescindencia de si el hecho que los produce da lugar a responsabilidad civil por su producción.¹¹

La idea fundamental de las pólizas de seguro de responsabilidad civil podría desdoblarse en dos finalidades. La primera y principal, consistente en cubrir al asegurado de los riesgos que origine la clase de actividad que desarrolle, y llegado el momento asumir el asegurador las consecuencias de la obligación reparatoria que nace con el daño y en relación al perjudicado por la injerencia en la esfera de su interés; la segunda, vendría a garantizar con el patrimonio de la compañía aseguradora que ningún dañado por la concreta actividad del asegurado quedaría sin resarcir, respondiendo de tal obligación con los bienes del asegurador, además de los del dañador.¹²

En España, se ha entendido que el seguro de responsabilidad civil, en ocasiones, se concierta de forma voluntaria por los particulares (como el seguro del hogar que incluye el de responsabilidad civil por daños causados por la vivienda; o el del propietario de un animal no peligroso que, sin embargo, quiere asegurar los posibles daños que pueda causar; el seguro de responsabilidad civil empresarial, etc.). En otros casos, se trataría de un contrato forzoso, en el sentido de que la ley que regula una actividad impone su concertación como condición para poder realizar esa actividad.¹³

Se ha advertido que, si bien el seguro de responsabilidad civil nace para una función de simple propagación de la responsabilidad, la práctica se ha ocupado de erigirlo en puro criterio de nacimiento de la misma: que los jueces se encuentran más propensos a condenar si detrás del demandado se halla una compañía de seguros, en supuestos en los que no está clara la certeza del daño o de la relación causal.¹⁴

B. El riesgo

El artículo 73 inciso 1º de la Ley Española de Contrato de Seguro señala como riesgo a cubrir por el seguro de responsabilidad civil el nacimiento a cargo del asegurado de una obligación de indemnizar a un tercero, de manera que no cubre los daños sufridos por el asegurado. Reglero indica que este precepto contiene dos elementos que deslindan con mayor precisión el riesgo cubierto. Uno de carácter objetivo: que esos daños provengan de un hecho previsto en el contrato; otro de naturaleza jurídica: que el asegurado sea responsable del daño. Estos elementos serían los que integran el concepto legal de riesgo y, en consecuencia, de siniestro.¹⁵

En nuestro medio, el artículo 572 del Código de Comercio expresa que, salvo la existencia de una cobertura especial, “el monto asegurado comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros, como los gastos y costas del proceso que éstos o sus causahabientes promuevan en contra del asegurado” [inc. 1º] “Salvo pacto en contrario, la póliza no cubre el importe de las cauciones que deba rendir el asegurado, ni las multas o sanciones pecuniarias a que sea condenado” [inc. 2º]. De estos textos se ha concluido que el seguro de responsabilidad civil en nuestro ordenamiento cubre el riesgo de una deuda de indemnización o de resarcimiento referida a ciertos daños y perjuicios causados a terceros, pudiendo incluso estipularse en ausencia de culpa.¹⁶ En otras palabras, el riesgo cubierto es la pérdida patrimonial que el asegurado puede sufrir como resultado de una acción indemnizatoria iniciada por un tercero, que tenga por fundamento el régimen general de responsabilidad por negligencia o un estatuto de responsabilidad estricta.¹⁷

III. El seguro de responsabilidad civil profesional

A. Aspectos generales y cobertura

En España, el artículo 11.3 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (en adelante, indistintamente, LESP), impone la obligación de suscribir un seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social.¹⁸ Claramente, la existencia del seguro no impedirá el perjuicio a los potenciales clientes o a terceros, pero reducirá las consecuencias que se producirían si las víctimas no pudieran ser resarcidas debido a la insolvencia de la sociedad ocasionadora del daño. Además, la mayor ventaja que proporciona el seguro es que, conforme al 76 LECS, el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar. Esta acción no puede ser enervada por las eventuales excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado.

Esta ley no recoge una obligación similar para los profesionales que no circunscriben su actividad en una sociedad. Se ha sostenido que esta omisión se debe a que en numerosas profesiones la contratación de un seguro por parte de los profesionales liberales ya parece impuesta por determinadas leyes especiales, o bien por imposición del colegio profesional respectivo, lo que puede ocasionar ciertas dificultades de coordinación entre los seguros exigidos a la sociedad, por una parte, y al profesional liberal, por otra.^19-20

Una cuestión poco clara en la legislación española es si esta póliza cubre únicamente la responsabilidad contractual o también se extiende a la aquiliana. El artículo 73.1 de la LECS no determina si su ámbito de aplicación es la responsabilidad contractual o se hace también extensivo a la extracontractual. Para Mate, ante este silencio del legislador habrá que estar a lo dispuesto en la póliza del seguro para conocer su cobertura, porque normalmente, sea de forma expresa o mediante la determinación del riesgo cubierto, permitirá conocer si el alcance del seguro cubre la responsabilidad contractual, la extracontractual o ambas.²¹ Con todo, si no es posible determinar el alcance el grupo con este criterio, la jurisprudencia ha estimado que la póliza cubre tanto los daños contractuales como extracontractuales.^22-23

Esta problemática ha reforzado la propuesta de acercar los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual, pues en el contrato de seguro de responsabilidad civil la unificación de ambos estatutos demuestra sus conveniencias prácticas. En España, la pólizas han ido Paulatinamente abandonando la distinción, que las llevaba a dejar fuera de la cobertura los perjuicios causados en el marco del incumplimiento contractual.²⁴

Como indica Yzquierdo: “[l]a adopción por parte de las compañías aseguradoras de una noción unitaria de la responsabilidad no sólo beneficia al profesional, sino también a las mismas aseguradoras; éstas podrán prever mejor el costo de una garantía voluntariamente incrementada, en vez de sufrir la carga mal calculada de una garantía impuesta por un juez que califica como extracontractual lo que en realidad era contractual”.²⁵

En Chile, por su parte, se ha entendido que tanto la responsabilidad contractual como aquiliana pueden constituir un riesgo que puede ser cubierto por un seguro de responsabilidad civil.²⁶ En este sentido, ambos regímenes de responsabilidad dan origen a una deuda de reparación de perjuicios similar. En el caso de la contractual, a través del seguro no se intenta asegurar el cumplimiento de la obligación del deudor, sino, por el contrario, garantizar el pago de los perjuicios que pueden surgir para el acreedor de la obligación incumplida. Con todo, en la práctica nacional la responsabilidad contractual es generalmente excluida de las pólizas. Así lo declaran en términos explícitos (por ejemplo) las pólizas profesionales.²⁷

Esta restricción tiene relevancia principalmente para la responsabilidad acaecida del ejercicio de profesiones liberales, que usualmente se vinculan con sus clientes a través de contratos de prestación de servicios. Por esto, algunas pólizas, principalmente para profesionales como abogados o médicos declaran cubierto el riesgo de incumplimiento contractual; aunque también existen pólizas que restringen a la responsabilidad extracontractual del asegurado.²⁸

B. Las cláusulas claims made

Tratándose de la responsabilidad profesional, la tipología del perjuicio se caracteriza, frecuentemente, por ser un daño no inmediato, sino que se manifiesta posteriormente en la verificación del hecho ilícito que lo ha provocado.²⁹

Aunque las cláusulas claims made no son exclusivas a los seguros de responsabilidad civil profesional, es esta circunstancia la que hace frecuente su incorporación.

Se denominan claims made aquellas cláusulas del contrato de seguro de responsabilidad civil en las que se prevé que el asegurador sólo está obligado a indemnizar cuando tanto el hecho dañoso como la reclamación del perjudicado se haga dentro del período de vigencia de la póliza, o bien dentro de un determinado plazo posterior a su extinción. En otra acepción, implica una modalidad del seguro de responsabilidad civil en la que el objeto de la cobertura y, en consecuencia, el siniestro, no es en estricto rigor el hecho dañoso, sino más bien la reclamación del tercero perjudicado.³⁰ Se caracterizan principalmente en que la reclamación por parte del asegurado debe ser efectuada mientras está vigente la póliza, no siendo necesario que el daño se produzca una vez contratado el seguro.³¹

El origen de estas cláusulas de delimitación de la cobertura del seguro de responsabilidad civil se encuentra en el derecho anglosajón. En esta versión purista, distinta a las derivaciones creadas en la práctica ibero-latinoamericana, es que en la práctica anglosajona el reclamo (claims) debe realizarse (made) vigente la póliza, o sea, que el reclamo se efectúe durante la vigencia de la póliza o con anterioridad. La versión anglosajona, en este sentido, tiene una cobertura retroactiva, de carácter ilimitado, de manera tal que se amparan siniestros ocurridos en el pasado, con la única limitación que no hubieran sido conocidos por el asegurado.³²

Está discutido en Chile si estas cláusulas tienen validez. Se ha propuesto que las cláusulas claims made serían nulas, en atención a que en virtud de los artículos 512, 513 letra t) y 521 del Código de Comercio, no cumplirían la exigencia de un riesgo acaecido durante la vigencia de la póliza. En efecto, en estas cláusulas se extiende retroactivamente la cobertura a un riesgo que ya se ha producido, por lo que no se observarían las exigencias básicas que la normativa mencionada exige a estos contratos. Por la validez de estas cláusulas, se ha dicho que estas no extienden o restringen el riesgo contractual, sino que lo que verdaderamente alteran es el contenido del contrato de seguro. Con todo, aun cuando se concediera esta postura, debe analizarse si es efectivo que el contratante continúe beneficiado en mayor medida que lo predispuesto en los artículos 512 y siguientes del Código de Comercio; de no ser así, la cláusula es nula.³³

C. El seguro de defensa jurídica español

Ya en diversas latitudes se hace ineludible la necesidad de los abogados de tener concertado un seguro de responsabilidad que dé cobertura al riesgo profesional. Esta necesidad se extiende no solo a los abogados en el ejercicio libre de la profesión, sino también a los abogados de empresa; a las mismas empresas, que pueden verse compelidas a responder por los perjuicios ocasionados por los letrados en el ejercicio de sus funciones, y a la Administración pública, en el mismo caso.³⁴

El artículo 6º Ley 21/1990, de 19 de diciembre, “para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/ CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privados” incorporó a la LECS los artículos 76 a) a 76 g), englobados en una sección novena denominada Seguro de defensa jurídica. La incorporación de estos preceptos obedeció a la necesidad de llevar a cabo la transposición en el ordenamiento español de la Directiva 87/344/CEE, sobre Coordinación de las Disposiciones Legales, Reglamentarias y Administrativas Relativas al Seguro de Defensa Jurídica. A su vez, esta Directiva ha sido derogada y sustituida, en esta materia, por la directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.³⁵

El artículo 76 a) de la LECS/1980 otorga una definición de esta figura: “por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.

El artículo 8.1 del Estatuto General de la Abogacía Española, de 2001, exigía como requisito para la colegiación “contratar un seguro de responsabilidad civil cuyo objeto será el de cubrir las responsabilidades en que pueda incurrir el Abogado por razón de su ejercicio profesional. Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas oportunas para facilitar este aseguramiento. No obstante, el seguro no se exigirá a los profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una Administración Pública o cuando la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos que comprende el ejercicio de la profesión”.

Es dable tener presente lo dispuesto en el artículo 125 t) del Estatuto General de la Abogacía Española de 2021, que tipifica como infracción grave la falta de contratación de un seguro de responsabilidad para cubrir las responsabilidades en las que pueda incurrir en el ejercicio de la profesión y, por su parte, el artículo 129 califica como infracción muy grave la ausencia de seguro cuando se preste la Abogacía a través de una sociedad profesional.³⁶

Sobre el particular, indica Díaz que respecto “de los perjuicios ocasionados por un letrado, la dirección jurídica del asegurado puede ser asumida por la aseguradora a través de dos figuras contractuales: el seguro de responsabilidad civil y el seguro de defensa jurídica. El primero se rige por el artículo 74 de la LECS y el segundo por los artículos 76 a) a 76 g) de la LECS. En la primera de estas modalidades, el asegurador, salvo pacto en contrario, asumirá la dirección jurídica frente a las reclamaciones dirigidas contra el asegurado, y en la segunda rige el principio de libre elección de profesionales por el asegurado. En el primer caso, la prestación de dirección jurídica forma parte, con carácter accesorio, del propio seguro de responsabilidad civil, mientras que, en el segundo, la prestación del asegurador constituye el objeto específico de un contrato de seguro autónomo; incluso desde el punto de vista formal se exige que sea objeto de un contrato independiente, y en el supuesto de que se incluya en el de responsabilidad civil, que se configure un capítulo aparte dentro de la póliza única”.³⁷ Así se colige del artículo 76 c) LECS, al indicar que ‘[e]l seguro de defensa jurídica deberá ser objeto de un contrato independiente. El contrato, no obstante, podrá incluirse en capítulo aparte dentro de una póliza única, en cuyo caso habrán de especificarse el contenido de la defensa jurídica garantizada y la prima que le corresponde”.

En Chile no existe norma jurídica que expresamente regule un seguro similar al de defensa jurídica española. No obstante, existe una Póliza de Seguro de Asistencia Jurídica, incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL 1 03 011. Según su artículo 1º, conforme a esta póliza el asegurador debe cubrir los gastos y honorarios en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de la ocurrencia de algún o hecho o acontecimiento que le genere la necesidad de asistencia jurídica relacionada con las consultas legales, gestiones extrajudiciales y actuaciones judiciales expresamente previstas en esta póliza, según las materias que se detallan en el Título II “Descripción de la cobertura”.

Si bien esta regulación tiene la misma amplitud que su símil español, su cobertura explícita es mucho más limitada. El artículo 15 de la Póliza sólo refiere siniestros relativos a accidentes de circulación, otros daños causados al vehículo, daños a mercancías transportadas, intereses en el ámbito familiar, daños extracontractuales a personas y/o cosas muebles, daños relativos a la vivienda y contratos de suministro. En atención a ello, esta póliza no sería extensiva a actividades jurídicas o a cualquier otra actividad profesional, como sí ocurre en el sistema español.

No obstante, pensamos que esta póliza de asistencia jurídica si puede extenderse a otras situaciones allí contempladas. En primer lugar, al no tener este documento rango normativo, las partes pueden extender la cobertura a otras actividades, siempre que se observen las disposiciones legales atingentes al contrato de segur. En segundo lugar, la póliza indica en su artículo 15: “En virtud de este seguro la cobertura de asistencia jurídica que otorga la aseguradora, siempre y cuando esté indicada en las Condiciones Particulares de esta Póliza, puede comprender las materias que se especifican en las siguientes subsecciones”. De esta redacción puede colegirse que las partes pueden alterar lo dispuesto en el documento, pudiendo restringirlo o bien extenderlo a otras situaciones no previstas en la misma.

IV. Conclusiones

El objeto del seguro de responsabilidad civil es, en primer lugar, dejar a cubierto el patrimonio del asegurado en el evento de que un tercero alegue el resarcimiento de los daños ocasionados por la mentada responsabilidad civil, y; en segundo lugar, otorgarle a la víctima del daño un segundo patrimonio (el de la compañía aseguradora) en el cual poder exigir el resarcimiento de los perjuicios.

Si bien en países como España la doctrina ha discutido si la extensión de la cobertura del seguro de responsabilidad civil se extiende a ambos regímenes de responsabilidad, en Chile y en otros países de Latinoamérica se ha entendido que el seguro perfectamente puede extenderse tanto a los daños ocasionados con ocasión del incumplimiento de un contrato, así como también por los delitos o cuasidelitos cometidos por el asegurado.

Si bien el ordenamiento chileno obliga a ciertas actividades la contratación de un seguro de responsabilidad civil, no existe norma análoga al artículo 11.3 de la Ley de Contrato de Seguros española, que impone la obligación de suscribir un seguro que cubra la responsabilidad en la que las sociedades puedan incurrir en el ejercicio de las actividades que constituyen el objeto social. Si bien dicha disposición no establece una exigencia a los profesionales liberales, se explica pues otras leyes especiales la establecen o bien los colegios profesionales imponen a estos tal obligación.

En lo concerniente a la actividad profesional jurídica, no existe en Chile disposición legal alguna que imponga a los letrados la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil o de asistencia jurídica, por cuanto el Código de Ética Profesional que regula la profesión de abogado en Chile carece de toda herramienta vinculante a aquellos letrados que no se encuentran colegiados.

Esta realidad discrepa totalmente de la legislación española, en que el artículo 125 t) del Estatuto General de la Abogacía Española tipifica como infracción grave la falta de contratación de un seguro de responsabilidad para cubrir las responsabilidades en las que pueda incurrir en el ejercicio de la profesión. Por su parte, el artículo 129 califica como infracción muy grave la ausencia de seguro cuando se preste la Abogacía a través de una sociedad profesional.

Una regulación más detenida en la materia podría aminorar el incesante incremento de acciones intentadas contra abogados tendientes a resarcir los perjuicios ocasionados a sus clientes por mala praxis. Si bien la normativa nacional vigente permite a estos profesional contratar voluntariamente una seguro de responsabilidad civil o una póliza de asistencia jurídica, se hace imperiosa la necesidad de que el legislador lo vuelva imperativo, o bien le otorgue competencias suficientes al Colegio de Abogados para imponer (al menos a sus colegiados) la contratación de estos seguros.

Bibliografía